MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS

(LAS PROPUESTAS DE LA DC SOBRE REFORMA POLITICO-INSTITUCIONAL)

La DC ha sido siempre una fuerza democrática y democratizadora. Sus parlamentarios se opusieron a la ley maldita (1948). Un diputado suyo –Jorge Rogers- es el padre de la cedula única (1958). Frei Montalva promovió una profudización de la participación durante su gobierno (promoción popular, sindicalización campesina, reformas constitucionales de 1970, incluyendo un verdadero sufragio universal, entre otras).

Durante la dictadura militar, los liderazgos más significativos del partido asumieron una posición de defensa de los derechos humanos y de lucha por la recuperación democrática. La DC, además, jugó un papel decisivo en la creación de espacios para pensar y discutir la redemocratización (Grupo de los 24, CED, CIEPLAN, Acuerdo Nacional, entre otros).

Fue en el gobierno de Patricio Aylwin que transitamos a la democracia en un clima de paz y concordia, y fue en los 20 años de gobiernos de la Concertación que este país se hizo más democrático e inclusivo.

Estamos conscientes, sin embargo, que nuestra democracia puede y debe ser perfeccionada para que más personas se sientan identificadas con ella, para que el debate político tenga mayor calidad y las políticas públicas beneficien a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. Llamamos a no conformarnos con la democracia que tenemos, y a abrir más espacios de participación y libertad.

Manifestamos nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación, para proponerla al país en breve plazo. Esta no es una bandera para tiempos electorales, sino que responde a un imperativo de responsabilidad y de coherencia ética.

También parece necesario incorporar en el proceso de discusión a otros sectores de la oposición, así como a actores de la sociedad civil (trabajadores organizados, estudiantes universitarios, ONG, etc.).

Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy varias crisis evidentes. En primer lugar, una crisis de legitimidad de los partidos y los dirigentes y representantes políticos; en segundo lugar, una crisis que podríamos denominar de legalidad, en

cuanto la ley debe ser la expresión de la mayoría, lo que la Constitución no asegura; en tercer lugar, una crisis de representación, tanto por el sistema electoral como por los mecanismos de reemplazo en caso de vacancia y, en cuarto lugar, una crisis de igualdad, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.

Estamos convencidos de que la reforma política es una necesidad urgente, que debemos enfrentar con decisión antes de que se convierta en crónica y destruya nuestro régimen democrático, y que debe fundarse en los siguientes principios fundamentales:

1. El fortalecimiento de la base democrática

2. La revalorización del principio democrático en el origen del poder

3. La eliminación de los obstáculos para el correcto funcionamiento para la regla de mayoría.

4. El respeto de las minorías

5. Democracia transparente

6. Descentralización efectiva y eficiente.

Nuestra propuesta de hoy comienza por reafirmar nuestra voluntad de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a todos aquellos compatriotas a quienes nuestra Constitución reconoce como ciudadanos. Por lo mismo, nos interesa asegurar tanto una pronta puesta en marcha del sistema de inscripción automática como la aprobación de un mecanismo expedito y no excluyente para el voto de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Aunque en nuestro último Congreso partidario adoptamos una clara posición a favor del voto obligatorio, entendemos que existe un acuerdo político en favor del voto voluntario. Como siempre, vamos a honrar ese acuerdo.

Advertimos, en algunos sectores de la Coalición gobernante, una disposición a introducir perfeccionamientos a nuestra democracia. Varias de las ideas que ha planteado a este respecto públicamente el Ministro Secretario General de la Presidencia nos parecen dignas de consideración y, por lo mismo, nuestros parlamentarios llevan adelante un diálogo serio para buscar acuerdos sobre ellas. No obstante, ellas nos parecen de un alcance muy limitado. La aprobación de ese conjunto acotado de enmiendas no resuelve las debilidades más estructurales de nuestra institucionalidad democrática.

Abiertos al diálogo, proponemos al país las siguientes reformas político-institucionales en una perspectiva de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia:

1.- Reforma electoral de verdad que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país. No nos prestaremos a un acuerdo electoral hecho a la medida de las necesidades de un par de senadores de derecha que quieren ahorrarse el costo de competir con rivales fuertes de su propio pacto en las próximas elecciones. No nos parece suficiente, por lo mismo, que una reforma electoral consista, pura y simplemente, en agregar 2, 4 o 6 nuevas circunscripciones senatoriales binominales adicionales.

Queremos un sistema electoral que, sin propender a la proliferación y atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Queremos que haya ganadores y perdedores. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones para una política elitista e inmovilista, lo cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de liderazgos carismáticos populistas y desprestigia el sistema democrático que no aparece como realmente competitivo.

La Democracia Cristiana propone sustituir el actual sistema electoral binominal por uno de representación proporcional, teniendo como base la propuesta de la Comisión Boeninger (que adjuntamos en Anexo a esta propuesta).

En materia de Diputados, dicha propuesta supone la elección de 150 diputados, agrupados en 29 distritos. De estos últimos, solo en 4 distritos se elegiría a 2 diputados cada uno, correspondiendo a las regiones extremas del país. En 6 distritos se elegiría a 8 diputados, en 8 distritos se elegiría a 6 diputados, en 3 distritos a 5 diputados, en 7 distritos a 4 diputados, y en 1 distrito a 3 diputados.

En el caso de los Senadores, se elegiría a 50 senadores, distribuidos en 15 Circunscripciones, con 8 circunscripciones que elegirían a 2 senadores cada una, 2 que elegirían a 3 senadores, 2 que elegirían a 4 senadores, y 4 que elegirían a 5 senadores.

2.- Revisión profunda del sistema de quórum –o “super-mayorías”- para reformas legales. No nos parece que para regular cualquier asunto de mediana importancia sea necesario reunir los 4/7 de los votos en ejercicio de diputados y senadores. Tras el aparente objetivo de promover consensos, se ha terminado consagrando el veto de las minorías. En esas condiciones, los ganadores de las elecciones no pueden llevar a cabo los cambios queridos por el electorado. Proponemos, por tanto, modificar el artículo 66 de la Carta Fundamental para

sustituir la expresión cuatro séptimos por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Resulta indispensable, además, revisar las potestades del Tribunal Constitucional, especialmente respecto del control preventivo, que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contramayoritario, así como respecto de los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.

3.- Reforma de la representación Política.

Queremos profundizar la democracia. Eso significa, muy principalmente, mayor participación ciudadana. Por lo mismo, reiteramos nuestro apoyo a una ley de primarias públicas, abiertas y vinculantes.

Al mismo tiempo, necesitamos fortalecer los partidos políticos. Ello significa, entre otras cosas, lo siguiente:

Promover su democracia interna, garantizando a todos los militantes el derecho de incidir de manera regular y efectiva en la definición de las autoridades y de la línea política.

Robustecer mecanismos de supervigilancia que, respetando la autonomía de estas corporaciones, aseguren la limpieza de los procedimientos electorales internos y la corrección en el uso de los recursos. Proponemos dotar de una efectiva autonomía al Servicio Electoral, y crear una Superintendencia de Partidos Políticos.

Proveer fuentes de financiamiento directo o indirecto, público y privado, para que estas colectividades puedan cubrir adecuadamente su funcionamiento regular, especialmente en relación a su despliegue territorial (sedes regionales), su apoyo técnico (asesoría y centros de estudios) y su política de formación (juventud y extensión). Además, queremos que el Servicio Electoral y la ciudadanía cuente con herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral, que constituye fuente de desigualdad y una fuerte de barrera de entrada para nuevos actores políticos.

4.- Estamos, en cuarto lugar, por la profundización de la descentralización política y administrativa del país. En este terreno, la ley de reforma constitucional N° 20.390, impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, y aprobada hace un año, constituye un avance innegable (incluye aspectos importantes como la elección de Consejeros Regionales por voluntad popular). Nos parece indispensable, sin embargo, que las posibilidades democratizadoras de esa reforma se materialicen pronto en cambios legales, traspaso de competencias y transferencia de recursos.

Impulsaremos en el Congreso Nacional las modificaciones legales que aseguren que los próximos consejeros regionales sean elegidos efectivamente en forma directa por los ciudadanos de las distintas regiones.

Junto con ello, impulsaremos una profunda reforma política y administrativa que contemple los siguientes aspectos:

4.1. Elección de un Gobernador Regional en reemplazo de las actuales Intendencias. Cabe recordar que estas últimas tienen su origen en las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, que establecieron una estructura político-administrativa fuertemente centralista, cuyas características fundamentales perduran hasta nuestros días.

Manteniendo las características de un estado unitario, sin que aparezcan –al menos hasta ahora- razones que justifiquen avanzar hacia la creación de un estado federal, somos partidarios que tanto los Gobernadores Regionales como los Consejeros Regionales sean elegidos por voluntad popular.

En cuanto al argumento comúnmente –y legítimamente- esgrimido, en cuanto al estatus que ello implicaría en relación a las fuerzas de orden y seguridad, y los temas relacionados de orden público y seguridad ciudadana, somos partidarios de crear una figura de delegado regional a cargo de las mismas, dependiente del recientemente creado Ministerio del Interior y Sguridad Pública.

4.2. Transformar a los Municipios en auténticos gobiernos comunales autónomos. A pesar de que estos han experimentado numerosos cambios en una perspectiva de modernización, y que ya no son los Municipios del “aseo y ornato” que conocimos hasta los años 70, es necesaria una verdadera modernización que implique plantearse derechamente la autonomía de los gobiernos municipales. Ello implica una verdadera autonomía administrativa y financiera, dotando de facultades a dicho Municipio para fijar la planta administrativa, las remuneraciones de su personal, y el presupuesto comunal. Todo ello, en el contexo de una sana política fiscal, que vele adecuadamente por los equilibrios macro económicos básicos, que logre la compatibildad y armonía entre la autoridad nacional y comunal respectivas.

La Ley de la Comuna Autónoma (1891) fue un gran paso en la dirección de la descentralización del país. Sin embargo, nuestra estructura política y administrativa sigue siendo fuertemente centralizada. Es hora de avanzar hacia un gobierno municipal verdaderamente autónomo.

4.3. Al mismo tiempo que los fortalecemos, necesitamos establecer eficaces mecanismos de control y fiscalización de las Municipalidades, para evitar la

aparición de actos reñidos con la probidad y hacer más eficiente y más cercana su relación con los ciudadanos. Ello permitirá avanzar, además, en el mejoramiento de sus mecanismos y estructuras de financiamiento, de manera que sea posible dejar atrás su dependencia del Estado central, lo que obviamente reduce sus márgenes de autonomía.

4.3. Creación de nuevos Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de gobiernos regionales y comunales. Tal es el caso el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano. Una Ley de Quorum Calificado, según la nueva definición que hemos establecido anteriormente, regulará la creación y funcionamiento de los nuevos Gobiernos Metropolitanos.

5. En el caso de los Gobiernos Regionales, se considerará, de manera especial, los siguientes aspectos:

5.1. La regulación del presupuesto de la Región, considerando su forma de aprobación por el Consejo, la participación que cabe en dicho proceso a la comunidad y la manera en que se pueden generar recursos propios.

5.2. La forma en que las regiones pueden pactar, y luego ejecutar, convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública.

5.3. El procedimiento, las condiciones y el cronograma con arreglo al cual el Presidente de la República deberá transferir a uno o más gobiernos regionales aquellas competencias de Ministerios y servicios públicos que han de pasar a la gestión directa de las regiones. Este traspaso gradual y selectivo se construirá sobre la base de estatutos constitucionales progresivos, que aseguren un aumento de las potestades regionales frente al cumplimiento de estándares concretos de cumplimiento en materia de políticas públicas, como empleo, crecimiento o salud, entre otros,

6. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. De alguna manera, dicha institución de una manfestación de la ideología que inspiró a la Constitución de 1980. Adicionalmente, un estado democrático de derecho cuenta con instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos.

7. Creación de un Consejo Económico Social con rango constitucional, que permita una vinculación permanente del gobierno y el parlamento con la sociedad organizada, de manera que se enriquezca el debate democrático y se mejore la

representación de la sociedad en el proceso de toma de las grandes decisiones políticas, sociales y económicas del país.

8. Creemos indispensable el establecimiento de una acción de protección de todos los derechos garantizados por la Constitución, de carácter contencioso administrativo, ante un órgano dotado de suficiente autonomía e imperio, y con un procedimiento que haga posible amplios procesos de mediación entre la Administración y los ciudadanos.

Asimismo, es necesario fortalecer algunos derechos sociales actualmente recogidos en la Constitución, como el de la Seguridad Social, la Educación y la sindicalización y el derecho a huelga, e incorporar algunos nuevos, como la protección de los consumidores y de los usuarios.