La Regulación del Lobby una tarea injustificadamente postergada

Hace casi diez años en una reunión de parlamentarios, en aquella época de gobierno, plantee la necesidad de promover una iniciativa legal que regulara el lobby, a la sazón, ya bastante más que indiciario en el desarrollo de nuestra economía.

No olvidaré que un Senador (ya no lo es) comentó mi inquietud, con bastante desdén, y terminantemente me indicó, “el lobby no hay que regularlo, hay que prohibirlo y sancionarlo como una actividad de carácter ilegal.” Le contesté con una frase, que recuerdo haber oído en un seminario internacional sobre la materia, “mire Senador el lobby es como la prostitución, no saca nada con prohibirla, es necesario regularla”, obviamente mi respuesta no le pareció pertinente, yo en cambio a diez años del diálogo aludido sigo convencido que resulta indispensable dictar un estatuto regulatorio. Reconozco que la comparación que efectué es dura, pero que duda cabe que es útil para consignar una necesidad urgente y por cierto aún pendiente. Si hace una década el lobby era una actividad más que incipiente, hoy se ha convertido una actividad común y plena, cada día hay más personas naturales y jurídicas que ejecutan profesional y habitualmente el lobby, y por cierto existe también, digámoslo así, una cifra negra que ejecutando a todas luces lobby profesional y habitual, optan por denominarse, eufemísticamente como asesores de imagen, asesores en asuntos corporativos, analistas de mercado, y otras muchas expresiones destinadas a disimular una actividad, que suele ser considerada pecaminosa.

Pero que ha pasado desde la perspectiva legislativa en esta última década? adelanto mi conclusión: Poco o más bien nada.

En efecto, nuestra sociedad, en particular su elites políticas, empresariales, sindicales, y también el mundo de los medios de comunicación, han optado por presenciar el desarrollo cada vez mayor del lobby profesional habitual y también del esporádico, aceptando su más completa desregulación.

En términos sencillos, la tácita conclusión ha sido: hagámonos los lesos, no constituye prioridad en la agenda, al final siempre ha ocurrido y no hay nada tan significativo.

Todas conclusiones que en mi modesta opinión personal constituyen un grave error. Pues el lobby desregulado termina casi siempre siendo trafico de influencia, figura muy limítrofe con conductas ilícitas y termina también contribuyendo a tener una sociedad poco transparente y como consecuencia de aquello donde los intereses de los mas poderosos tiene un mucho mejor caldo de cultivo para su consumación y ejecución.


En mayo del 2003, Carolina Tohá, el autor de este articulo, y los Diputados Patricio Walker, Carlos Montes, Antonio Leal, Eduardo Saffirio y Patricio Hales, presentamos tanto en al Congreso, como a las autoridades de gubernamentales de la época, una iniciativa de regulación de lobby. En octubre el gobierno del Presidente R. Lagos introdujo al trámite legislativo un P. de Ley de regulación de Lobby recogiendo en buena parte nuestra moción.

El Proyecto se tramitó entre noviembre del 2003 y noviembre del 2008, fecha desde la cual se encuentra paralizado en el Senado de la República, sin ningún tipo de urgencia, y lo que es más llamativo sin que figure con prioridad alguna para la actual administración.

Durante ese período, se llegó a aprobar el proyecto y quedo listo para su promulgación, sin embargo, la administración de Michelle Bachelet, con algunos buenos fundamentos estimó necesario enviar al trámite legislativo un veto aditivo, pues durante la tramitación de la iniciativa, particularmente en el Senado, se habían eliminado elementos centrales de la buscada regulación.

El veto en cuestión fue despachado en la Cámara de Diputados, pero volvió a encontrar escollos insalvables en el senado, el ejecutivo anterior optó por quitarle urgencia y desde esa fecha duerme en la Cámara revisora

Como toda regulación en su primera versión, puede provocar debate y discusión, pero el peor es arrancar a ese debate no haciendo nada

A lo menos debieran rescatarse las cuestiones no controversiales, y transformarlas en una ley, ¿qué costaría obligar a las autoridades públicas – todas – a hacer públicas sus agendas?, allí quedaría a la luz clara, a quién se recibe, para que, y como consecuencia los lobbistas no podrían ampararse en el secreto.

Mientras no se tome una decisión, esto seguirá oliendo mal, oliendo a tráfico de influencia.

La agenda Pro – Transparencia del actual gobierno ha sido pobre y escasa, el lobby es un reflejo emblemático de tal actitud pasiva.

Para ser honesto, en una reciente reunión con el Ministro Larroulet frente a una pregunta del suscrito sobre la materia, me indico que estamos estudiando una alternativa al veto hoy paralizado.

Escúchanos Señor te rogamos.