Claus Roxin, referente mundial del Derecho Penal, de visita en Chile.

Fuente: El Mercurio, 27 de septiembre de 2009

El renombrado penalista alemán rechaza endurecer las penas para combatir la reincidencia y recomienda adoptar medidas de terapia social. Además, descarta la existencia de una legislación penal específica para pueblos originarios, ya que la considera "discriminatoria".
Matías Bakit R.

La Universidad Andrés Bello estaba repleta de gente pidiendo autógrafos. Pero no eran fans de algún artista o figura de la farándula. Eran abogados, todos especialistas en derecho penal, que el martes por la mañana esperaban pacientemente que una leyenda del derecho les firmara uno de sus libros.

¿Quién es la persona capaz de causar tal expectación entre los abogados? Nada menos que uno de los penalistas vivos más influyentes del mundo -y, según algunos especialistas, uno de los tres más trascendentes de la historia-, el alemán Claus Roxin.

Este abogado de 78 años -que posee 18 doctorados Honoris Causa- es autor de muchas de las teorías más importantes del área y sus enseñanzas son citadas en fallos de tribunales de todo el mundo, incluida la Corte Suprema de Chile, país con el que tiene una estrecha relación e incluso amigos, como Alfredo Etcheberry y Carlos Kunsemüller.

Estuvo esta semana en Chile invitado por la Universidad Andrés Bello para dictar dos conferencias. En medio de su agenda, habló con "El Mercurio" sobre la política criminal y la delincuencia, antes de seguir viaje hacia Torres del Paine.

-Chile tiene uno de los códigos penales más antiguos del mundo... ¿Qué es lo fundamental que debiera tener un Código Penal del siglo XXI?

-Los principios básicos debieran ser cumplir con el Estado de Derecho y profundizar en un Estado social. Esto último significa que hay que enfocar las penas hacia la resocialización. En este contexto, una de las premisas básicas que se está siguiendo en Alemania y el mundo es evitar las penas privativas de libertad en delitos menores, porque el preso sufre una serie de desventajas: se transforma en antisocial, se aleja de su familia y conoce a otros presidiarios. Hoy, el 80% de las penas en Alemania son penas de multa.

-Pero, ¿qué sucede en los casos de delitos más graves, como el crimen organizado, el terrorismo o los crímenes sexuales?

-Es que debe haber dos derechos penales. Uno menos invasivo y otro para ese tipo de crímenes. La tendencia es que, para delitos muy graves, se deben imponer penas graves de cárcel.

-¿Qué sugiere usted para lograr cambios efectivos en quienes cometen delitos y evitar la reincidencia?

-Hay muchas opciones, pero lo que no hay que hacer, aunque suele ser común en todos los países, es endurecer la pena en casos de reincidencia. La razón de esto es que el reincidente tiene una postura hostil hacia el derecho y mientras peor se le trate y más penas se le impongan, esa hostilidad va a aumentar más. Así no se puede lograr la resocialización.

-Una buena opción es lo que se hace en Alemania: adoptar medidas de terapia social. Hay establecimientos donde intervienen pedagogos y psiquiatras y se busca la resocialización a través de medidas educadoras que entrenan al delincuente para que tenga una futura vida social pacífica. Los resultados son muy buenos, pues en Alemania ha habido una reducción en las cotas de criminalidad.

-En Chile ha existido un gran debate respecto de la responsabilidad penal adolescente. ¿A qué edad un joven debiera ser imputable?

-Por ejemplo, en el caso de mi país, hay un derecho penal juvenil aplicable a personas de entre 14 y 18 años. Sin embargo, el problema tiene que ver con aspectos familiares. Muchos niños son descuidados por sus padres y, por eso, en los últimos años, la criminalidad de menores ha aumentado considerablemente.

-¿Cómo cree usted que se puede resolver este debate?

-La solución no está en el derecho penal, la solución está en combatir el problema. Los gobiernos y los sistemas de ayuda social deben intervenir antes de que ocurran los delitos. Se debería ayudar consistentemente a los padres que no pueden velar por sus hijos.

-¿Cómo compatibilizar las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía con un discurso penal que se percibe muy centrado en el garantismo?

-Siempre la gente y los políticos exigen que los delincuentes sean tratados con toda la rudeza de la ley. Y es normal. Sin embargo, todos los especialistas recomiendan exactamente lo contrario. Hay que lograr un término medio. Más daño se hace imponiendo penas y estigmatizando a alguien de por vida. Para mí la clave es evitar los hechos antes de que pasen.

-¿Debe haber una legislación penal específica en el caso de pueblos originarios?

-No es recomendable. Todas las personas son iguales ante la ley. Un derecho así sería discriminatorio. No debe haber dos formas de ver el derecho penal. Se trata de integrar a la gente. Y una cultura separada, tratada de manera diferenciada por la justicia, no puede florecer.

-Chile está en plena campaña presidencial, ¿qué les recomendaría a los candidatos en materia de políticas de seguridad?

-En mi experiencia, los políticos siempre prometen mayores sanciones y piden un derecho penal más grave. Mi recomendación sería que no hagan eso, que no trabajen para excluir al delincuente sino para integrarlo. Una justicia así no sólo sería más humana, sino que mucho más efectiva.