La Estrategia de Seguridad y Defensa

Al examinar la Estrategia de Seguridad y Defensa (ENSYD) que ha sido recientemente presentada por el Presidente de la República para consideración del Senado, es necesario plantear algunos puntos básicos para el consecuente debate. Lo primero y obvio es preguntar por el sentido y necesidad que justificarían esta Estrategia. Según declaraciones del propio Presidente de la República, refrendadas por el Ministro Andrés Allamand en diversos foros, éste sería un esfuerzo de transparencia que buscaría explicitar la estrategia de Seguridad Nacional. Esta modalidad, sostenida teóricamente por diversos académicos de la Defensa, se inició en Estados Unidos hace décadas y ha sido replicada en estos últimos años en Europa y varios países.

Sin embargo, explicitar la estrategia no es sinónimo de transparentarla, sobre todo si, como lo hace este proyecto, busca asentar doctrinariamente una imbricación entre seguridad y defensa en la que se pierden sus delimitaciones, so pretexto de nuevas amenazas que harían difusa la separación de seguridad interior y exterior. Bajo esta idea, que termina de ser acuñada bajo el concepto de “seguridad ampliada”, la Seguridad comienza a adquirir un estatus omnipresente y, de paso, se desdibuja el propósito principal de la Defensa y su accionar específico. En síntesis, el proyecto introduce cambios conceptuales fundamentales, cuyos alcances, exigen una mayor claridad de propósitos y verificar si conducen a la “securitización” del Estado.

Un segundo aspecto se refiere a las propuestas institucionales de la ENSYD. El establecimiento de un Comité Interministerial presidido por el Presidente de la República, cuyo propósito es facilitar la coordinación de los esfuerzos del Estado en materia de Seguridad, pareciera ser una mala actualización del antiguo Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA) que, desde los años sesenta, fue convocado muy ocasionalmente. Este mini Consejo de Gabinete, cuya composición pareciera ser fruto del azar más que de una matriz afinada, no tendría las facultades y competencias que aseguren los objetivos planteados. En el caso de varios países europeos esto tiene sentido porque existe un Consejo de Ministros con atribuciones definidas.

Asimismo, establecer la figura de un Consejero de Seguridad con capacidad de coordinar ministerios, que contaría con un staff de funcionarios bajo su dependencia y facultad para ser provisto de información de inteligencia, claramente transgrede materias legales y constitucionales. Tampoco se entiende el sentido, trascendencia y proyección del Grupo de Trabajo de Seguridad Público-Privado ni de la Comisión de Participación Ciudadana, no sólo por las dificultades de institucionalizar dos instancias que deben tener una representatividad probada y sostenida, sino porque sus competencias no son suficientemente descritas en el proyecto. Asimismo, la ENSYD tampoco especifica mecanismos de control que monitoreen el funcionamiento de este sistema, más aún si hay un concepto de amenazas tan amplia que bien puede terminar comprometiendo derechos civiles.

En lo concerniente a la Defensa, la ENSYD buscaría estructurar el sector considerando la disuasión como “piso estratégico” y abriendo su planificación a los  intereses nacionales por encima de las amenazas tradicionales. Esto introduce un sesgo complejo que, sin duda, tiene consecuencias políticas que hay que revisar y posibles efectos en las relaciones internacionales del país. Derivado de esto, también se verifican cambios en la planificación militar, donde se cruzan las capacidades militares disponibles con posibles escenarios que, genéricamente se construyen por “potenciales conflictos que harían necesario el uso de la fuerza”. El problema es que estos escenarios amplifican amenazas no tradicionales y presumen un clima de “incertidumbre estratégica” en el que intervienen “actores estatales y no estatales”. La ENSYD no pondera adecuadamente los riesgos y tiende a asumir un modelo homologado de amenazas que bien podría aplicarse a un país desarrollado o a un Estado fallido. Esto sin detenernos en que el documento termina siendo un híbrido que mezcla elementos de una estrategia nacional con lo militar, lo que explica que vaya de los supuestos temas nacionales a una descripción de medios militares y su financiamiento.

A lo largo del proceso de construcción de la ENSYD se ha citado recurrentemente el modelo español, pero las diferencias entre el texto de la Moncloa y la ENSYD son insalvables. En el caso español se considera el rol del país dentro de la Unión Europea, sus compromisos con la OTAN, la posición geopolítica de España y su cualidad de potencia intermedia. En el proyecto chileno hay un magro y discutible análisis del entorno vecinal y mundial, una declaración de alineamiento con potencias globales como Estados Unidos y Canadá, y una forzada correlación entre el nivel de desarrollo de Chile con un supuesto cambio de peso estratégico difícil de sustentar. Desde el punto de vista técnico las interrogantes abiertas con este proyecto son tantas y diversas, que exigen un acucioso tratamiento legislativo. No se entiende que el gobierno planteara una simple consulta al Senado, con la idea de sancionarlo a través de un Decreto, sin que exista suficiente debate y que éste sea amplio y público dadas su múltiples implicancias.