TRANSPARENCIA
El pasado martes 26 de octubre “Transparencia Internacional” por medio de su capítulo chileno hizo público el “Índice de percepción de la Corrupción” (IdePC).
Dicha publicación constituye una buena noticia para Chile, ello porque aumentó su puntaje positivo respecto de la anterior medición (de 6,7 a 7,2) y avanzó cuatro lugares en el ranking mundial de países. (del lugar 25 al 21), la muestra incluye a 178 países. El avance permitió recuperar el liderazgo a nivel latinoamericano.
Las mediciones son realizadas durante el año 2009 y lo que ha corrido del 2010, por ende en nuestro caso incluye gestiones de 2 gobiernos, ellos permite que nadie saque conclusiones de política pequeña.
El Capítulo Chileno señala que los resultados favorables surgen principalmente de los progresos en materia de transparencia, específicamente en la implementación de la ley de acceso a la Información (2008), y las modificaciones legales que hubo de dictarse como requisito previo para ingresar a la OCDE, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, gobiernos corporativos de empresas privadas, gobierno corporativo de Codelco, modificaciones al secreto tributario, cooperación internacional en este ámbito.
Sin embargo, más allá de esta buena noticia sería un error creer que todo está hecho, y que basta con el status quo.
Por el contrario, hay un gran espacio para mejorar nuestros estándares de transparencia, entendiendo que los mismos constituyen uno de los principales antídotos en contra de la corrupción.
A mi juicio, hay un hecho preocupante, la agenda legislativa de transparencia está virtualmente paralizada (recuérdese lo importante que fueron las leyes para la actual calificación positiva.)
En efecto, en lo que va del año legislativo ningún proyecto de la agenda ha progresado en su trámite, ni mucho menos se ha convertido en ley de la República.
Algunos ejemplos de lo anterior:
- El proyecto que levanta el secreto por lavado de activos y otorga más facultades a la Unidad de Análisis Financiero, duerme en el Senado desde julio de 2009, luego de que su aprobación prácticamente unánime en la Cámara de Diputados.
- La regulación del lobby, duerme también en el Senado hace más de un año.
- Fideicomiso y reforma de la Declaración de Patrimonio no prosperan en su trámite, aunque en este caso se abre una puerta de celeridad sobre la base de un trabajo pre - legislativo en ejecución.
- El proyecto sobre normas para evitar la “Puerta Giratoria” no registra ningún movimiento en los últimos dos años y los casos de traspaso de lo público a lo privado, en áreas idénticas siguen siendo de común ocurrencia.
En la misma situación se encuentran las iniciativas sobre protección de datos personales, transparencia del gasto electoral y publicidad de leyes secretas.
Punto aparte merecen las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que por cierto deben ser en la línea de poner término a todo secretismo discrecional. Actualmente la Cámara de Diputados tramita una iniciativa en este sentido, que puede constituir una buena oportunidad, más allá de ciertos intentos por mantener secretos impropios.
Capítulo aparte merece el tema de la transparencia y probidad en el sector privado, donde el espacio es aún más amplio para el progreso.
Así las cosas, la buena noticia debe constituir un aliento para retomar la agenda, y en ningún caso motivo de autocomplacencia.
Dicha publicación constituye una buena noticia para Chile, ello porque aumentó su puntaje positivo respecto de la anterior medición (de 6,7 a 7,2) y avanzó cuatro lugares en el ranking mundial de países. (del lugar 25 al 21), la muestra incluye a 178 países. El avance permitió recuperar el liderazgo a nivel latinoamericano.
Las mediciones son realizadas durante el año 2009 y lo que ha corrido del 2010, por ende en nuestro caso incluye gestiones de 2 gobiernos, ellos permite que nadie saque conclusiones de política pequeña.
El Capítulo Chileno señala que los resultados favorables surgen principalmente de los progresos en materia de transparencia, específicamente en la implementación de la ley de acceso a la Información (2008), y las modificaciones legales que hubo de dictarse como requisito previo para ingresar a la OCDE, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, gobiernos corporativos de empresas privadas, gobierno corporativo de Codelco, modificaciones al secreto tributario, cooperación internacional en este ámbito.
Sin embargo, más allá de esta buena noticia sería un error creer que todo está hecho, y que basta con el status quo.
Por el contrario, hay un gran espacio para mejorar nuestros estándares de transparencia, entendiendo que los mismos constituyen uno de los principales antídotos en contra de la corrupción.
A mi juicio, hay un hecho preocupante, la agenda legislativa de transparencia está virtualmente paralizada (recuérdese lo importante que fueron las leyes para la actual calificación positiva.)
En efecto, en lo que va del año legislativo ningún proyecto de la agenda ha progresado en su trámite, ni mucho menos se ha convertido en ley de la República.
Algunos ejemplos de lo anterior:
- El proyecto que levanta el secreto por lavado de activos y otorga más facultades a la Unidad de Análisis Financiero, duerme en el Senado desde julio de 2009, luego de que su aprobación prácticamente unánime en la Cámara de Diputados.
- La regulación del lobby, duerme también en el Senado hace más de un año.
- Fideicomiso y reforma de la Declaración de Patrimonio no prosperan en su trámite, aunque en este caso se abre una puerta de celeridad sobre la base de un trabajo pre - legislativo en ejecución.
- El proyecto sobre normas para evitar la “Puerta Giratoria” no registra ningún movimiento en los últimos dos años y los casos de traspaso de lo público a lo privado, en áreas idénticas siguen siendo de común ocurrencia.
En la misma situación se encuentran las iniciativas sobre protección de datos personales, transparencia del gasto electoral y publicidad de leyes secretas.
Punto aparte merecen las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que por cierto deben ser en la línea de poner término a todo secretismo discrecional. Actualmente la Cámara de Diputados tramita una iniciativa en este sentido, que puede constituir una buena oportunidad, más allá de ciertos intentos por mantener secretos impropios.
Capítulo aparte merece el tema de la transparencia y probidad en el sector privado, donde el espacio es aún más amplio para el progreso.
Así las cosas, la buena noticia debe constituir un aliento para retomar la agenda, y en ningún caso motivo de autocomplacencia.