Fin de la ley del cobre, entre el estancamiento y la falta de convicción

El financiamiento de las Fuerzas Armadas ha mantenido un modelo de asignación presupuestaria y de gestión, a través de la ley reservada del cobre, que no se condice con el estándar de un estado moderno ni con la necesaria transparencia que exige nuestro sistema democrático. La denominada “ley del cobre” asigna el 10% de las ventas de CODELCO para gasto militar, en una modalidad de recaudación directa que no tiene el mismo tratamiento o discusión que el resto del presupuesto público y que, por lo mismo, ha sido cuestionado por la OCDE desde 2004. Esta suerte de “piloto automático” del gasto de Defensa no tiene ninguna justificación plausible, excepto evitar que exista un marco de debate amplio e informado sobre un tema que es de incumbencia de toda la ciudadanía.

En 2009, la Presidenta Michelle Bachelet envió a la Cámara de Diputados un proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas que se ponía a tono con la imprescindible modernización del sector y buscaba poner término a una ley, cuyo carácter de “reservado”, es de por sí cuestionable. La propuesta también era un paso natural, considerando que el propio Ministerio de Defensa había sufrido una profunda reorganización y la nueva estructura se orientaba a afianzar la masa crítica para evaluar y ponderar futuras adquisiciones militares. Durante el actual gobierno esta iniciativa sufrió algunos cambios, pero finalmente logró aprobarse en 2012, en primer trámite, con 107 votos a favor. Si bien el proyecto tiene aspectos opinables, como el establecimiento de un mecanismo presupuestario plurianual y un “piso” de financiamiento que muchos no comparten, es claro que es un avance sobre la situación vigente.

En su tratamiento en el Senado, la iniciativa en la práctica se paralizó. Dentro de la muy limitada agenda de Defensa que se ha promovido a lo largo de este gobierno, este tema ni siquiera figura en la cuenta final del Presidente Piñera, pese a que no hay otro en el plano sectorial de la misma importancia. Esta omisión sugiere que no habría iniciativa política para materializar la nueva ley, dejando el tema indefinidamente postergado y expuesto a planteamientos que bien pueden derivar a propuestas populistas. Para un gobierno que ha estado preocupado prematuramente de balances y legados, resulta curioso, por decir lo menos, que los dos proyectos emblemáticos de la Defensa, como la Estrategia de Seguridad y la sustitución de la ley del cobre, terminen literalmente durmiendo el sueño de los justos.

Ambas iniciativas indicadas fueron promovidas con el criterio de la más alta trascendencia, en virtud que permitirían cubrir y proyectar las necesidades estratégicas en materia de seguridad y defensa. La realidad y ausencia de resultados pareciera indicar que este planteamiento carecía de la convicción que el gobierno  pretendió exhibir en su oportunidad.