Corrupción y fe pública

DENTRO DE las amenazas que enfrenta el estado de derecho hay dos fenómenos altamente corrosivos que tocan las bases institucionales: las malas prácticas y la corrupción. Ambos conceptos no son análogos, pero es casi inevitable que la implementación de malas políticas o directivas pobremente diseñadas, significativas asignaciones de recursos y el debilitamiento de los sistemas de control, terminen creando condiciones para que una cosa lleve a la otra. 

Por lo anterior, el denominado caso sobreprecios es una señal de alerta, cuya gravedad radica en afectar un área sensible en las políticas de cualquier gobierno, como es el tema de la seguridad pública. En esta materia Chile tiene mucho que cautelar. Después de años de avanzar en leyes, procedimientos y reformas que atacan la delincuencia, pareciera abrirse un flanco nuevo, marcado por la improvisación e indicios de corrupción en el sistema de compras de la Subsecretaría de Interior. Si bien la investigación del Ministerio Público debe avanzar mucho más, es obvio y exigible que quienes ejercen responsabilidades en asuntos de seguridad deberían tener un compromiso mayor con la ciudadanía y con el Estado.

 Asimismo, otras denuncias que se han conocido, como es la participación de efectivos de ambas policías en casos de narcotráfico, revelan que no basta con que el gobierno intente potenciar la interdicción de drogas; es necesario que las políticas antinarcóticos y las propias instituciones policiales asuman  potentes sistemas de control. Estos debieran abarcar todas las instancias y niveles que van desde la incautación y destrucción de drogas; en especial porque no es aceptable que los volúmenes incautados terminen diluyéndose en procedimientos no efectuados y, de paso, comprometan a funcionarios e infraestructura pública en la comisión de ilícitos.

La experiencia internacional es reveladora en cuanto al deterioro institucional que pueden acarrear la corrupción y las malas prácticas; así como también resulta profusa en describir la dificultad que tiene desandar ese camino. Aunque las autoridades suelen tender a considerar estas cosas como “hechos aislados”, es necesario reaccionar a tiempo y cerrar las brechas en el diseño de políticas, procedimientos, idoneidad del personal y sistemas de control. Pero eso por sí solo no es suficiente.

La tarea para frenar y corregir la corrupción, aunque es prerrogativa del gobierno, requiere de compromisos amplios que van desde lo institucional a una mayor participación ciudadana. Dentro de las múltiples medidas a adoptar, conviene considerar que en el Congreso existen diversos proyectos de ley que fortalecen la transparencia, una de las principales salvaguardas contra la corrupción. Es necesario que ambos poderes del Estado avancen en esta agenda que, pese a diversos y esporádicos anuncios de celeridad, sigue siendo postergada. La espera sólo contribuye a que “episodios aislados”, como los que se han conocido, terminen provocando más daño o, peor aún, se conviertan en un problema recurrente que termine afectando irremediablemente la fe pública.