Discurso Jorge Burgos Varela, Proyecto de ley de Televisión Digital

El proyecto de ley que analizamos es de alta significación social. La libertad de expresión, el comercio, el deporte, la economía, la política, la cultura y la vida de las regiones se manifiestan en el medio de comunicación social más masivo y consumido por los chilenos: la televisión.

Por lo mismo, el paso de la televisión analógica a la digital no es una simple mejora tecnológica como el tránsito de la TV en blanco y negro a la de color. Es la construcción y multiplicación de una industria nueva.

El Congreso Nacional, como representante de esa ciudadanía plural, tiene derecho a imponerle los costos a una industria que se apoya en un bien nacional de uso público como es el espectro radioeléctrico. Sin ese bien la TV no existiría y sin su disponibilidad adecuada sólo tendríamos una TV con derechos y sin deberes. Por lo mismo, es el Congreso donde se definen esas cargas.

Pero este proyecto de ley es como un buque que en medio de un temporal botó la carga al mar para aligerar el proyecto y darle velocidad de salida. Sin embargo, no por madrugar se va más rápido. Muchas materias avanzaron pero en muchas otras apenas aparecieron los títulos y hay pocas normas o materias débilmente reguladas. Me pronunciaré sobre lo pendiente y no sobre la carga que quedó en el buque.

Tuvimos que ir al Tribunal Constitucional para acelerar un proyecto que se quería soslayar mediante decretos. El mismo TC redujo los tiempos y deberíamos tener de aquí a Octubre la ley para no volver a pasar bochornos sobre una industria sobre la que asoman cada vez “conejos de un sombrero de mago”.

Tuvimos que mirar la tragedia del tsunami japonés para verificar la manera en que las comunicaciones se interrumpían automáticamente en la TV y había anuncios de emergencia. Pues bien, para eso hay que resguardar con reserva de espectro el canal de emergencia, el llamado One Seg que dará alertas sobre emergencias a nuestros TV portátiles. ¿ Está protegido este Canal de Emergencia por este proyecto de ley ? Si tengo una respuesta positiva, clara y definida con precisión en el texto de este proyecto, bien por Chile, si hay omisiones es necesario legislar.

Tuvimos que mirar una transición televisiva en donde se cruzan intereses comerciales para ver cómo aparecen nuevas temáticas como la necesidad de prohibir la asignación de canales adyacentes en la televisión de libre recepción analógica hasta su extinción.

Pero hay temas que se abordaron y donde las soluciones parecen perfectibles, mejorables y deben ser resueltas antes que vuelvan a la Cámara para su revisión posterior. Me refiero a tres asuntos.

Primero, la transparencia en el CNTV. No es posible segmentar qué aspectos de la Ley de Transparencia aplican o no al Consejo Nacional de TV. El Artículo 51 del proyecto de ley establece limitaciones a la acción del Consejo para la Transparencia. El CNTV es un órgano público y no tiene una autonomía constitucional que le exima de cumplir con algunos de los contenidos del Artículo 8° de la CPR y de la Ley 20.285. Por lo tanto, es rechazable escoger como si fuera un menú que obligación le autoimponemos en materia de transparencia al órgano que debe velar por la asignación de uno de los bienes más preciosos que tiene el Estado: concesiones televisivas. Ni sobre la ley, ni menos que la ley: sólo aplicarla en su totalidad al CNTV.

Segundo, el plazo de las concesiones. Se ha impuesto, en línea con el derecho comparado en la materia, limitaciones de plazo a las concesiones hasta 20 años. Sabemos que este asunto se prolongará como cuestión constitucional por parte de los propios actores. Resulta razonable entender que no es lo mismo la garantía de los plazos concesionales en el marco de la televisión analógica a la TV Digital. Sin embargo, tampoco es indiferente la asignación previa, responsable y con algunas diferencias en el uso que han tenido los canales de sus concesiones. ¿ Por qué debemos otorgarle por 20 años a TVN las concesiones digitales ? ¿ Se va a acabar el Estado en ese plazo, se va a cuestionar su derecho a tenerlas ? Eso sabemos que no va a pasar y ello ya indica que la norma no está bien pensada. La propia Constitución permite hacer diferencias entre concesionarios cuya titularidad es histórica y la reconoció la Constitución, siempre que hayan mantenido y mantengan en plenitud su concesión originariamente otorgada, tanto en dominio como en usufructo. Estos canales que son dos sí tienen derecho a las reglas originales. Los demás tendrán el derecho preferente en las licitaciones en la medida que realicen una oferta tecnológica similar.

Tercero, ¿ cuánta televisión digital y cuánto usufructo ? Como sabemos la TV Digital multiplica y potencia las capacidades de contar con más canales de TV. Por supuesto, que ello depende de la cantidad de megahertz utilizados en la emisión de calidad. La alta tecnología digital ocupa a lo menos 3 megahertz para desarrollar esta capacidad. Se incorporó en el último trámite una referencia a que se reservaba un 50 % para emisiones gratuitas y en similar % podía ofrecerse a un tercero en arriendo. Lo anterior, abre las perspectivas de una modalidad triple de televisión en Chile: la televisión de pago por cable; la televisión de libre recepción digital gratuita y la televisión digital de pago. Esta segmentación no estaba en los planes de ningún legislador. Si la oferta era contar con más canales, de mayor calidad, para ofertar mejores perspectivas ciudadanas, comunitarias, regionales y temáticas, no puede este porcentaje transformarse en el Talón de Aquiles de la televisión por cable como competencia y en Talón de Aquiles de la televisión digital abierta por calidad. No podemos permitir que con cargo a este segmento que “sobraba” o “el resto de la frecuencia” terminemos afectando la calidad de la televisión que los chilenos merecen y encareciendo el mercado de la televisión de cable. Esas indicaciones de última hora son la carga que se recogió en este buque en donde ya había capeado el temporal del Tribunal Constitucional y podía asomar de nuevo. Es necesario dar claridad sobre los efectos económicos de esas reglas y por ahora lo prudente es no apoyarlas.

Requerimos del Gobierno y de la Subtel transparencia en esta legislación, reconocimiento histórico a operadores de televisión necesarios y reglas del juego justas para todos con el objeto de mejorar la televisión en calidad de imagen, calidad en los contenidos y oferta en la diversidad plural de Chile.

La Regulación del Lobby una tarea injustificadamente postergada

Hace casi diez años en una reunión de parlamentarios, en aquella época de gobierno, plantee la necesidad de promover una iniciativa legal que regulara el lobby, a la sazón, ya bastante más que indiciario en el desarrollo de nuestra economía.

No olvidaré que un Senador (ya no lo es) comentó mi inquietud, con bastante desdén, y terminantemente me indicó, “el lobby no hay que regularlo, hay que prohibirlo y sancionarlo como una actividad de carácter ilegal.” Le contesté con una frase, que recuerdo haber oído en un seminario internacional sobre la materia, “mire Senador el lobby es como la prostitución, no saca nada con prohibirla, es necesario regularla”, obviamente mi respuesta no le pareció pertinente, yo en cambio a diez años del diálogo aludido sigo convencido que resulta indispensable dictar un estatuto regulatorio. Reconozco que la comparación que efectué es dura, pero que duda cabe que es útil para consignar una necesidad urgente y por cierto aún pendiente. Si hace una década el lobby era una actividad más que incipiente, hoy se ha convertido una actividad común y plena, cada día hay más personas naturales y jurídicas que ejecutan profesional y habitualmente el lobby, y por cierto existe también, digámoslo así, una cifra negra que ejecutando a todas luces lobby profesional y habitual, optan por denominarse, eufemísticamente como asesores de imagen, asesores en asuntos corporativos, analistas de mercado, y otras muchas expresiones destinadas a disimular una actividad, que suele ser considerada pecaminosa.

Pero que ha pasado desde la perspectiva legislativa en esta última década? adelanto mi conclusión: Poco o más bien nada.

En efecto, nuestra sociedad, en particular su elites políticas, empresariales, sindicales, y también el mundo de los medios de comunicación, han optado por presenciar el desarrollo cada vez mayor del lobby profesional habitual y también del esporádico, aceptando su más completa desregulación.

En términos sencillos, la tácita conclusión ha sido: hagámonos los lesos, no constituye prioridad en la agenda, al final siempre ha ocurrido y no hay nada tan significativo.

Todas conclusiones que en mi modesta opinión personal constituyen un grave error. Pues el lobby desregulado termina casi siempre siendo trafico de influencia, figura muy limítrofe con conductas ilícitas y termina también contribuyendo a tener una sociedad poco transparente y como consecuencia de aquello donde los intereses de los mas poderosos tiene un mucho mejor caldo de cultivo para su consumación y ejecución.


En mayo del 2003, Carolina Tohá, el autor de este articulo, y los Diputados Patricio Walker, Carlos Montes, Antonio Leal, Eduardo Saffirio y Patricio Hales, presentamos tanto en al Congreso, como a las autoridades de gubernamentales de la época, una iniciativa de regulación de lobby. En octubre el gobierno del Presidente R. Lagos introdujo al trámite legislativo un P. de Ley de regulación de Lobby recogiendo en buena parte nuestra moción.

El Proyecto se tramitó entre noviembre del 2003 y noviembre del 2008, fecha desde la cual se encuentra paralizado en el Senado de la República, sin ningún tipo de urgencia, y lo que es más llamativo sin que figure con prioridad alguna para la actual administración.

Durante ese período, se llegó a aprobar el proyecto y quedo listo para su promulgación, sin embargo, la administración de Michelle Bachelet, con algunos buenos fundamentos estimó necesario enviar al trámite legislativo un veto aditivo, pues durante la tramitación de la iniciativa, particularmente en el Senado, se habían eliminado elementos centrales de la buscada regulación.

El veto en cuestión fue despachado en la Cámara de Diputados, pero volvió a encontrar escollos insalvables en el senado, el ejecutivo anterior optó por quitarle urgencia y desde esa fecha duerme en la Cámara revisora

Como toda regulación en su primera versión, puede provocar debate y discusión, pero el peor es arrancar a ese debate no haciendo nada

A lo menos debieran rescatarse las cuestiones no controversiales, y transformarlas en una ley, ¿qué costaría obligar a las autoridades públicas – todas – a hacer públicas sus agendas?, allí quedaría a la luz clara, a quién se recibe, para que, y como consecuencia los lobbistas no podrían ampararse en el secreto.

Mientras no se tome una decisión, esto seguirá oliendo mal, oliendo a tráfico de influencia.

La agenda Pro – Transparencia del actual gobierno ha sido pobre y escasa, el lobby es un reflejo emblemático de tal actitud pasiva.

Para ser honesto, en una reciente reunión con el Ministro Larroulet frente a una pregunta del suscrito sobre la materia, me indico que estamos estudiando una alternativa al veto hoy paralizado.

Escúchanos Señor te rogamos.

Gasto en Defensa

El diario El País, en su edición para Latino América, sobre la base de un estudio de una ONG dedicada a temas de defensa, trae una mala noticia. En efecto mientras el mundo, en general, durante el 2010, gastó menos dinero en armas, la excepción Sudamérica hizo lo contrario, aquí el gasto en defensa subió, llegando para nada despreciable cantidad de U$ 63.000 millones. Luego de Brasil y Colombia, ocupamos el 3º lugar como quienes destinan mayor porcentaje del gasto público en defensa. Sin duda es una mala noticia, ser la región que muestra un índice de aumento, particularmente si constituye una navegación contra corriente. Es cierto que no resulta una tarea fácil revertir los índices de gasto, ello requiere no solo de decisiones unilaterales, sino principalmente de acuerdos multilaterales. Pero no hay duda que nuestro continente debe poner el punto en debate, más allá de las dificultades. Sería altamente positivo que nuestro país asumiera un rol protagónico al respecto. A lo menos en política domestica, debiéramos acelerar, de una vez por toda, la discusión sobre nuestra formula de financimiento del gasto militar. Nuestra actual situación (ley secreta del cobre) no da para más, dicha fórmula no pasa prueba alguna de estándares de transparencia y de democracia. Bajo la administración de Michelle Bachelet, se ingresó una interesante propuesta, recogiendo iniciativas parlamentarias en la que me ha correspondido participar, entre otros, desde hace una década. El actual gobierno decidió no insistir en esta propuesta – reconozco que hubo de parte de personeros de la Concertación poca claridad y entusiasmo , y en su lugar, primero anunció una propuesta para el 2010, sin que cumpliera, hoy señala que antes del 21 de mayo ingresará al Congreso la iniciativa, ojala así sea. El Ministro Allamand, tiene una gran oportunidad de dar un paso definitivo en esta materia, estamos abiertos a discutir la propuesta y de una vez para siempre, contribuir a un sistema de financiamiento, por cierto indispensable, pero transparente, democrático, donde el Congreso tenga opinión, y no sea un mero buzón de parciales informaciones.