EXPOSICION ASEGURADORAS

INTRODUCCIÓN

Quisiera hacer una prevención que, no por obvia, deja de ser relevante. Esta exposición no entrará en el análisis de la economía ni abordará aspectos técnicos de la industria financiera nacional. La advertencia obedece a que, quien les habla, como economista calificaría como un buen abogado, y sería mucha pretensión hacer un amago intelectual de este tipo, más aún si esto equivalente a la osadía de intentar pontificar en el Vaticano. Por ello, me ha parecido oportuno que, por competencias propias, pero también en el interés general, abordar aspectos de la política internacional y, en seguida, de nuestra sociedad que nos condicionan e imponen nuevos desafíos. En consonancia con ello, también es pertinente destacar algunos de los factores que pueden marcar tendencias y generar escenarios de incertidumbre, cuando no de riesgos más o menos manifiestos.

Dicho esto, se agradece la invitación.

EXPOSICIÓN

a. Escenario internacional


Pese a la estabilidad económica que ha tenido nuestro país en los últimos cuatro años, las condiciones internacionales han ido cambiando, advirtiendo de una nueva etapa de mayores restricciones externas y un sistema internacional que podría tender a complejizarse. La desaceleración de China va cerrando el denominado “super ciclo” de los commodities y pone un grado de incertidumbre sobre el crecimiento de América Latina, en tanto abastecedor de materias primas, y del resto del mundo. Algunas estimaciones indican que 3 puntos del PIB de China explicarían 1 punto del PIB global.

Aunque el proceso de desaceleración de China se ha dado en forma gradual, la celeridad de éste y su profundidad ha sido elusiva, obligando a reconsiderar a la baja las proyecciones económicas de este año y el próximo. Esta dificultad para situar el impacto de la desaceleración de China obedece, en parte, a que nos fuimos adaptando a mirar con excesivo optimismo la evolución del gigante asiático, así como las perspectivas de crecimiento de los países del grupo de los BRIC’s; pero también porque los niveles de transparencia de sus instituciones no son equiparables al estándar de las grandes economías occidentales.

Es habitual encontrar análisis en los que se presta demasiada atención en las fortalezas de la economía china, sin asumir o ponderar adecuadamente sus debilidades, entre ellas, la factibilidad de mantener su desarrollo basado en un superávit comercial, en desmedro de otras economías; los problemas ligados a la corrupción burocrática; y un mercado financiero insuficientemente regulado y poco selectivo a la hora de otorgar créditos.

En consonancia con lo anterior, el inversionista George Soros advierte sobre los costos que puede tener para China, por ejemplo, la expansión de un sistema de prestamistas informales, consignando que esto puede conducir, en el corto o mediano plazo, hacia una versión de la crisis “sub prime” en la mayor economía de Asia. La alarma planteada por Soros refleja debilidades, tanto del sistema financiero chino como de sus marcos regulatorios.

La segunda consideración sobre el sistema internacional se relaciona con la profundidad de la crisis europea y sus efectos políticos. Asimilamos la crisis económica al conjunto de los países que integran la Unión, pero lo que ha ocurrido, en la práctica, es una fractura que se puede definir entre ganadores y perdedores. Los costos de la crisis se han concentrado en los países mediterráneos (Portugal, España, Francia, Italia y Grecia), aunque no exclusivamente. En tanto, países como Holanda y Alemania mantienen un ritmo sostenido de crecimiento. Esta diferenciación ha consolidado un dominio indiscutido de Alemania en el pacto y, por tanto, la principal responsabilidad sobre el futuro de la eurozona.

Aún con la relevancia de Alemania, es muy sintomático que en la reciente campaña presidencial, que dio como ganadora a Angela Merkel, no estuviera en debate el estado de la Unión ni el devenir de la crisis. En consecuencia, al margen de los problemas económicos, lo que se ha estado incubando en el seno de la Unión Europea es una mayor exposición de corrientes nacionalistas y una licuación de la política. Sería un exceso afirmar que el destino de la UE está contado, pero el peso de Bruselas no está pasando la prueba de la crisis y, más allá de eso, es una gran interrogante la proyección ciudadana en aquellos países que han experimentado el lado amargo de la integración.

Un tercer elemento está marcado por la influencia de Estados Unidos en el devenir mundial. No me detendré en los problemas fiscales actuales ni en el desarrollo de la política interna que tan ampliamente han cubierto los medios, aunque la señal es preocupante. Sin embargo, hay dos temas que pueden tener un impacto importante en el ámbito internacional, como son el conflicto con Siria y el énfasis que estaría adquiriendo el Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés.

La desestabilización interna de Siria, independientemente si el gobierno de Bashar al- Asad usó armas químicas o fueron facciones opositoras, es un nuevo caso que muestra tanto la dificultad de contener la proliferación de armas de destrucción masiva, como la conservación de frágiles equilibrios en el medio oriente. La solución planteada por Rusia no es fácil, en especial porque requiere de una buena dosis de voluntad y gestos de los actores involucrados en esta disputa. A la largo, esto puede exigir definiciones complejas en el seno del Consejo de Seguridad; instancia que, con mucha probabilidad, pasará a integrar nuestro país el próximo año.

El segundo elemento tiene que ver con la evolución que ha ido tomando el denominado TPP, acuerdo que potenciaría el intercambio comercial entre países de APEC. Desde el punto de vista político, el TPP vendría a consolidar y abrir una nueva etapa en las relaciones de los países de la cuenca del Pacífico, un paso relevante para un eje de comercio que debe instalarse como protagonista privilegiado en la economía global del siglo XXI. No obstante, los compromisos en materia de propiedad intelectual, que ha impulsado Estados Unidos, son un costo que debe ser considerado detenidamente. El efecto para Chile de suscribir el acuerdo, por ejemplo, en la disponibilidad de medicamentos de bajo costo, puede acarrear impactos sociales cuya relevancia es creciente.

En síntesis, tenemos un escenario internacional más dinámico; en el que se instalan elementos de cambio de corto y mediano plazo. El impacto de estos procesos a nivel doméstico es incierto, más aún porque hay variables regionales que debieran también ser consideradas, como es el liderazgo que puede ejercer Brasil o el devenir de nuestras relaciones vecinales. Lo que es claro es que las reglas del juego de estos últimos años, están entrando en proceso de cambio y alteración.

b. Escenario nacional

Es probable que en estos últimos dos meses se gastara más tinta en análisis político que durante los primeros años de la transición, lo que hace difícil plantear aspectos que suenen a novedad en esta materia. Por de pronto, pareciera estéril gastar energías en debates sobre si el énfasis está en las cuestiones del pasado o si es necesario mirar al futuro, como si estas cosas fueran las condicionantes o los ejes que marcan la agenda. Este tipo de seudo dilemas ubica el acento en la política y hace perder de vista lo esencial. Es imprescindible mover el foco y preguntarnos ¿cuál es el estado de la sociedad chilena y sus expectativas?.

Esta interrogante no está formulada al azar porque, como señala el filósofo Martin Heidegger: en toda pregunta está contenida la respuesta. Al asumir que el estado de la sociedad chilena tiene que ser situado o definido, partimos del supuesto que hay un factor de cambio social que permanece abierto a interpretaciones. Aquí se han dado muchas lecturas que incluyen un cierto “empoderamiento ciudadano”, una “crisis derivada del mismo crecimiento económico”, un “profundo malestar social”, una “mayor conciencia de derechos”, entre otras. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con las aspiraciones; algo que suele ser mutable y difícil de asimilar, pero que incide en las corrientes de cambio y en su profundidad. La mayoría suscribimos que aquí se trata de impulsar reformas y no de revolución, una premisa que buscaremos fundamentar.
Si ponemos atención a los factores de cambio, hay dos líneas distinguibles: la relación de la ciudadanía con el sistema político y la evaluación respecto del modelo económico. Desde el punto de vista político, es indudable que el voto voluntario genera una aproximación o incumbencia potencialmente más extendida, y decimos potencial porque la última elección municipal sigue marcando una tendencia a una menor participación electoral. Pese a ello, la voluntariedad le da un carácter de injerencia a una base electoral más amplia y diversa, haciendo más interesante el análisis sobre el nuevo tipo de electores.

Si tomamos como referencia las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de 2009 y 2012, que consulta jóvenes entre 15 y 29 años, podemos destacar que, en la primera encuesta, el 43,3% consideraba la democracia como la mejor forma de gobierno, cifra que aumenta a 54,6% el año pasado. En 2009 un 28,8% era indiferente entre un régimen democrático o no democrático, mientras que en la última encuesta bajó a 21,1%. Por otro lado, un 9,8% sostenía que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a la democracia, porcentaje que sube a 15,9%. En términos técnicos, estas diferencias son estadísticamente significativas.

Detrás de las cifras señaladas subyace un problema de satisfacción con la democracia. En 2009, el 27,3% se declaraba insatisfecho o muy insatisfecho, cifra que aumenta a 30,3% en 2012; en contraste, los que se perciben satisfechos o muy satisfechos fueron de 24,1% a 15,8% en el período indicado. Es decir, no es la indiferencia o desinterés lo que condiciona a los jóvenes, sino un problema de sensibilidad que, sin duda, pasa por el largo debate que se ha dado por el sistema educacional y la falta de soluciones estructurales.

Al margen de lo descrito, no podemos dejar de considerar que parte de las dificultades que marcaron al actual gobierno no comenzaron con el conflicto estudiantil, sino con movimientos locales que alcanzaron particular visibilidad con las protestas en Magallanes. De ahí en más, podemos citar las protestas ambientales en Huasco, conflictos sociales en Aysén, Freirina, Tocopilla y otros. Todo esto marca un problema a un nivel que podríamos situar de “micro políticas”, dejando en evidencia que el Estado y gobiernos locales requieren de recursos e iniciativas más proactivas. Esto no es exclusivamente un asunto que debe ser abordado desde las políticas públicas, el factor regional o local incide también en las perspectivas o proyecciones de diversos sectores productivos. 

Según el reporte sobre la minería mundial en 2013, de la consultora Willis con sedes en el Reino Unido y Nueva York, dentro de los principales desafíos de la industria, a nivel global, se encuentran el resurgimiento de nacionalismos y un concepto que, aunque pueda ser debatible, aparece descrito como “licencia social para operar”.1 Esto último abarca tres áreas: medioambiente, sustentabilidad y derechos territoriales. El primero tiene muchas variantes, pero un punto crucial en minería se refiere al uso y preservación de las cuencas y acuíferos. En materia de sustentabilidad, la industria minera enfrenta cambios en la estabilidad jurídica o administrativa que incide en los plazos de rentabilidad de los proyectos. En cuanto a los derechos territoriales no se trata simplemente de disputas de dominio, sino de aquellos derechos comunitarios, en especial indígenas, que deben ser cautelados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

El punto que nos interesa destacar, más allá de los desafíos que enfrenta un sector de la actividad económica, es que las condiciones sociales han cambiado en el mundo. Lo que se instala fuertemente es un nuevo estándar que está exigiendo adaptaciones desde lo público, pero también desde el mundo privado. Si asumimos la terminología de “licencia social para operar” es ineludible asumir que el factor social no puede circunscribirse a la aprobación o ejecución de proyectos, sino al establecimiento de un “modus vivendi” y, en lo posible, un ciclo de interacción virtuosa entre comunidades y emprendimientos.

El fenómeno es tremendamente complejo pero, sin perder de vista nuestro ejemplo inicial, basta ver cómo se ha movido el ranking elaborado por el Instituto Fraser de Canadá en lo que respecta a minería. El centro de investigación realiza una encuesta anual a directivos de las mayores empresas del rubro minero en todo el mundo. Esta encuesta, en 2013, comprendió actividades en 96 países y zonas estaduales; y se verifica un descenso de todos los países latinoamericanos en lo referente a atractivo de inversión minera. De este modo, Chile bajó del lugar 7 de la clasificación mundial en 2009 al lugar 23 en 2013; Perú, en el mismo período, fue del 39 al puesto 58; Brasil cayó del 40 al 61; Colombia, de 48 pasó a 66; en tanto Bolivia y Venezuela pasaron al piso de la tabla en 2013 en los lugares 90 y 94, respectivamente.

Un punto que hay que precisar es que la escala diseñada por el Fraser Institute no tiene un correlato estricto en cuanto a la materialización de inversiones mineras Existen otros aspectos decisivos para los inversionistas que no son considerados en el estudio, como la incidencia de economías de escala, conocimiento del país, inversiones en ejecución y otros que hacen posible, para varios países latinoamericanos, seguir captando niveles de inversión muy importantes y disputar posiciones “top ten” en cuanto a producción mundial. No obstante, la señal es clara, independientemente de cómo evoluciona el valor de los commodities, las exigencias sobre las empresas seguirán siendo un elemento instalado y, en ello, las opiniones locales tienen un espacio del que hay que hacerse cargo.

La otra cuestión que implicaba nuestra pregunta consistía en las percepciones sobre el modelo económico. En general, diversas encuestas permiten fundamentar que las visiones sobre la economía no son un elemento central, pero tampoco podemos afirmar que hay una adhesión mayoritaria al modelo económico o, al menos, hacia la forma en que éste funciona. Si consideramos como referencia las encuestas CEP, las visiones negativas sobre la situación económica se imponen sobre las positivas desde 1994, con cambios de correlación solo en ocasiones muy puntuales. Sin embargo, lo que prima en la opinión pública es más bien indiferencia, en rangos que van de 41% a 58% en los últimos dos gobiernos.

Lo anterior advierte sobre la importancia de cautelar o restaurar los márgenes positivos de la macroeconomía, pero también pone un acento en el desempeño de los actores económicos. Casos como la colusión de farmacias, la Polar, el perdonazo tributario a Jonhson’s, cobros unilaterales en tarjetas de crédito o, últimamente, las sociedades “cascadas” son el tipo de problemas que erosionan la confianza pública. Por ello, no cabe suponer que si en la política el respaldo ciudadano se ha hecho más crítico, no pueda ocurrir lo mismo en el plano económico.

Lo descrito, debe hacernos pensar en la segunda parte de nuestra pregunta que trataba sobre las expectativas de la sociedad chilena. La respuesta a ella, a nuestro juicio, se expresa en las propuestas de la ex Presidenta Bachelet, cuyo alcance se puede definir en base al concepto de inclusión, pero entendida de una forma integral, porque ningún sistema político democrático es sostenible si no advertimos y corregimos los atisbos de polarización o la indiferencia generalizada. No podemos proyectar a Chile sólo con cambios políticos, porque las reformas deben estar a la altura de lo que la sociedad requiere, lo que implica también abordar la cuestión tributaria. Esto último, claro está, en un marco que no pretende desconocer los derechos legítimos de los actores económicos y su aporte en el desarrollo del país.


Muchas gracias