MÁS QUE AGENDAS CORTAS, SOLUCIONES DE FONDO

Una vez más la política, los medios de comunicación, concluyen un periodo de noticias, derechamente de malas noticias, sobre la seguridad ciudadana, con una receta conocida y recurrente, un proyecto de ley (que todos denominaremos agenda corta, mano dura, fast track antidelincuencia) que a juicio de los actores, o buena parte de ellos, constituirá un paso esencial, definitivo, en la lucha contra la inseguridad.
La oposición tampoco será muy novedosa y dirá que el proyecto es insuficiente, que es indispensable “una señal definitiva en contra del delito”, que desde que se “suprimió la pena de muerte”, la delincuencia campea, etc., etc.En fin las cosas han sido así, siguen siendo así, a partir de esta común solución nos debemos abocar al tratamiento legislativo de los proyectos que el gobierno envío, esencialmente reformas al código instrumental y al código de fondo, por cierto de ese tratamiento podrán discutirse cuestiones mejores o peores, útiles o inútiles, perfectibles o imperfectibles.Sin embargo, donde nadie puede confundirse, es pretendiendo que a partir de estas modificaciones, la problemática de la seguridad publica, tendrá un antes y un después. Sostener lo contrario, más allá de ser falso, se convierte en una mala indicación a la sociedad, pues como efecto concreto, se estará sembrando una nueva decepción, que el corto tiempo reproducirá el ciclo, y vendrá una nueva propuesta meramente formal.
Nuestra sociedad, especialmente, quienes hemos sido gobierno en estos últimos 16 años, hemos cometido un error recurrentemente, que si se pudiera ejemplarizar en una sola frase diría que consiste en “soluciones fáciles”, para un problema difícil, de causas profundas.Excluir del análisis de las causalidades que crean las inseguridad, es acientífico por una parte y especialmente demagógico, de aquel análisis nada bueno puede esperarse.Recientes estudios de la Fundación Paz Ciudadana, no discutidos que sepamos, demuestran palmariamente la ecuación casi perfecta entre delito – droga o bien droga – delito. Es cierto que nuestro país de mediados de los 90, aumentamos de manera sustancial los recursos para prevención (hoy el Conace, tiene un presupuesto de aprox. U$M 20, destinados esencialmente a prevención temprana), Pero también es cierto que en rehabilitación para el drogo – dependiente, se ha hecho poco, o casi nada, la cuestión se hace aún más grave si trata de analizar la oferta de rehabilitación para los infractores penales.De hecho, en esta lógica de no asumir los problemas reales o de fondo de la inseguridad cabe recordar aquí, que la ley que crea un nueva sistema de responsabilidad penal juvenil, tuvo que postergarse por un año, a mi juicio esencialmente y más que por la falta de infraestructura física por la casi absoluta ausencia de oferta de rehabilitación para los menores infractores drogo – dependientes.
Días atrás un funcionario del Conace nos anunciaba que para el presupuesto del 2007 se pretende ofrecer al 50% de los menores que entren al sistema penal juvenil, cursos de rehabilitación, es tan buena noticia, que soy sincero, cuesta creer sea posible se concrete tan rápidamente.Me he detenido brevemente, en el tema droga – delito, pero sin duda hay muchas causas reales de la inseguridad, que están allí y ojo aunque las olvidemos siempre a la hora de tratar la inseguridad, siempre seguirán allí.Mientras sigamos insistiendo como sociedad, en la torpe lógica, construida sobre la base de una oposición vociferante y una alianza gobernante débil para enfrentar el tema de fondo, poco avanzaremos.
Situemos el problema en su real dimensión, propongamos políticas públicas para enfrentar el fondo, sólo así estaremos contribuyendo a la mitigación de un problema real y que por cierto no es una creación comunicacional.

UNA SESIÓN QUE NO SE JUSTIFICA

Algo más de 40 Diputados han solicitado para los próximos días a una sesión especial destinada a “analizar y debatir las implicancias de la especulación financiera en las acciones de Lan Airlines S.A. y las actuaciones políticas de su principal accionista”, el líder opositor y ex – candidato presidencial Sebastian Piñera. Para ella han sido invitados el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Valores y Seguros, me imagino con el objeto de que den cuenta a la Cámara de los detalles del caso y de la forma en que éste estaría siendo abordado.

Dicha sesión especial entrecruza dos temas, uno esencialmente jurídico y otro netamente político, los cuales conviene mantener separados. Por una parte, esta la discusión en cuanto a si el ex abanderado de oposición, dada su calidad de director de Lan Airlines S.A., hizo o no uso de información privilegiada al haber adquirido un paquete accionario de dicha compañía, un día antes de que ésta hiciera publica su situación financiera. Por otra parte, se encuentra la discusión (nada nueva por lo demás) acerca de la perversa relación que existe entre dinero y política, y como ella puede afectar la independencia e imparcialidad de nuestras autoridades políticas cuando, enfrentados a tomar decisiones públicas, intereses privados en juego pueden ensuciar la objetividad y rectitud de las mismas.

Ambos problemas son graves y deben ser debatidos, pero en instancias y momentos distintos. Para cada uno de estos temas debe haber respuestas institucionales, pero ellas deben necesariamente estar separadas.

En efecto, frente al posible uso de información privilegiada por parte de cualquier persona, sabemos que la ley Nº 18.045 de mercado de valores tiene todo un entramado jurídico que, estructurado sobre la base prohibiciones – y que en algunos casos pueden llegar a configurar un delito-, encomienda a la Superintendencia de Valores y Seguros el deber de investigar y sancionar a quienes contravengan las disposiciones de la ley en esta materia. Además, el art. 23 de la ley de la SVS, DL Nº 3538, en una medida de corte mas bien garantista, obliga a los funcionarios de la SVS a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a su fiscalización.

En el caso de la compra de acciones Lan Airlines S.A por parte de Sebastian Piñera, la prensa se ha encargado de informarnos que, el Superintendente Etchegaray ha estado recabando antecedentes y realizando algunas diligencias a fin de determinar si, en los hechos, hay o no antecedentes que justifiquen dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio. En resumen, todo indica que, como ha sido habitual en este tipo de casos (Chispas, Banco de Chile y Schwager, por nombrar algunos) el mecanismo diseñado en la ley esta operando según lo previsto.

En ese contexto, si las instituciones que hemos diseñado para enfrentar y sancionar este tipo de casos han dado muestras fehacientes de que están haciendo su trabajo ¿en que podría ser útil una sesión especial destinada a tratar este caso?, ¿cuál será el sentido de citar al Superintendente?, si por ley tiene la obligación de guardar reserva de los antecedentes que rodean este caso. Finalmente, ¿que podría aportarnos el Ministro de Hacienda?, si la obligación de velar por la transparencia y el correcto funcionamiento de los mercados está radicada en un órgano autónomo y eminentemente técnico, que se si bien se relaciona con Hacienda, lo hace únicamente para cuestiones de coordinación.
Así las cosas probablemente la sesión termine en un ejercicio público de crítica a un político de oposición por haber eventualmente incurrido en uso de información privilegiada. Pero ello no parece tener sentido, si finalmente quién por ley debe determinar si existió o no esa infracción, recién esta recabando los antecedentes.

Mucho más lógico es que los legisladores nos dediquemos a tratar, los efectos de la relación entre dinero y política, la posible incompatibilidad que existe para los miembros de la clase política de ser a la vez activos y entusiastas empresarios y, finalmente, de las medidas que se pueden adoptar para ir eliminando las deficiencias de nuestro sistema legal en la materia, como la regulación del lobby o la obligación para ciertos políticos de entregar la administración de sus negocios a un tercero, bajo de la forma de un fideicomiso ciego.