La Ley de Primarias de vuelta al laboratorio

El Presidente promulgó la Ley sobre Primarias bajo la idea de que mejora la calidad de la política y de la democracia. Tendría juicios más cautelosos después de lo que ha pasado con el voto voluntario y pediría mayor reflexividad en el reconocimiento de los avances y en la identificación de las omisiones. Las leyes tienen efectos y el deber del legislador es preverlos con precisión. El Tribunal Constitucional en Sentencia Rol 2324 alertó acerca de cuáles reglas deben aplicarse para la realización de las elecciones primarias el domingo 30 de Junio de 2013.  Una reprochable técnica legislativa, de la que me declaro reo, llevó al TC a sostener que “esta potestad normativa conferida al Servicio Electoral se da en un contexto especial, dada la forma en que el proyecto definió el marco jurídico que rige a las elecciones primarias, en el artículo 6°. Ahí se remitió “en todo lo que no sea contrario a ella y en lo que le sea aplicable”, a las leyes N°s 18.700, 18.556, 18.695 y 18.603.  Y declaró inconstitucional la disposición que indicaba “que le corresponde al Servicio Electoral dictar normas sobre, “en general, todo aquello relativo al acto eleccionario”, puesto que es el legislador el que debe regular las reglas electorales y no un servicio público, eliminó todas las sanciones de la Ley de Primarias por constituir leyes penales en blanco y declaró inconstitucional la omisión de la presencia de perito cuando hay dudas sobre la identidad del elector  “la necesidad de identificarse mediante recursos técnicos es más relevante en elecciones primarias simultáneas, que necesariamente llevan a que la persona pueda votar una sola vez, excluyéndose de las otras”. 

            Es necesario que el Gobierno envié un proyecto de ley de primarias 2 para que no desprestigiemos la política y la democracia en los detalles.  Si las primarias son técnicamente una votación popular deberíamos tener una elección preparada de 13 millones de papeletas aproximadamente por cada una de las múltiples votaciones simultáneas nacionales; en dónde debemos proteger el secreto del voto resguardando los padrones ad hoc de cada elección; con control del orden público por las Fuerzas Armadas; movilizando y pagando un batallón de vocales de mesa que custodiarán elecciones complejas y disputadas;  con regulaciones y autorregulaciones de las propagandas bajo un gasto electoral en total opacidad que ni siquiera llega a rendir más de $ 1.200 millones de pesos en declaraciones juradas unilaterales de cada candidato; sin sanciones por el acarreo de electores; con ley seca el día de la elección y con las alteraciones propias de la fiesta de la democracia cuando puede terminar simplemente en la “batalla del acarreo en los partidos”.  La derecha francesa acaba de dividirse profundamente entre Copé y Fillon por no tener reglas del juego clara en una elección primaria.  Primarias 2 ahora antes que sea demasiado tarde.

            Pretender que la ley promulgada pueda ejecutarse sin atender los reproches del Tribunal Constitucional, sería un grave error de efectos previsibles.

            El 27 de octubre recién pasado fuimos testigos de imprevisiones administrativas, no repitamos la conducta, porque así estamos dañando nuestro sistema electoral.

Homenaje a don Bernardo Leighton

Al recorrer diferentes referencias bibliográficas de don Bernardo Leighton se encuentran muchas coincidencias en la valoración de la personalidad de un hombre ejemplar.

Llama la atención que, antes de su condición de abogado o de fundador de la Falange Nacional, antecesora de la Democracia Cristiana, se le mencione, simplemente, como “político”, tal vez queriendo relevar con ello no solo la pasión por una actividad que el, sin duda contribuyó a prestigiar, sino que, probablemente, porque don Bernardo encaró todo lo que se puede esperar de un político de inspiración cristiana.

Que duda cabe que en sus raíces ocupa, un lugar de privilegio, su impronta ignaciana, “Que haría Cristo en mí lugar, tu me lo diste a ti te lo torno”, en el caso de don Bernardo no fueron simples frases, repetidas diariamente en los viejos patios del casi bicentenario edifico de Alonso Ovalle, por el contrario fueron principios e instrumentos que cruzaron en plenitud su vida, la familia, la política, lo profesional.

Desde muy temprano puso su empeño en los temas propios del bien común. Antes de los 20 años, participó activamente, como dirigente estudiantil de la Universidad Católica, en las movilizaciones permitieron la recuperación democrática.

Su vocación libertaria y democrática ya estaba marcada. Sería su impronta y también su tragedia.

La fundación de la Falange Nacional, junto a Frei, Tomic, Garretón y otros no fue accidental. Simplemente no cabían en el Partido Conservador, lugar desde el que hacían política los católicos de principio del siglo XX.

El padre Larson y otros sacerdotes, acompañaron a Leighton y sus amigos, asistiéndolos frente a la virulencia conservadora, que no concebía que estos muchachos, consecuentes, hicieran carne las enseñanzas de una Iglesia que empezaba a cambiar. Mientras los católicos criollos ignoraban las enseñanzas de la Encíclica Rerum Novarum (Cosas Nuevas), don Bernardo y los demás la leían y releían y se comprometían, como verdaderos cristianos, a anunciar la buena nueva por campos y ciudades.

Así se fue construyendo la personalidad de quien, por el cariño de todos y el talento de Ricardo Boizard, fue conocido como “el Hermano Bernardo”. Algunos creían que este apodo obedecía a su pinta de cura, pero sus camaradas supimos siempre que se trataba de la expresión mas precisa para quien hizo, de su acción política, un verdadero apostolado.

Y desde todos los sectores políticos se valoró, siempre, la disposición permanente de Leighton, de buscar y encontrar los acuerdos necesarios, como el enseñó, poniendo siempre primero, los intereses superiores de la Patria. Tanto desde la izquierda como de la derecha, se buscó siempre a don Bernardo, cada vez que había que lograr acuerdos difíciles. El estaba siempre dispuesto. Que gran lección en un presente en que parece que a veces buscar acuerdos mas allá de las posiciones legítimas de cada quien, es vista casi como pecado.

Que nadie se engañe. El buscaba y encontraba acuerdo, pero a partir de convicciones de una profundidad difícil de igualar. Siempre hubo temas a los que no aceptó renuncias.

La justicia social y el respeto a los derechos humanos fueron temas en los que no aceptó transacciones.

Por eso tuvo que sufrir el exilio y, en esa condición, sufrir la acción de delincuentes nacionales e internacionales, que vinculados a la dictadura imperante, atentaron contra su vida y de la señora Anita, en una calle de Roma, en 1975.

Desde el 13 de septiembre de 1973, 48 horas después del golpe de estado, se manifestó, junto a otros 12 democratacristianos, contra la dictadura recién instaurada. Desde allí su destinó quedó marcado. Por cierto no se amilanó. La causa era mas importante que su seguridad y, aunque había sido advertido que podría sufrir un atentado, recorrió Europa manifestándose en contra de los horrores que ocurrían en su patria; bregando, desde el primer día, por el retorno de la democracia.

Que ejemplo de político consecuente. Que orgullo y desafío pertenecer a la misma causa que abrazó el hermano Bernardo.

Hoy, a veces la discusión se hace pequeña y, en estas horas, vale la pena recurrir a la figura de un hombre tan notable

Si alguien todavía dudara de la calidad moral de un hombre especial, vale la pena recordar su primera entrevista, ya posibilitado de volver a Chile y 10 años después de ser baleado. Preguntado acerca de su sueño para Chile, el hermano Bernardo contestaba, el año 1985: “Que volvamos a la democracia. Que se produzca un gran acuerdo”  y ¿cómo podría realizarse ese sueño?, contestaba sin vacilar: “Conversando. Lo mas conveniente para el país sería que se conversara entre oposición y gobierno, pero que se conversara en forma amplia, para que se viera la manera de dar los pasos que lleven no a la salida del señor Pinochet, sino a que pronto tengamos un Parlamento”

Es decir, lo más importante para el hermano Bernardo era recrear el espacio privilegiado de la democracia para conversar, el Parlamento. Cuanto echamos de menos esas palabras sabias.

No me atrevo a afirmar como reaccionaría den Bernardo si observara la manera en que, suele ejecutarse, nuestra política hoy. Pero permítanme recordar un hecho decidor. En marzo de 1973, se le insistió en que fuera candidato a diputado por Santiago, a lo que el se negaba, convencido que debía producirse una renovación y dar el paso a nuevas generaciones. El solo aceptó con una condición: prácticamente no haría campaña. No le gustaba el ambiente de polarización al que había llegado el país.

Efectivamente no hizo campaña, solo se dedicó a conversar con muchos. El presidente Frei Montalva, uno de sus amigos de siempre, se preocupaba de la elección de don Bernardo y el, como siempre, solo reía cazurro. Obtuvo la primera mayoría, casi sin carteles y, por cierto, sin el dispendio que hoy decide elecciones y opciones.

En definitiva don Bernardo es recordado de muchas buenas maneras; como un demócrata comprometido; como un dirigente universitario valiente, como un católico comprometido, como un político de convicciones. Pero si tuviera que elegir una de sus muchas virtudes, elijo decir que fue un gran ser humano, que no vacilo a la hora de vivir como pensaba, de practicar lo que sostenía como ideal de sociedad.

Ahí esta el gran valor que lo distingue en su vida, ahí esta el motivo central que lo coloca como actor principal de lo que su amigo el Cardenal Raúl Silva Henríquez, señalara como el “Alma de Chile”

Corrupción y fe pública

DENTRO DE las amenazas que enfrenta el estado de derecho hay dos fenómenos altamente corrosivos que tocan las bases institucionales: las malas prácticas y la corrupción. Ambos conceptos no son análogos, pero es casi inevitable que la implementación de malas políticas o directivas pobremente diseñadas, significativas asignaciones de recursos y el debilitamiento de los sistemas de control, terminen creando condiciones para que una cosa lleve a la otra. 

Por lo anterior, el denominado caso sobreprecios es una señal de alerta, cuya gravedad radica en afectar un área sensible en las políticas de cualquier gobierno, como es el tema de la seguridad pública. En esta materia Chile tiene mucho que cautelar. Después de años de avanzar en leyes, procedimientos y reformas que atacan la delincuencia, pareciera abrirse un flanco nuevo, marcado por la improvisación e indicios de corrupción en el sistema de compras de la Subsecretaría de Interior. Si bien la investigación del Ministerio Público debe avanzar mucho más, es obvio y exigible que quienes ejercen responsabilidades en asuntos de seguridad deberían tener un compromiso mayor con la ciudadanía y con el Estado.

 Asimismo, otras denuncias que se han conocido, como es la participación de efectivos de ambas policías en casos de narcotráfico, revelan que no basta con que el gobierno intente potenciar la interdicción de drogas; es necesario que las políticas antinarcóticos y las propias instituciones policiales asuman  potentes sistemas de control. Estos debieran abarcar todas las instancias y niveles que van desde la incautación y destrucción de drogas; en especial porque no es aceptable que los volúmenes incautados terminen diluyéndose en procedimientos no efectuados y, de paso, comprometan a funcionarios e infraestructura pública en la comisión de ilícitos.

La experiencia internacional es reveladora en cuanto al deterioro institucional que pueden acarrear la corrupción y las malas prácticas; así como también resulta profusa en describir la dificultad que tiene desandar ese camino. Aunque las autoridades suelen tender a considerar estas cosas como “hechos aislados”, es necesario reaccionar a tiempo y cerrar las brechas en el diseño de políticas, procedimientos, idoneidad del personal y sistemas de control. Pero eso por sí solo no es suficiente.

La tarea para frenar y corregir la corrupción, aunque es prerrogativa del gobierno, requiere de compromisos amplios que van desde lo institucional a una mayor participación ciudadana. Dentro de las múltiples medidas a adoptar, conviene considerar que en el Congreso existen diversos proyectos de ley que fortalecen la transparencia, una de las principales salvaguardas contra la corrupción. Es necesario que ambos poderes del Estado avancen en esta agenda que, pese a diversos y esporádicos anuncios de celeridad, sigue siendo postergada. La espera sólo contribuye a que “episodios aislados”, como los que se han conocido, terminen provocando más daño o, peor aún, se conviertan en un problema recurrente que termine afectando irremediablemente la fe pública.