INTRODUCCIÓN
Quisiera hacer una prevención que, no por obvia,
deja de ser relevante. Esta exposición no entrará en el análisis de la
economía ni abordará aspectos técnicos de la industria financiera
nacional. La advertencia obedece a que, quien les habla, como economista
calificaría como un buen abogado, y sería mucha pretensión hacer un
amago intelectual de este tipo, más aún si esto equivalente a la osadía
de intentar pontificar en el Vaticano. Por ello, me ha parecido oportuno
que, por competencias propias, pero también en el interés general,
abordar aspectos de la política internacional y, en seguida, de nuestra
sociedad que nos condicionan e imponen nuevos desafíos. En consonancia
con ello, también es pertinente destacar algunos de los factores que
pueden marcar tendencias y generar escenarios de incertidumbre, cuando
no de riesgos más o menos manifiestos.
Dicho esto, se agradece la invitación.
EXPOSICIÓN
a. Escenario internacional
Pese
a la estabilidad económica que ha tenido nuestro país en los últimos
cuatro años, las condiciones internacionales han ido cambiando,
advirtiendo de una nueva etapa de mayores restricciones externas y un
sistema internacional que podría tender a complejizarse. La
desaceleración de China va cerrando el denominado “super ciclo” de los
commodities y pone un grado de incertidumbre sobre el crecimiento de
América Latina, en tanto abastecedor de materias primas, y del resto del
mundo. Algunas estimaciones indican que 3 puntos del PIB de China
explicarían 1 punto del PIB global.
Aunque el proceso de
desaceleración de China se ha dado en forma gradual, la celeridad de
éste y su profundidad ha sido elusiva, obligando a reconsiderar a la
baja las proyecciones económicas de este año y el próximo. Esta
dificultad para situar el impacto de la desaceleración de China obedece,
en parte, a que nos fuimos adaptando a mirar con excesivo optimismo la
evolución del gigante asiático, así como las perspectivas de crecimiento
de los países del grupo de los BRIC’s; pero también porque los niveles
de transparencia de sus instituciones no son equiparables al estándar de
las grandes economías occidentales.
Es habitual encontrar
análisis en los que se presta demasiada atención en las fortalezas de la
economía china, sin asumir o ponderar adecuadamente sus debilidades,
entre ellas, la factibilidad de mantener su desarrollo basado en un
superávit comercial, en desmedro de otras economías; los problemas
ligados a la corrupción burocrática; y un mercado financiero
insuficientemente regulado y poco selectivo a la hora de otorgar
créditos.
En consonancia con lo anterior, el inversionista George
Soros advierte sobre los costos que puede tener para China, por
ejemplo, la expansión de un sistema de prestamistas informales,
consignando que esto puede conducir, en el corto o mediano plazo, hacia
una versión de la crisis “sub prime” en la mayor economía de Asia. La
alarma planteada por Soros refleja debilidades, tanto del sistema
financiero chino como de sus marcos regulatorios.
La segunda
consideración sobre el sistema internacional se relaciona con la
profundidad de la crisis europea y sus efectos políticos. Asimilamos la
crisis económica al conjunto de los países que integran la Unión, pero
lo que ha ocurrido, en la práctica, es una fractura que se puede definir
entre ganadores y perdedores. Los costos de la crisis se han
concentrado en los países mediterráneos (Portugal, España, Francia,
Italia y Grecia), aunque no exclusivamente. En tanto, países como
Holanda y Alemania mantienen un ritmo sostenido de crecimiento. Esta
diferenciación ha consolidado un dominio indiscutido de Alemania en el
pacto y, por tanto, la principal responsabilidad sobre el futuro de la
eurozona.
Aún con la relevancia de Alemania, es muy sintomático
que en la reciente campaña presidencial, que dio como ganadora a Angela
Merkel, no estuviera en debate el estado de la Unión ni el devenir de la
crisis. En consecuencia, al margen de los problemas económicos, lo que
se ha estado incubando en el seno de la Unión Europea es una mayor
exposición de corrientes nacionalistas y una licuación de la política.
Sería un exceso afirmar que el destino de la UE está contado, pero el
peso de Bruselas no está pasando la prueba de la crisis y, más allá de
eso, es una gran interrogante la proyección ciudadana en aquellos países
que han experimentado el lado amargo de la integración.
Un
tercer elemento está marcado por la influencia de Estados Unidos en el
devenir mundial. No me detendré en los problemas fiscales actuales ni en
el desarrollo de la política interna que tan ampliamente han cubierto
los medios, aunque la señal es preocupante. Sin embargo, hay dos temas
que pueden tener un impacto importante en el ámbito internacional, como
son el conflicto con Siria y el énfasis que estaría adquiriendo el
Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés.
La
desestabilización interna de Siria, independientemente si el gobierno
de Bashar al- Asad usó armas químicas o fueron facciones opositoras, es
un nuevo caso que muestra tanto la dificultad de contener la
proliferación de armas de destrucción masiva, como la conservación de
frágiles equilibrios en el medio oriente. La solución planteada por
Rusia no es fácil, en especial porque requiere de una buena dosis de
voluntad y gestos de los actores involucrados en esta disputa. A la
largo, esto puede exigir definiciones complejas en el seno del Consejo
de Seguridad; instancia que, con mucha probabilidad, pasará a integrar
nuestro país el próximo año.
El segundo elemento tiene que ver
con la evolución que ha ido tomando el denominado TPP, acuerdo que
potenciaría el intercambio comercial entre países de APEC. Desde el
punto de vista político, el TPP vendría a consolidar y abrir una nueva
etapa en las relaciones de los países de la cuenca del Pacífico, un paso
relevante para un eje de comercio que debe instalarse como protagonista
privilegiado en la economía global del siglo XXI. No obstante, los
compromisos en materia de propiedad intelectual, que ha impulsado
Estados Unidos, son un costo que debe ser considerado detenidamente. El
efecto para Chile de suscribir el acuerdo, por ejemplo, en la
disponibilidad de medicamentos de bajo costo, puede acarrear impactos
sociales cuya relevancia es creciente.
En síntesis, tenemos un
escenario internacional más dinámico; en el que se instalan elementos de
cambio de corto y mediano plazo. El impacto de estos procesos a nivel
doméstico es incierto, más aún porque hay variables regionales que
debieran también ser consideradas, como es el liderazgo que puede
ejercer Brasil o el devenir de nuestras relaciones vecinales. Lo que es
claro es que las reglas del juego de estos últimos años, están entrando
en proceso de cambio y alteración.
b. Escenario nacional
Es
probable que en estos últimos dos meses se gastara más tinta en
análisis político que durante los primeros años de la transición, lo que
hace difícil plantear aspectos que suenen a novedad en esta materia.
Por de pronto, pareciera estéril gastar energías en debates sobre si el
énfasis está en las cuestiones del pasado o si es necesario mirar al
futuro, como si estas cosas fueran las condicionantes o los ejes que
marcan la agenda. Este tipo de seudo dilemas ubica el acento en la
política y hace perder de vista lo esencial. Es imprescindible mover el
foco y preguntarnos ¿cuál es el estado de la sociedad chilena y sus
expectativas?.
Esta interrogante no está formulada al azar
porque, como señala el filósofo Martin Heidegger: en toda pregunta está
contenida la respuesta. Al asumir que el estado de la sociedad chilena
tiene que ser situado o definido, partimos del supuesto que hay un factor
de cambio social que permanece abierto a interpretaciones. Aquí se han
dado muchas lecturas que incluyen un cierto “empoderamiento ciudadano”,
una “crisis derivada del mismo crecimiento económico”, un “profundo
malestar social”, una “mayor conciencia de derechos”, entre otras. La
segunda parte de la pregunta tiene que ver con las aspiraciones; algo
que suele ser mutable y difícil de asimilar, pero que incide en las
corrientes de cambio y en su profundidad. La mayoría suscribimos que
aquí se trata de impulsar reformas y no de revolución, una premisa que
buscaremos fundamentar.
Si ponemos atención a los factores de
cambio, hay dos líneas distinguibles: la relación de la ciudadanía con
el sistema político y la evaluación respecto del modelo económico. Desde
el punto de vista político, es indudable que el voto voluntario genera
una aproximación o incumbencia potencialmente más extendida, y decimos
potencial porque la última elección municipal sigue marcando una
tendencia a una menor participación electoral. Pese a ello, la
voluntariedad le da un carácter de injerencia a una base electoral más
amplia y diversa, haciendo más interesante el análisis sobre el nuevo
tipo de electores.
Si tomamos como referencia las encuestas
realizadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de 2009 y
2012, que consulta jóvenes entre 15 y 29 años, podemos destacar que, en
la primera encuesta, el 43,3% consideraba la democracia como la mejor
forma de gobierno, cifra que aumenta a 54,6% el año pasado. En 2009 un
28,8% era indiferente entre un régimen democrático o no democrático,
mientras que en la última encuesta bajó a 21,1%. Por otro lado, un 9,8%
sostenía que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario podría
ser preferible a la democracia, porcentaje que sube a 15,9%. En términos
técnicos, estas diferencias son estadísticamente significativas.
Detrás
de las cifras señaladas subyace un problema de satisfacción con la
democracia. En 2009, el 27,3% se declaraba insatisfecho o muy
insatisfecho, cifra que aumenta a 30,3% en 2012; en contraste, los que
se perciben satisfechos o muy satisfechos fueron de 24,1% a 15,8% en el
período indicado. Es decir, no es la indiferencia o desinterés lo que
condiciona a los jóvenes, sino un problema de sensibilidad que, sin
duda, pasa por el largo debate que se ha dado por el sistema educacional
y la falta de soluciones estructurales.
Al margen de lo
descrito, no podemos dejar de considerar que parte de las dificultades
que marcaron al actual gobierno no comenzaron con el conflicto
estudiantil, sino con movimientos locales que alcanzaron particular
visibilidad con las protestas en Magallanes. De ahí en más, podemos
citar las protestas ambientales en Huasco, conflictos sociales en Aysén,
Freirina, Tocopilla y otros. Todo esto marca un problema a un
nivel que podríamos situar de “micro políticas”, dejando en evidencia
que el Estado y gobiernos locales requieren de recursos e iniciativas
más proactivas. Esto no es exclusivamente un asunto que debe ser
abordado desde las políticas públicas, el factor regional o local incide
también en las perspectivas o proyecciones de diversos sectores
productivos.
Según el reporte sobre la minería mundial en 2013,
de la consultora Willis con sedes en el Reino Unido y Nueva York, dentro
de los principales desafíos de la industria, a nivel global, se
encuentran el resurgimiento de nacionalismos y un concepto que, aunque
pueda ser debatible, aparece descrito como “licencia social para
operar”.1 Esto último abarca tres áreas: medioambiente, sustentabilidad y
derechos territoriales. El primero tiene muchas variantes, pero un
punto crucial en minería se refiere al uso y preservación de las cuencas
y acuíferos. En materia de sustentabilidad, la industria minera
enfrenta cambios en la estabilidad jurídica o administrativa que incide
en los plazos de rentabilidad de los proyectos. En cuanto a los derechos
territoriales no se trata simplemente de disputas de dominio, sino de
aquellos derechos comunitarios, en especial indígenas, que deben ser
cautelados de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
El punto que nos
interesa destacar, más allá de los desafíos que enfrenta un sector de
la actividad económica, es que las condiciones sociales han cambiado en
el mundo. Lo que se instala fuertemente es un nuevo estándar que está
exigiendo adaptaciones desde lo público, pero también desde el mundo
privado. Si asumimos la terminología de “licencia social para operar” es
ineludible asumir que el factor social no puede circunscribirse a la
aprobación o ejecución de proyectos, sino al establecimiento de un
“modus vivendi” y, en lo posible, un ciclo de interacción virtuosa entre
comunidades y emprendimientos.
El fenómeno es tremendamente
complejo pero, sin perder de vista nuestro ejemplo inicial, basta ver
cómo se ha movido el ranking elaborado por el Instituto Fraser de Canadá
en lo que respecta a minería. El centro de investigación realiza una
encuesta anual a directivos de las mayores empresas del rubro minero en
todo el mundo. Esta encuesta, en 2013, comprendió actividades en 96
países y zonas estaduales; y se verifica un descenso de todos los países
latinoamericanos en lo referente a atractivo de inversión minera. De
este modo, Chile bajó del lugar 7 de la clasificación mundial en 2009 al
lugar 23 en 2013; Perú, en el mismo período, fue del 39 al puesto 58;
Brasil cayó del 40 al 61; Colombia, de 48 pasó a 66; en tanto Bolivia y
Venezuela pasaron al piso de la tabla en 2013 en los lugares 90 y 94,
respectivamente.
Un punto que hay que precisar es que la escala
diseñada por el Fraser Institute no tiene un correlato estricto en
cuanto a la materialización de inversiones mineras Existen otros
aspectos decisivos para los inversionistas que no son considerados en el
estudio, como la incidencia de economías de escala, conocimiento del
país, inversiones en ejecución y otros que hacen posible, para varios
países latinoamericanos, seguir captando niveles de inversión muy
importantes y disputar posiciones “top ten” en cuanto a producción
mundial. No obstante, la señal es clara, independientemente de cómo
evoluciona el valor de los commodities, las exigencias sobre las
empresas seguirán siendo un elemento instalado y, en ello, las opiniones
locales tienen un espacio del que hay que hacerse cargo.
La otra
cuestión que implicaba nuestra pregunta consistía en las percepciones
sobre el modelo económico. En general, diversas encuestas permiten
fundamentar que las visiones sobre la economía no son un elemento
central, pero tampoco podemos afirmar que hay una adhesión mayoritaria
al modelo económico o, al menos, hacia la forma en que éste funciona. Si
consideramos como referencia las encuestas CEP, las visiones negativas
sobre la situación económica se imponen sobre las positivas desde 1994,
con cambios de correlación solo en ocasiones muy puntuales. Sin embargo,
lo que prima en la opinión pública es más bien indiferencia, en rangos
que van de 41% a 58% en los últimos dos gobiernos.
Lo anterior
advierte sobre la importancia de cautelar o restaurar los márgenes
positivos de la macroeconomía, pero también pone un acento en el
desempeño de los actores económicos. Casos como la colusión de
farmacias, la Polar, el perdonazo tributario a Jonhson’s, cobros
unilaterales en tarjetas de crédito o, últimamente, las sociedades
“cascadas” son el tipo de problemas que erosionan la confianza pública.
Por ello, no cabe suponer que si en la política el respaldo ciudadano se
ha hecho más crítico, no pueda ocurrir lo mismo en el plano económico.
Lo
descrito, debe hacernos pensar en la segunda parte de nuestra pregunta
que trataba sobre las expectativas de la sociedad chilena. La respuesta a
ella, a nuestro juicio, se expresa en las propuestas de la ex
Presidenta Bachelet, cuyo alcance se puede definir en base al concepto
de inclusión, pero entendida de una forma integral, porque ningún
sistema político democrático es sostenible si no advertimos y corregimos
los atisbos de polarización o la indiferencia generalizada. No podemos
proyectar a Chile sólo con cambios políticos, porque las reformas deben
estar a la altura de lo que la sociedad requiere, lo que implica también
abordar la cuestión tributaria. Esto último, claro está, en un marco
que no pretende desconocer los derechos legítimos de los actores
económicos y su aporte en el desarrollo del país.
Muchas gracias