Los Derechos del Niño

A propósito del reciente aniversario de la promulgación (20 años, Gobierno de Don Patricio Aylwin) en Chile de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño como Ley de la República, me parece importante reseñar:

1. El rol que ha jugado y debe seguir jugando el legislador, en materia de adecuación de la legislación chilena a las obligaciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño. Con orgullo puedo indicar que, entre muchos, he participado en estos desafios.

a) La ley 19.585, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, eliminando la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos;

b) La ley 19.620 (modificada por ley 20.203), sobre nuevas normas de adopción de menores;

c) La ley 19.968 (modificada por ley 20.286) que crea los tribunales de familia;

d) La ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar;

e) La ley 20.086, (modificada por ley 20.191) que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil;

f) La reforma constitucional que amplió la gratuidad del derecho a la educación a la enseñanza media, la creación de la jornada escolar completa y la dictación de la ley 20.370 (Ley General de Educación), que refuerza los principios de gratuidad y calidad de la educación y;

g) La Ley 20.379, que crea el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, el que busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas (desde su gestación a los 4 años de edad) y sus familias.

2. Algunos desafíos pendientes, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo:

a) Emprender reformas legales destinadas a consagrar un sistema penal juvenil realmente especializado, emprender mejoras sustanciales a los programas y centros dedicados a responsabilizar y reinsertar a adolescentes infractores de ley y mejorar los índices de educación y salud física y mental actuales. Junto con el Diputado Marcelo Díaz hemos presentado una Moción en esta dirección.

b) Avanzar hacia la derogación de una Ley de Menores (Ley 16.618 de 1967) promulgada e interpretada a la luz de los principios del sistema tutelar de menores y reemplazarla por una auténtica Ley de Protección de Derechos de la Infancia que sirva de marco interpretativo de la jurisdicción de familia. Esa ley debiera ir acompañada también de una figura nacional de protección de derechos de la infancia, como el Defensor del Niño, en las jurisdicciones comparadas.

c) Una profunda reforma a la institucionalidad de infancia y adolescencia, de modo tal que sea posible superar los límites que actualmente exhibe la estructura del Servicio Nacional de Menores (SENAME). En esta materia, se requerirá de una reforma que nos sea sólo funcional, sino que implique un profundo diagnóstico de los límites actuales del sistema, la creación de indicadores específicos en materia de estándares de salud, educación, prevención, reinserción, fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, que permiten medir en el tiempo, la pertinencia de las modificaciones institucionales emprendidas.

d) Retomar seriamente la preocupación por el trabajo infantil. Según cifras del Ministerio del Trabajo, más de 196 mil niños y adolescentes trabajan en Chile. De ellos, 107 mil lo hace en condiciones inaceptables, no cumplen la edad mínima de admisión legal al empleo de 15 años, no asisten a la escuela y trabajan en la calle, de noche o por más tiempo que la jornada legalmente establecida para todos los trabajadores. A su vez, al año 2006, eran más de 3.700 los niños y niñas involucrados en las peores formas de explotación sexual. Las edades de esos niños prostituidos van desde los 5 hasta los 18 años, concentrados mayoritariamente entre los 11 y 16 años de edad.

e) Emprender políticas destinadas a hacerse cargo de la protección de los derechos de niños particularmente vulnerables. No deja de ser preocupante el que el Estado de Chile carezca de información precisa y relevante sobre el estado de satisfacción de los derechos de los niños migrantes y refugiados que residen en Chile, de los índices de discriminación en contra de niños y adolescentes pertenecientes a minorías sexuales y de los niveles de afectación de los derechos de aquellos niños de origen indígena, particularmente de aquellos pertenecientes al pueblo Mapuche y que enfrentan la violencia del conflicto día tras día.

Hay tareas y muchas.