REPATRIACION DE CAPITALES

Desde hace algún tiempo se habla del envío al Congreso de una iniciativa legal de repatriación de capitales o de blanqueo, como menos eufemísticamente se le suele llamar. En un comienzo, debo reconocer, me pareció una alternativa interesante, particularmente en la perspectiva de allegar recursos a la caja fiscal, para acometer gastos o inversiones de carácter social.

Sin embargo, del debate público del tema, de un análisis más de fondo, surgen razones para estimar en definitiva que es una mala idea.

Desde luego cualquier eventual iniciativa debiera dejar meridianamente claro que el objetivo buscado son inversiones de origen lícito, que sujetos tributarios domésticos mantienen en el exterior y que no han sido reportadas a las autoridades nacionales, manteniéndolas en sigilo, evitando con esa conducta el pago de los impuestos pertinentes.

Lo más probable es que dichas inversiones figuren a nombre de sociedades constituidas en el extranjero que son de propiedad de sujetos tributarios chilenos.

La forma en que se ejecutó el ocultamiento a la autoridad tributaria chilena, puede revertir las más variadas formas, pero cualquiera de ellas, a lo menos, puede configurar ilícitos a las disposiciones cambiarias, que traen aparejadas multas con casi 3 veces el capital, además atendido el carácter del ocultamiento existen variados supuestos que pueden configurar fraudes tributarios, sin perjuicio de las acciones, vigentes, de cobro por los impuestos adeudados.

Pero sin duda, las iniciativas de blanqueo poseen el riesgo no despreciable, como lo leyera en un artículo especializado que junto a los fondos de origen lícito no declarados, existen otros de origen ilícito, obtenidos del narcotráfico, el contrabando de armas, el financiamiento del terrorismo o la corrupción, entre otras actividades. De un punto de vista práctico, es muy difícil distinguir unos de otros, ya que ante el riesgo de ser descubiertos, los evasores no suelen conservar detallados registros del origen de sus fondos no declarados. Por el contrario, los delincuentes pueden obtener con facilidad toda clase de certificados y carta las falsas para justificar un supuesto origen lícito de sus flujos. No parece sencillo, por tanto, impedir que un narcotraficante aproveche la oportunidad de confesar una simple evasión de impuestos, si con ello logra blanquear sus fondos ilícitos

Probablemente desde el punto de vista tributario, hoy menos que nunca es necesaria una ley de esta naturaleza ello es esencialmente, porque la capacidad del SII para detectar fondos ocultos es mucho más poderosa, a partir de las reformas, vigentes desde el 1º de Enero recién pasado, que permite a la autoridad tener acceso a los movimientos de las cuentas corrientes locales de las personas. Hasta ahora, éstas constituían una forma relativamente segura para repatriar, con completo disimulo, flujos provenientes de los fondos extranjeros no declarados. En la medida en que no se gastaran o invirtieran de una forma que llamara la atención del SIl, como cuando los pagos se hacen en efectivo y por montos pequeños; eran virtualmente indetectables. Con la reforma surge un riesgo mucho mayor de detección.

El camino entonces parece ser detectar a los evasores, mucho más que premiar la conducta torcida.

Los Derechos del Niño

A propósito del reciente aniversario de la promulgación (20 años, Gobierno de Don Patricio Aylwin) en Chile de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño como Ley de la República, me parece importante reseñar:

1. El rol que ha jugado y debe seguir jugando el legislador, en materia de adecuación de la legislación chilena a las obligaciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño. Con orgullo puedo indicar que, entre muchos, he participado en estos desafios.

a) La ley 19.585, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, eliminando la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos;

b) La ley 19.620 (modificada por ley 20.203), sobre nuevas normas de adopción de menores;

c) La ley 19.968 (modificada por ley 20.286) que crea los tribunales de familia;

d) La ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar;

e) La ley 20.086, (modificada por ley 20.191) que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil;

f) La reforma constitucional que amplió la gratuidad del derecho a la educación a la enseñanza media, la creación de la jornada escolar completa y la dictación de la ley 20.370 (Ley General de Educación), que refuerza los principios de gratuidad y calidad de la educación y;

g) La Ley 20.379, que crea el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, el que busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas (desde su gestación a los 4 años de edad) y sus familias.

2. Algunos desafíos pendientes, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo:

a) Emprender reformas legales destinadas a consagrar un sistema penal juvenil realmente especializado, emprender mejoras sustanciales a los programas y centros dedicados a responsabilizar y reinsertar a adolescentes infractores de ley y mejorar los índices de educación y salud física y mental actuales. Junto con el Diputado Marcelo Díaz hemos presentado una Moción en esta dirección.

b) Avanzar hacia la derogación de una Ley de Menores (Ley 16.618 de 1967) promulgada e interpretada a la luz de los principios del sistema tutelar de menores y reemplazarla por una auténtica Ley de Protección de Derechos de la Infancia que sirva de marco interpretativo de la jurisdicción de familia. Esa ley debiera ir acompañada también de una figura nacional de protección de derechos de la infancia, como el Defensor del Niño, en las jurisdicciones comparadas.

c) Una profunda reforma a la institucionalidad de infancia y adolescencia, de modo tal que sea posible superar los límites que actualmente exhibe la estructura del Servicio Nacional de Menores (SENAME). En esta materia, se requerirá de una reforma que nos sea sólo funcional, sino que implique un profundo diagnóstico de los límites actuales del sistema, la creación de indicadores específicos en materia de estándares de salud, educación, prevención, reinserción, fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, que permiten medir en el tiempo, la pertinencia de las modificaciones institucionales emprendidas.

d) Retomar seriamente la preocupación por el trabajo infantil. Según cifras del Ministerio del Trabajo, más de 196 mil niños y adolescentes trabajan en Chile. De ellos, 107 mil lo hace en condiciones inaceptables, no cumplen la edad mínima de admisión legal al empleo de 15 años, no asisten a la escuela y trabajan en la calle, de noche o por más tiempo que la jornada legalmente establecida para todos los trabajadores. A su vez, al año 2006, eran más de 3.700 los niños y niñas involucrados en las peores formas de explotación sexual. Las edades de esos niños prostituidos van desde los 5 hasta los 18 años, concentrados mayoritariamente entre los 11 y 16 años de edad.

e) Emprender políticas destinadas a hacerse cargo de la protección de los derechos de niños particularmente vulnerables. No deja de ser preocupante el que el Estado de Chile carezca de información precisa y relevante sobre el estado de satisfacción de los derechos de los niños migrantes y refugiados que residen en Chile, de los índices de discriminación en contra de niños y adolescentes pertenecientes a minorías sexuales y de los niveles de afectación de los derechos de aquellos niños de origen indígena, particularmente de aquellos pertenecientes al pueblo Mapuche y que enfrentan la violencia del conflicto día tras día.

Hay tareas y muchas.

Nuevos Recursos para Transantiago

Frente a la posibilidad, por cierto bienvenida, que los actores políticos llegasen a un acuerdo que permita asegurar los votos aprobatorios para el o los proyectos de leyes que mejoren sustancialmente nuestro sistema publico de transporte “Transantiago” parece indispensable fijar ciertas condiciones esenciales correctoras de fondo;

1.- El Transantiago tiene problemas estructurales que de no corregirse, requerirán permanentemente enormes sumas de dinero para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.

2.- Hay que establecer, contractualmente, que se pagará por pasajero transportado y no por bus kilómetro. Esto significa que el Estado no asume el riesgo por la evasión, que según “Informe Especial” de TVN llega en la periferia a superar al 50%. El sistema de buses amarillos anterior al Transantiago funcionaba 100% por pasajero transportado, con lo cual el riesgo se radica en el operador. El otorgar más recursos sino se controla la evasión significa premiar al que no paga en desmedro de todos los ciudadanos.

3.- Es indispensable contar con un sistema de control de flota (GPS) que permita administrar las frecuencias y la ubicación espacial de cada bus. Desde que se inició Transantiago el sistema no ha contado con esta herramienta, esto significa operar el sistema a ciegas, derrochando recursos a manos llenas, ya que para evitar reclamos de los usuarios se opta por aumentar indiscriminadamente la cantidad de buses en la calle.

4.- El tipo de bus oruga tiene varias falencias, desde el punto de vista de la evasión, al tener tres puertas y no contar con zonas pagas el conductor no tiene posibilidad alguna de efectuar control de evasión, esto unido a que los incentivos están mal colocados ya que tanto el conductor como el operador no dependen de que la gente pague su pasaje para cobrar por el servicio que prestan, el pago queda radicado en la honradez o voluntad del usuario el hacerlo. Los buses, dada la topografía de la ciudad no cuentan con las condiciones mínimas que les permitan operar y mantener en el tiempo la vida útil de diseño, no hay pistas de rodado aceptables, la configuración de las calles desgasta en exceso las articulaciones, por lo que la vida útil se reducirá en varios años, hoy la tasa de falla es muy superior a la de diseño. Interiormente cuenta con una configuración inconfortable para los usuarios.

5.- El sistema requiere de múltiples transbordos hasta hoy, salvo la Cisterna, no cuenta con estaciones Intermodales o estaciones de transferencia bus a bus, lo que implica que la gente debe cambiar de un bus a otro caminando de un paradero a otro con la consiguiente incomodidad.

6.- La velocidad comercial depende en medida importante de que el sistema cuente con las vías exclusivas y vías segregadas, zonas pagas para acortar el tiempo de detención del bus y otras facilidades para los usuarios hasta hoy todo o no existe o es de una precariedad enorme.

7.- Los reclamos por las mallas de recorrido han bajado, esto no se produce por haber llegado a una red capilar adecuada, sino por aburrimiento de la gente al constatar que sus reclamos no conducen a nada.

En otras palabras hay que evitar la resignación ante la inoperancia. No podemos permitir que los proyectos que aprobemos no resuelvan los temas de fondo, y dejemos una vez más cuestiones pendientes.