UN NUEVO REGIMEN POLÍTICO PARA CHILE

A) Nuestra realidad y el desafío:

1.- A pesar de una transición valorada en el mundo entero, y de los avances sociales y económicos evidentes, es fácilmente constatable que existe una desafección y crítica ciudadana con el sistema, que puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y una conflictividad social que puede transformarse en crónica. Dado el nuevo sistema de voto voluntario, existe un riesgo de baja participación, si es que no hay modificaciones sustanciales que convoquen al electorado.

2.- La democracia siempre requiere de su perfeccionamiento y profundización. En la lógica de proceso, se necesita un cambio de nuestro régimen político. Ya ha transcurrido casi un cuarto de siglo del retorno del sistema democrático y la necesidad de una evaluación con un propósito definido es indispensable.

3.-La distancia respecto de la política tiene distintas causas. En este texto nos referiremos a las del sistema político y, dentro de estas, a las más centrales.

4.-El presidencialismo exacerbado se encuentra en proceso de agotamiento. El presidencialismo norteamericano que influyó en el nuestro, está dotado de contrapesos. En Chile no existen esos contrapesos. La centralidad de ese poder presidencial, cuando se debilita, repercute en todo el sistema. Por eso se requiere descentralizar y democratizar más el poder.

5.-El presidencialismo le otorga un fuerte rol al Ejecutivo, pero el Congreso carece de un rol que sea percibido como real e importante por la ciudadanía. A su vez, los partidos padecen del mismo problema; pueden nominar e inscribir candidatos, pero en el hecho y el derecho carecen de algún otro rol efectivo. Se requiere que la “sana y buena” política de Aristóteles tenga un rol. De tal modo que esta pueda responder a las inquietudes de la ciudadanía.

6.-Una de las características de la globalización y la postmodernidad, es el aumento de la diversidad y la fragmentación: las así llamadas “tribus”, las redes, las modas singularizadas, las comunidades y otras formas de asociación voluntaria, son parte de esta caracterización de la sociedad contemporánea.

Los partidos políticos constituyen cauces de opinión que, entre otras funciones, jerarquizan los problemas para que sean abordados, pero en el proceso fuerzan una homogeneización interna que, en el pasado, fue facilitada por una fuerte carga ideológica. Trabajar dentro de un partido resulta, en los tiempos que corren, un gravamen excesivo para una mentalidad difusa en todos los ámbitos, que busca gratificación instantánea en la vida personal y realización pronta de enfoques muchas veces estrechos. El deterioro de ciertos niveles de la educación general y la parcelación del conocimiento son factores que van en la misma dirección. También incide para mal la distorsión que provoca la llamada “política de las cosas” que ha sido ejercida por mucho tiempo y por gobiernos de distintos signos. Esta noción socava gradualmente la idea de pertenencia a un grupo social con el cual todo ciudadano está obligado.

Hay que asegurar la gobernabilidad del país y eso significa participación.

7.-El régimen político chileno, además de ser excesivamente presidencial, se muestra como muy cerrado y es percibido como favorable a las dirigencias políticas. Un sistema así visto, favorece que las falencias y debilidades se desarrollen aun cuando en las elecciones se produce un alto porcentaje de renovación periódica de los elegidos, al menos en la Cámara de Diputados.
Es necesario favorecer decididamente una política de calidad, que valore la ética de la responsabilidad, en que toda autoridad tenga un contrapoder contralor y en que se eliminen decididamente todas aquellas situaciones que distancian a la ciudadanía de la política y las instituciones.

8.-La historia es parte de la cultura de nuestros pueblos. Pero la vida de las sociedades actuales está mucho más marcada por el presente y el futuro. Los hechos de nuestra historia política reciente no han sido vividos por parte importante de nuestra sociedad.
La historia no es suficiente para sustentar un sistema. Ni siquiera la buena historia.
El sistema político debe ser capaz de responder al presente y los desafíos de futuro.

9.-El avance de Chile ha tenido como uno de sus fundamentos la fortaleza de sus instituciones, junto a una política reconocida como de calidad. Ha sido tradicional la valoración de nuestro sistema de partidos. Sin embargo, esta fortaleza, que al final de cuentas es el sustento de nuestra democracia, está en proceso de deterioro.

Abrirse a la realidad es una cualidad central del trabajo político a menos que, al modo totalitario, se pretenda forzarla, con efectos fácilmente predecibles. Por eso quienes suscribimos esta declaración afirmamos que es necesario un sistema electoral que, recogiendo la diversidad, sea capaz de responder a las necesidades de la gobernabilidad. De lo contrario, existe un claro riesgo de frustrar expectativas de mayor y mejor participación.

10. Los demócratas deben asumir su responsabilidad.
Los demócratas tienen el deber de conducir el proceso político. Nadie puede quedarse en una condición de espectador. Los chilenos sabemos que los procesos no son irreversibles.
El desafío es el fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra democracia, sistema indispensable para lograr el desarrollo del país y de nuestra sociedad. La participación y representación de la voluntad ciudadana y la estabilidad democrática, son parte de una tarea de primera responsabilidad.
La tarea es esencialmente patriótica.

B) La magnitud de la tarea. La Reforma Política en Chile.

Dejamos expreso testimonio que el actual sistema electoral en materia parlamentaria ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana.

Sin perjuicio de las diferentes valoraciones de quienes suscriben este documento, es evidente que subsisten graves problemas de inequidad social y económica y de expectativas insatisfechas que inducen actitudes colectivas en grupos que se consideran extraños al sistema. Por ello, quienes suscribimos este documento, estamos convencidos que es necesario abrir cauces de participación que cristalicen el sistema político en una forma comprometida con la necesidad de sustentar un gobierno, del signo que sea, que así nutrido dirija el Estado en una sintonía virtuosa del Parlamento con quienes ejerzan el Poder Ejecutivo.

Chile necesita de más y mejor democracia y eso se traduce en un nuevo régimen político de carácter semipresidencial. Diversos estudios de especialistas y comisiones especiales de la Cámara de Diputados han arribado a ese consenso.
Un régimen semipresidencial que separe la institución de la Presidencia (Jefe de Estado) de la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro).

Ello implica un Presidente electo por voto universal, con atribuciones exclusivas en las relaciones internacionales, la defensa nacional, y la tuición de una administración pública moderna y profesional, con funciones de moderación y arbitraje político, con facultad de disolver el Congreso una vez en su mandato, y un Jefe de Gobierno propuesto por el Presidente de la República quien deberá contar con la aprobación mayoritaria del Congreso Nacional. Este Primer Ministro se constituirá en el Jefe de Gobierno.

El cambio de régimen político aquí propuesto, además de las reformas que establezcan lo anteriormente descrito, implica las siguientes reformas:

1.- Potenciar y Democratizar el Gobierno Regional y Municipal.
El desarrollo de Chile, la democratización del poder, la participación ciudadana y los cauces para la diversidad, requieren descentralizar.
Esto implica las siguientes medidas concretas:
a) Elección directa del Presidente del Gobierno Regional.
b) Elección directa de los consejeros regionales.
c) Fortalecer las facultades de los Gobiernos Regionales, e incrementar sus recursos.
d) La creación de los Gobiernos Metropolitanos, donde las ciudades ya han adquirido ese carácter.
d) Fortalecer el rol fiscalizador de los concejales en los Municipios.
e) Implementar una norma de responsabilidad fiscal.
Todo esto en el marco de un estado nacional y unitario.

2.- Cambio del actual sistema electoral.
El nuevo régimen político y la nueva realidad requieren de un nuevo sistema, que responda a la crisis de representación, que incluya la diversidad, posibilite la generación de acuerdos para sustentar Gobiernos mayoritarios, que evite la fragmentación excesiva y establezca la existencia de una Oposición con derechos y obligaciones.
Esto conduce a un sistema electoral proporcional corregido, que permita ampliar sustancialmente la representatividad. Alentaremos, junto a otras fuerzas políticas, el estudio de la fórmula que resulte más adecuada para dichos fines.

3.- Potenciar la calidad de la política.
Aquí las tareas son varias, entre otras: transparencia y rol de los partidos; financiamiento público de estos; prohibición de las reelecciones indefinidas en todos los cargos de elección popular; primarias simultáneas y vinculantes; y la obligación de que los partidos sean plenamente democráticos en su práctica interna.

Todo este cambio puede ser el resultado de un proceso y de un conjunto de reformas. Lo importante es no detenerse, sino que avanzar en la construcción de los consensos y las amplias mayorías que cada una de estas reformas requieren. Todo esto marcado por la exigencia de oportunidad y rapidez.

El país requiere de estos cambios, el Presidente de la República, el Parlamento y los partidos políticos deben asumir su responsabilidad. Ahora es el momento adecuado para ello, pues la demora sólo acentuará el diagnóstico y sus peligros.
Hemos dialogado y consensuado estos contenidos, lo hemos hecho teniendo en vista el Bien Común de Chile y su pueblo.



Carlos Larraín
Presidente de Renovación Nacional
Ignacio Walker
Presidente del Partido Demócrata Cristiano



Santiago, 17 de enero de 2012.

Carta del Abogado Mario Palma, a los habitantes de la comuna de La Reina.

Ver carta

Hacia el Parlamentarismo

Ponencia presentada en el seminario de Expansiva año 2003, autores: Jorge Burgos e Ignacio Walker.

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Labbé no respeta a los Tribunales

En el recurso de protección que a comienzos de octubre interpusimos en contra del Alcalde Labbé, por su amenaza de negar matriculas a estudiantes de otras comunas, con orden de no innovar concedida y vigente, la Corte de Apelaciones le ordeno al Alcalde informar al tenor del recurso con fecha 19 de octubre. Dicha orden se ha reiterado en tres oportunidades, la última el 30 de diciembre.

Hasta la fecha el Alcalde no se digna a contestar a la Corte. Es decir de manera contumaz se niega a cumplir una resolución judicial.

Que puede esperarse de una autoridad que actúa en la creencia que esta por sobre la ley.

Esperamos que la Corte de Apelaciones de Santiago, adopte las medidas coercitivas para obligar a responder al porfiado Alcalde.

DEFENSA DEL VOTO OBLIGATORIO

El derecho a participar y ciertamente el derecho a sufragio ha debido conquistarse por muchos grupos excluidos con sangre, sudor y lágrimas, desde que los burgueses revolucionarios de la Europa del XVIII impusieran la idea de que todos hemos nacido libres e iguales. Sólo que “todos” para ellos aludía sólo a los hombres propietarios y letrados. En Chile, el voto fue también una cosa sólo de hombres alfabetos y acomodados (voto censitario) hasta bien entrado el siglo 19.

Hacia 1874 se expandió el voto a todos los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. De mujeres ni hablar hasta 1948, en que conquistaron el entonces llamado sufragio femenino luego de heroicas luchas. Recién para la elección de Eduardo Frei Montalva votaron los analfabetos y los jóvenes consideraron una gran conquista haber reducido la edad para sufragar de 21 a 18 en 1967.

El camino de la inclusión de todos a la democracia puede relatarse como una heroica historia de éxitos democráticos a lo largo de los siglos XIX y XX. Un camino de luchas, con héroes y heroínas, con difíciles y costosas conquistas, en las cuales las mujeres, los pobres y los jóvenes de otrora pusieron energías admirables. Ese ferviente anhelo y pasión por participar, por ser parte del cuerpo electoral del que somos herederos y ha construido nuestra historia.

Pocas veces he estado más convencido de un error político de proporciones. Pero también, y aunque esté en solitario, pocas veces parece razonable levantar una vez más la voz y decir: la democracia es más fuerte y más sólida con todos. Las opiniones reflejadas en la dimensión obligatoria del voto nos retrotraen al fundamento mismo de la democracia, de nuestra plaza pública, en donde se encuentra el rico con el pobre, el ignorante y el culto, el joven y el viejo, Machuca o Infante, la etnia o el huinca y votar con el mismo valor y con la misma fuerza.

¿Hay otras maneras de construir un país que no sea eliminando la segregación, las diferencias y la inequidad ? Si hay un bello ejercicio de la libertad es para adoptar las decisiones que a todos nos vinculen.

Apurar la causa

En los últimos días hemos conocido de la investigación de un nuevo caso de corrupción en el área de la defensa. En efecto, el Ministerio Público luego de una larga investigación, que surgiera de otro caso que se ventila ante la justicia del crimen (caso Leopard) formalizó a tres personas por delitos de cohecho en compras de sistemas de armas para equipar las fragatas de nuestra escuadra.

La ciudadanía está atenta al progreso de estas investigaciones judiciales, en la esperanza de confirmarse en definitiva la acción dolosa, se dicten severas sanciones, por haber perjudicado gravemente la fe pública, y el erario nacional.

Sin embargo, más allá del autónomo trabajo del ente persecutor y los Tribunales de la República, parece prudente crear las condiciones reglamentarias y legales, para disminuir el riesgo de repetición de estas conductas, pues seamos francos, ya no son pocos los casos que dan cuenta que en el área de la compra de sistemas de armas las cosas andan mal a la hora de la probidad.

De qué condiciones hablamos: la primera y urgente es que los Ministerios de Defensa y Hacienda dicten de una vez, el decreto supremo, a que están obligados conforme a la ley 20.424 (estatuto orgánico del Ministerio de Defensa).

En concreto el artículo 34 de la mencionada ley señala:

“Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones en su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas”.

“Más claro échenle agua”, no hay ninguna explicación razonable que, a casi 18 meses de vigencia de la ley no se dicte un decreto supremo, sin cuya publicación, la normativa legal aprobada es letra muerta. Se ha escuchado que a comienzos de año, la Contraloría General de la República puso reparos jurídicos al decreto supremo ingresado al trámite de toma de razón, aquello no justifica tan larga demora en dictar el decreto a que están obligados por ley. Como se comprenderá el legislador tuvo plena razón en exigir publicidad al registro de proveedores e intermediarios, pues allí hasta ahora hay un área opaca, altamente riesgosa en sus efectos.

Una segunda condición a cumplir a la brevedad, es poner suma urgencia al trámite en el Congreso el proyecto de ley que sustituye la vigente ley secreta del cobre. Debe reconocerse el importante impulso que ha dado el gobierno, en especial el Ministro Allamand a este proyecto, pero dicho impulso inicial debe ahora acompañar con la necesaria urgencia.

Así las cosas, está en nosotros – Ejecutivo y Legislativo - apurar la causa, si ello no ocurre es probable que futuras compras se terminen analizando en sede judicial, situación que por cierto no es buena para el prestigio de nuestras FFAA.

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS

(LAS PROPUESTAS DE LA DC SOBRE REFORMA POLITICO-INSTITUCIONAL)

La DC ha sido siempre una fuerza democrática y democratizadora. Sus parlamentarios se opusieron a la ley maldita (1948). Un diputado suyo –Jorge Rogers- es el padre de la cedula única (1958). Frei Montalva promovió una profudización de la participación durante su gobierno (promoción popular, sindicalización campesina, reformas constitucionales de 1970, incluyendo un verdadero sufragio universal, entre otras).

Durante la dictadura militar, los liderazgos más significativos del partido asumieron una posición de defensa de los derechos humanos y de lucha por la recuperación democrática. La DC, además, jugó un papel decisivo en la creación de espacios para pensar y discutir la redemocratización (Grupo de los 24, CED, CIEPLAN, Acuerdo Nacional, entre otros).

Fue en el gobierno de Patricio Aylwin que transitamos a la democracia en un clima de paz y concordia, y fue en los 20 años de gobiernos de la Concertación que este país se hizo más democrático e inclusivo.

Estamos conscientes, sin embargo, que nuestra democracia puede y debe ser perfeccionada para que más personas se sientan identificadas con ella, para que el debate político tenga mayor calidad y las políticas públicas beneficien a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. Llamamos a no conformarnos con la democracia que tenemos, y a abrir más espacios de participación y libertad.

Manifestamos nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación, para proponerla al país en breve plazo. Esta no es una bandera para tiempos electorales, sino que responde a un imperativo de responsabilidad y de coherencia ética.

También parece necesario incorporar en el proceso de discusión a otros sectores de la oposición, así como a actores de la sociedad civil (trabajadores organizados, estudiantes universitarios, ONG, etc.).

Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy varias crisis evidentes. En primer lugar, una crisis de legitimidad de los partidos y los dirigentes y representantes políticos; en segundo lugar, una crisis que podríamos denominar de legalidad, en

cuanto la ley debe ser la expresión de la mayoría, lo que la Constitución no asegura; en tercer lugar, una crisis de representación, tanto por el sistema electoral como por los mecanismos de reemplazo en caso de vacancia y, en cuarto lugar, una crisis de igualdad, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.

Estamos convencidos de que la reforma política es una necesidad urgente, que debemos enfrentar con decisión antes de que se convierta en crónica y destruya nuestro régimen democrático, y que debe fundarse en los siguientes principios fundamentales:

1. El fortalecimiento de la base democrática

2. La revalorización del principio democrático en el origen del poder

3. La eliminación de los obstáculos para el correcto funcionamiento para la regla de mayoría.

4. El respeto de las minorías

5. Democracia transparente

6. Descentralización efectiva y eficiente.

Nuestra propuesta de hoy comienza por reafirmar nuestra voluntad de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a todos aquellos compatriotas a quienes nuestra Constitución reconoce como ciudadanos. Por lo mismo, nos interesa asegurar tanto una pronta puesta en marcha del sistema de inscripción automática como la aprobación de un mecanismo expedito y no excluyente para el voto de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Aunque en nuestro último Congreso partidario adoptamos una clara posición a favor del voto obligatorio, entendemos que existe un acuerdo político en favor del voto voluntario. Como siempre, vamos a honrar ese acuerdo.

Advertimos, en algunos sectores de la Coalición gobernante, una disposición a introducir perfeccionamientos a nuestra democracia. Varias de las ideas que ha planteado a este respecto públicamente el Ministro Secretario General de la Presidencia nos parecen dignas de consideración y, por lo mismo, nuestros parlamentarios llevan adelante un diálogo serio para buscar acuerdos sobre ellas. No obstante, ellas nos parecen de un alcance muy limitado. La aprobación de ese conjunto acotado de enmiendas no resuelve las debilidades más estructurales de nuestra institucionalidad democrática.

Abiertos al diálogo, proponemos al país las siguientes reformas político-institucionales en una perspectiva de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia:

1.- Reforma electoral de verdad que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país. No nos prestaremos a un acuerdo electoral hecho a la medida de las necesidades de un par de senadores de derecha que quieren ahorrarse el costo de competir con rivales fuertes de su propio pacto en las próximas elecciones. No nos parece suficiente, por lo mismo, que una reforma electoral consista, pura y simplemente, en agregar 2, 4 o 6 nuevas circunscripciones senatoriales binominales adicionales.

Queremos un sistema electoral que, sin propender a la proliferación y atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Queremos que haya ganadores y perdedores. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones para una política elitista e inmovilista, lo cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de liderazgos carismáticos populistas y desprestigia el sistema democrático que no aparece como realmente competitivo.

La Democracia Cristiana propone sustituir el actual sistema electoral binominal por uno de representación proporcional, teniendo como base la propuesta de la Comisión Boeninger (que adjuntamos en Anexo a esta propuesta).

En materia de Diputados, dicha propuesta supone la elección de 150 diputados, agrupados en 29 distritos. De estos últimos, solo en 4 distritos se elegiría a 2 diputados cada uno, correspondiendo a las regiones extremas del país. En 6 distritos se elegiría a 8 diputados, en 8 distritos se elegiría a 6 diputados, en 3 distritos a 5 diputados, en 7 distritos a 4 diputados, y en 1 distrito a 3 diputados.

En el caso de los Senadores, se elegiría a 50 senadores, distribuidos en 15 Circunscripciones, con 8 circunscripciones que elegirían a 2 senadores cada una, 2 que elegirían a 3 senadores, 2 que elegirían a 4 senadores, y 4 que elegirían a 5 senadores.

2.- Revisión profunda del sistema de quórum –o “super-mayorías”- para reformas legales. No nos parece que para regular cualquier asunto de mediana importancia sea necesario reunir los 4/7 de los votos en ejercicio de diputados y senadores. Tras el aparente objetivo de promover consensos, se ha terminado consagrando el veto de las minorías. En esas condiciones, los ganadores de las elecciones no pueden llevar a cabo los cambios queridos por el electorado. Proponemos, por tanto, modificar el artículo 66 de la Carta Fundamental para

sustituir la expresión cuatro séptimos por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Resulta indispensable, además, revisar las potestades del Tribunal Constitucional, especialmente respecto del control preventivo, que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contramayoritario, así como respecto de los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.

3.- Reforma de la representación Política.

Queremos profundizar la democracia. Eso significa, muy principalmente, mayor participación ciudadana. Por lo mismo, reiteramos nuestro apoyo a una ley de primarias públicas, abiertas y vinculantes.

Al mismo tiempo, necesitamos fortalecer los partidos políticos. Ello significa, entre otras cosas, lo siguiente:

Promover su democracia interna, garantizando a todos los militantes el derecho de incidir de manera regular y efectiva en la definición de las autoridades y de la línea política.

Robustecer mecanismos de supervigilancia que, respetando la autonomía de estas corporaciones, aseguren la limpieza de los procedimientos electorales internos y la corrección en el uso de los recursos. Proponemos dotar de una efectiva autonomía al Servicio Electoral, y crear una Superintendencia de Partidos Políticos.

Proveer fuentes de financiamiento directo o indirecto, público y privado, para que estas colectividades puedan cubrir adecuadamente su funcionamiento regular, especialmente en relación a su despliegue territorial (sedes regionales), su apoyo técnico (asesoría y centros de estudios) y su política de formación (juventud y extensión). Además, queremos que el Servicio Electoral y la ciudadanía cuente con herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral, que constituye fuente de desigualdad y una fuerte de barrera de entrada para nuevos actores políticos.

4.- Estamos, en cuarto lugar, por la profundización de la descentralización política y administrativa del país. En este terreno, la ley de reforma constitucional N° 20.390, impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, y aprobada hace un año, constituye un avance innegable (incluye aspectos importantes como la elección de Consejeros Regionales por voluntad popular). Nos parece indispensable, sin embargo, que las posibilidades democratizadoras de esa reforma se materialicen pronto en cambios legales, traspaso de competencias y transferencia de recursos.

Impulsaremos en el Congreso Nacional las modificaciones legales que aseguren que los próximos consejeros regionales sean elegidos efectivamente en forma directa por los ciudadanos de las distintas regiones.

Junto con ello, impulsaremos una profunda reforma política y administrativa que contemple los siguientes aspectos:

4.1. Elección de un Gobernador Regional en reemplazo de las actuales Intendencias. Cabe recordar que estas últimas tienen su origen en las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, que establecieron una estructura político-administrativa fuertemente centralista, cuyas características fundamentales perduran hasta nuestros días.

Manteniendo las características de un estado unitario, sin que aparezcan –al menos hasta ahora- razones que justifiquen avanzar hacia la creación de un estado federal, somos partidarios que tanto los Gobernadores Regionales como los Consejeros Regionales sean elegidos por voluntad popular.

En cuanto al argumento comúnmente –y legítimamente- esgrimido, en cuanto al estatus que ello implicaría en relación a las fuerzas de orden y seguridad, y los temas relacionados de orden público y seguridad ciudadana, somos partidarios de crear una figura de delegado regional a cargo de las mismas, dependiente del recientemente creado Ministerio del Interior y Sguridad Pública.

4.2. Transformar a los Municipios en auténticos gobiernos comunales autónomos. A pesar de que estos han experimentado numerosos cambios en una perspectiva de modernización, y que ya no son los Municipios del “aseo y ornato” que conocimos hasta los años 70, es necesaria una verdadera modernización que implique plantearse derechamente la autonomía de los gobiernos municipales. Ello implica una verdadera autonomía administrativa y financiera, dotando de facultades a dicho Municipio para fijar la planta administrativa, las remuneraciones de su personal, y el presupuesto comunal. Todo ello, en el contexo de una sana política fiscal, que vele adecuadamente por los equilibrios macro económicos básicos, que logre la compatibildad y armonía entre la autoridad nacional y comunal respectivas.

La Ley de la Comuna Autónoma (1891) fue un gran paso en la dirección de la descentralización del país. Sin embargo, nuestra estructura política y administrativa sigue siendo fuertemente centralizada. Es hora de avanzar hacia un gobierno municipal verdaderamente autónomo.

4.3. Al mismo tiempo que los fortalecemos, necesitamos establecer eficaces mecanismos de control y fiscalización de las Municipalidades, para evitar la

aparición de actos reñidos con la probidad y hacer más eficiente y más cercana su relación con los ciudadanos. Ello permitirá avanzar, además, en el mejoramiento de sus mecanismos y estructuras de financiamiento, de manera que sea posible dejar atrás su dependencia del Estado central, lo que obviamente reduce sus márgenes de autonomía.

4.3. Creación de nuevos Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de gobiernos regionales y comunales. Tal es el caso el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano. Una Ley de Quorum Calificado, según la nueva definición que hemos establecido anteriormente, regulará la creación y funcionamiento de los nuevos Gobiernos Metropolitanos.

5. En el caso de los Gobiernos Regionales, se considerará, de manera especial, los siguientes aspectos:

5.1. La regulación del presupuesto de la Región, considerando su forma de aprobación por el Consejo, la participación que cabe en dicho proceso a la comunidad y la manera en que se pueden generar recursos propios.

5.2. La forma en que las regiones pueden pactar, y luego ejecutar, convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública.

5.3. El procedimiento, las condiciones y el cronograma con arreglo al cual el Presidente de la República deberá transferir a uno o más gobiernos regionales aquellas competencias de Ministerios y servicios públicos que han de pasar a la gestión directa de las regiones. Este traspaso gradual y selectivo se construirá sobre la base de estatutos constitucionales progresivos, que aseguren un aumento de las potestades regionales frente al cumplimiento de estándares concretos de cumplimiento en materia de políticas públicas, como empleo, crecimiento o salud, entre otros,

6. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. De alguna manera, dicha institución de una manfestación de la ideología que inspiró a la Constitución de 1980. Adicionalmente, un estado democrático de derecho cuenta con instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos.

7. Creación de un Consejo Económico Social con rango constitucional, que permita una vinculación permanente del gobierno y el parlamento con la sociedad organizada, de manera que se enriquezca el debate democrático y se mejore la

representación de la sociedad en el proceso de toma de las grandes decisiones políticas, sociales y económicas del país.

8. Creemos indispensable el establecimiento de una acción de protección de todos los derechos garantizados por la Constitución, de carácter contencioso administrativo, ante un órgano dotado de suficiente autonomía e imperio, y con un procedimiento que haga posible amplios procesos de mediación entre la Administración y los ciudadanos.

Asimismo, es necesario fortalecer algunos derechos sociales actualmente recogidos en la Constitución, como el de la Seguridad Social, la Educación y la sindicalización y el derecho a huelga, e incorporar algunos nuevos, como la protección de los consumidores y de los usuarios.

Aumento de penas para los delitos de “cuello blanco”

El pasado 8 de junio, antes que se conociera públicamente el escándalo de La Polar, presenté una moción parlamentaria destinada a aumentar las penas de las conductas tipificadas en el artículo 60 de la Ley 18045, sobre mercado de valores, aumentando en un grado la penalidad para varios de sus supuestos delictuales; revelación de información privilegiada; uso de información privilegiada. Aumento de pena que concurrirá si se dan algunos de los siguientes supuestos: habitualidad, cuantía del beneficio ilegal obtenido, daño a los intereses generales.

Para fundamentar esta propuesta entre otros argumentos citaba al profesor Juan Bustos (Q.E.P.D.)

"Los delitos socioeconómicos son delitos contra el funcionamiento del sistema, atendida la relevancia del problema económico en el funcionamiento del sistema que se puso de relieve a fines del siglo XIX, cuando se comprobó que la libertad económica provocaba graves disfunciones y crisis agudas en el sistema. De ahí la necesidad de que el Estado intervenga en materia económica para resolver estas disfunciones y asegurar en beneficio de todos un determinado equilibrio económico. El nuevo papel que asume el Estado da origen posteriormente a la concepción de una economía social de mercado, en la que manteniéndose la concepción de libertad económica, se produce una intervención en el mercado para mantener ese determinado equilibrio que impida un perjuicio socioeconómico a todos los miembros de la colectividad. Como contrapartida, en este ámbito de la criminalidad el derecho penal ha tardado en reaccionar frente a esta realidad, y sin duda "Los primeros análisis y el mayor desarrollo de esta materia, hasta ahora, provienen del campo criminológico".

La situación del derecho penal económico en nuestro sistema, no es ajena a este planteamiento, históricamente es deficitaria, al punto que no resulta exagerado, afirmar que se encuentra con varios vacíos legales, asimismo tratándose de hechos relevantes y graves atentados al bien jurídico (orden socioeconómico), no se ha efectuado reforma legislativo alguno en las tradicionales formas de represión del patrimonio, ejemplo de lo anterior es que transcurridos más de dos décadas desde la crisis bancaria a comienzos de los años 80, no se adoptaron medidas legislativas profundas respecto estos graves hechos delictivos. Pese al fuerte componente simbólico de las pocas leyes penales en el orden socioeconómico, no ha existido un perfeccionamiento de la normativa y por el contrario un completo desinterés en la materia. De ahí que, no sin razón se plantea que el ámbito de la criminalidad económica se caracteriza por la "frecuente impunidad de las formas más gravosas de criminalidad económica, sobre el particular al menos dos factores asoman como la explicación, por una parte el conocido ámbito de selectividad a nivel de criminalización secundaria y por otro ciertas dificultades técnicas en las normas incriminatorias que se traducen en insatisfactorios resultados prácticos e importantes problemas interpretativos.

Un aspecto fundamental son los delitos de uso indebido y aprovechamiento de información privilegiada, previstos en los artículos 59 y 60 de la ley 18.045 sobre mercado de valores, si bien en estas figuras se puede sostener al menos en términos teóricos que el objeto de tutela supone la confianza en el correcto funcionamiento del mercado de valores, desde el punto de la necesidad de la pena y la convicción del merecimiento de pena de estas importantes infracciones económicas, resulta necesario efectuar una adecuación de las figuras especialmente en relación con las escalas penales observadas en los modelos comparados, pues resulta plausible establecer una revisión de las penas comprendidas para tan graves y complejas figuras delictivas.

En concreto nuestro sistema no resiste más que la regla general, por no decir absoluta, sea que en el ámbito penal el uso de información privilegiada termine en sobreseimientos definitivos o en salidas alternativas con escaso costo para los autores de la conducta.

La fé pública esta en juego, lo dijimos antes de La Polar, lo reiteramos con más fuerza hoy.