INMIGRACIÓN
La iniciativa del gobierno de impulsar un cambio en
la ley de migraciones, que acaba de entrar a primer trámite en el Senado, ha
provocado diversas reacciones y críticas, tanto de organizaciones de
inmigrantes como de entidades que les prestan apoyo, entre ellos el Servicio
Jesuita a Migrantes. Un cuestionamiento principal y compartido por estas
organizaciones es el criterio economicista de la reforma, en especial, la
figura de una visa de trabajo temporal que facilitaría el ingreso de migrantes
estacionales desde países cercanos, medida que estaría enfocada a proveer de
mano de obra a la agricultura.
Este solo punto de la reforma, aún sin ser el único
que ha sido objeto de reparos, advierte de un diseño que piensa en los
eventuales beneficios para un sector productivo y mucho menos en la
integralidad de los elementos en juego. En 2011, 150 trabajadores paraguayos
denunciaron que habían sido sometidos a malos tratos e ilegalidades por parte
de una empresa agrícola ligada a un conocido empresario nacional. Los
inmigrantes habían sido traídos a Chile para trabajar en labores agrícolas,
pero las condiciones de vida y salarios estaban muy lejos a las supuestamente
comprometidas. La fiscalía asumió el tema como un caso de trata de personas,
algo que advierte sobre el riesgo de favorecer un sector productivo que
probablemente no va a poder ser suficientemente fiscalizado. Si la ley avanza
en este tipo de propuestas puede terminar impulsando malas prácticas, e incluso
a darles un paraguas legal, con serias consecuencias tanto para los afectados
como también para la imagen del país.
Al margen de ello, el proyecto de ley pareciera
insuficiente en el reconocimiento de derechos migratorios y rigidiza la
posibilidad de hacer cambios en el tipo de visado. De hecho, otro aspecto que
es cuestionado es la necesidad de contar con visas de trabajo desde el país de
origen, traspasando tareas desde Extranjería del Ministerio del Interior a la
red consular. Este punto también debería ser analizado con cautela no sólo
porque impone una nueva barrera a la migración, sino también porque se advierte
que no hay una infraestructura consular adecuada y se requerirían establecer
nuevos controles de gestión. En esta línea, en 2002 se denunció la venta
ilícita de visas a ciudadanos chinos precipitando la renuncia del cónsul a
cargo y un proceso judicial. El caso terminó siendo sobreseído en 2012, pero
dejó de manifiesto que los controles administrativos habían sido insuficientes.
En general, la propuesta del gobierno viene a ser
una adaptación más bien formal de lo que ha sido la política migratoria chilena
desde mediados de los años cincuenta. El DFL 69 de 1953 que creó el
Departamento de Migración justificó una política basada precisamente en
criterios económicos. Entre otras cosas señalaba:
“…que no sólo la inmigración de carácter agrícola se
hace necesaria en el país, sino también y principalmente la incorporación de
elementos técnicos, pescadores, obreros especializados y artesanos”;
“…que el aumento de la población es un factor
fundamental a la industrialización, porque aumenta el mercado de consumo
interno”;
“…que necesitamos elemento humano de las
características ya señaladas, porque el país se encuentra en un proceso de
industrialización intensivo en todos los órdenes de la producción”.
En síntesis, el fundamento y origen de nuestro
sistema migratorio daba cuenta de una mirada propia de la era de la
industrialización, aunque obviamente ha habido adaptaciones en estos años que
han ido asumiendo derechos de los inmigrantes. En este tipo de cosas hay que
tener especial cuidado de no empezar a retroceder en aspectos sociales
superados, basta señalar que el modelo de inmigración selectiva, que se trató
de impulsar en Chile a mediados del siglo XX, también suponía explícitamente
que “…contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza”.
El Decreto ley 1.094 de 1975 que establece normas
para los extranjeros en Chile, que sigue vigente, se caracteriza no tanto por
un carácter restrictivo sino porque termina imponiendo una amplia discrecionalidad
y no consigna los derechos migratorios que incluyen las legislaciones modernas.
La Ley señala específicamente que “…las atribuciones que correspondan al
Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas
de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas
discrecionalmente por éste…” Art.13. De
esta manera y para efectos prácticos, la política migratoria podría variar
sustantivamente no sólo ante un cambio de gobierno, sino con un director de
servicio más proclive o más resistente al tema migratorio. El problema de la
discrecionalidad es que se constituye en una expresión de discriminación, algo
que precisamente está en el centro de la discusión de nuestra política interna
en este período y que marca la agenda futura.
Aquí surge una cuestión fundamental, ya que si la
reforma del gobierno se aprobara en las condiciones que está, es probable que
quede rápidamente superada por los cambios sociales que demanda buena parte del
país. Si transitamos hacia una sociedad donde se asumen un conjunto de
derechos, es claramente inconveniente no sólo mantener el sistema migratorio
tal como está, sino que contribuir a asentar una alternativa migratoria que no
se equipara a otras políticas públicas podría constituirse en un
despropósito.
Otro aspecto del tema tiene relación con la
aplicación de la ley. El
sistema actual, marcado por una suerte de colapso permanente del servicio de
extranjería, admite arbitrariedades y dilaciones casi kafkianas. Este tema no
sólo afecta a los inmigrantes, sino que es un factor que desalienta a los
empresarios para su contratación, tal como lo refleja un estudio reciente de la
OIM.[1]
Esto no es una crítica a los funcionarios de Extranjería ni propiamente al
Servicio que, en muchos casos, no cuenta con personal suficiente ni recursos
para atender los requerimientos actuales. Sin embargo, es importante considerar
que una reforma que no da cuenta de las imprescindibles adaptaciones del
Servicio es un cambio a medias. Aquí hay que evaluar el sistema de manera más
integral conciliando lo legal, presupuestario y organizacional.
Hasta aquí advertimos tres pilares que deberíamos
considerar frente al tema migratorio: uno es el establecimiento de derechos
reconocidos y comúnmente aceptados en el sistema internacional para los
migrantes; segundo, la conciliación de la política migratoria con otras
políticas sociales; y tercero, una adaptación comprehensiva del marco legal y
su aplicación. Un cuarto tema es cómo visualizamos el tema migratorio y sus
tendencias, de tal forma de crear condiciones para una evolución que no
provoque quiebres o retrocesos que afecten precisamente a los sujetos de
migración. Este punto no es accesorio ya que al menos un pre candidato de la
derecha sustenta o justifica una ley de inmigración restrictiva, en especial
que limite lo que define como “migrantes ilegales” porque éstos estarían “…
obteniendo fuentes de trabajo que podrían tener mujeres chilenas”. El
precandidato también muestra preocupación por la creciente migración
centroamericana y aboga por un modelo selectivo que, como vemos, se acerca
peligrosamente a los criterios de la década del cincuenta.
Uno de los chilenos más reconocidos en el mundo, Roberto Matta, recordaba
su éxodo hacia Europa en los años treinta y hacía el contrapunto sobre su
situación de origen y el impacto de ese tránsito migratorio. El artista, que
había salido como un tripulante de barco mercante, llegó a Liverpool donde
literalmente no conocía a nadie. Roberto Matta recordaba que en Chile había sido
objeto, hasta entonces, de “…una especie de respeto y de dignidad, y de cariño
y de entusiasmo en cierta manera. Probablemente era uno de los que prometía o
algo así…y de repente se convierte en cero, se convierte en un negro de Harlem
en 1890. Más encima, en un negro del sur al que los negros del sur no lo
quieren saludar tampoco”. Después de esa experiencia, y ya instalado en Europa,
el artista incursionaría en la poesía de la mano de García Lorca y conocería a
André Bretón, el fundador del surrealismo, decantándose finalmente por la
pintura que lo llevó a la fama mundial.
La anécdota nos habla de desarraigo, segregación y
también de superación; se trata, en definitiva, de la vida y de personas que
buscan su inserción en una sociedad distinta a su origen. Es eso lo que nos
transmiten los jesuitas y que está en la base de sus reparos al proyecto y al
discurso más corriente. Abrazar las ideas de la ultraderecha europea, que
propende a la discriminación y la exclusión, no es el camino ni un aporte al
crecimiento o desarrollo de la sociedad.
El 21 de Mayo pasado, el Presidente Piñera anunció
un bono por tercer hijo nacido. La finalidad de la iniciativa, según se explicó
más tarde, era la preocupación por las tendencias demográficas en el futuro próximo.
El país envejece y la tasa de natalidad de hijos por mujer bajó desde el censo
2002 de 1,59 hijos a 1,45 en el censo 2012.
El problema demográfico, que evidentemente no se
soluciona solo con un bono, advierte de la necesidad de repensar y proyectar hacia
dónde va nuestra sociedad. El Consejo Minero en su estudio sobre fuerza Laboral
2010-2020[2]
circunscrito a esa actividad económica, consigna que el promedio edad en
funciones de valor principal es de 42,3 años, en un área de trabajo que se
caracteriza por las jubilaciones anticipadas en torno a los cincuenta años. En
consecuencia, en esta década habrá un déficit permanente de personal
especializado en la minería, ya que el Consejo estima que el 17% de la dotación
de las empresas estará en condiciones de retiro de aquí al 2020. Este fenómeno
no es exclusivo de la principal industria del país, por lo que es razonable
considerar la inmigración en sus aportes socio laborales y en un horizonte de
mediano o largo plazo, más que como una amenaza infundada al mercado laboral.
Otro elemento que es necesario mencionar es la
conciliación entre las políticas migratorias subregionales. Estudios de la
Organización Internacional para las Migraciones de la ONU destacan la
coordinación que se viene dando desde 2000 en el marco de la Conferencia
Sudamericana de Migraciones (CSM) y, más recientemente, el Foro Especializado
Migratorio del Mercosur y Países Asociados (FEM).[3]
Esta última instancia es la que promovió el visado Mercosur que facilita la
inserción laboral de los ciudadanos de países miembros por el plazo de un año.
En el caso chileno, si bien la iniciativa no ha sido ratificada por el
Congreso, si ha incidido en que extranjería la aplique en cierta medida por la
vía administrativa.[4]
En este caso la discrecionalidad habría tenido un efecto positivo.
Esta coordinación y conciliación de políticas es muy
importante, sobre todo porque la migración intrarregional es la más relevante y
estructural. Chile ha pasado, junto con Argentina, Venezuela y Brasil, a ser
parte del circuito receptor de inmigración, aunque porcentualmente la cifra de
migrantes se ubica en poco más de 2%, bastante distante de otros países
occidentales. No obstante, este hecho exige asumir que hay un cambio en
proceso, algo que debe ser discutido en todas sus complejidades, sin ignorar su
dimensión sociológica y cultural.
posted by jburgos_opinion at
16:58
