UNA SESIÓN QUE NO SE JUSTIFICA

Algo más de 40 Diputados han solicitado para los próximos días a una sesión especial destinada a “analizar y debatir las implicancias de la especulación financiera en las acciones de Lan Airlines S.A. y las actuaciones políticas de su principal accionista”, el líder opositor y ex – candidato presidencial Sebastian Piñera. Para ella han sido invitados el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Valores y Seguros, me imagino con el objeto de que den cuenta a la Cámara de los detalles del caso y de la forma en que éste estaría siendo abordado.

Dicha sesión especial entrecruza dos temas, uno esencialmente jurídico y otro netamente político, los cuales conviene mantener separados. Por una parte, esta la discusión en cuanto a si el ex abanderado de oposición, dada su calidad de director de Lan Airlines S.A., hizo o no uso de información privilegiada al haber adquirido un paquete accionario de dicha compañía, un día antes de que ésta hiciera publica su situación financiera. Por otra parte, se encuentra la discusión (nada nueva por lo demás) acerca de la perversa relación que existe entre dinero y política, y como ella puede afectar la independencia e imparcialidad de nuestras autoridades políticas cuando, enfrentados a tomar decisiones públicas, intereses privados en juego pueden ensuciar la objetividad y rectitud de las mismas.

Ambos problemas son graves y deben ser debatidos, pero en instancias y momentos distintos. Para cada uno de estos temas debe haber respuestas institucionales, pero ellas deben necesariamente estar separadas.

En efecto, frente al posible uso de información privilegiada por parte de cualquier persona, sabemos que la ley Nº 18.045 de mercado de valores tiene todo un entramado jurídico que, estructurado sobre la base prohibiciones – y que en algunos casos pueden llegar a configurar un delito-, encomienda a la Superintendencia de Valores y Seguros el deber de investigar y sancionar a quienes contravengan las disposiciones de la ley en esta materia. Además, el art. 23 de la ley de la SVS, DL Nº 3538, en una medida de corte mas bien garantista, obliga a los funcionarios de la SVS a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a su fiscalización.

En el caso de la compra de acciones Lan Airlines S.A por parte de Sebastian Piñera, la prensa se ha encargado de informarnos que, el Superintendente Etchegaray ha estado recabando antecedentes y realizando algunas diligencias a fin de determinar si, en los hechos, hay o no antecedentes que justifiquen dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio. En resumen, todo indica que, como ha sido habitual en este tipo de casos (Chispas, Banco de Chile y Schwager, por nombrar algunos) el mecanismo diseñado en la ley esta operando según lo previsto.

En ese contexto, si las instituciones que hemos diseñado para enfrentar y sancionar este tipo de casos han dado muestras fehacientes de que están haciendo su trabajo ¿en que podría ser útil una sesión especial destinada a tratar este caso?, ¿cuál será el sentido de citar al Superintendente?, si por ley tiene la obligación de guardar reserva de los antecedentes que rodean este caso. Finalmente, ¿que podría aportarnos el Ministro de Hacienda?, si la obligación de velar por la transparencia y el correcto funcionamiento de los mercados está radicada en un órgano autónomo y eminentemente técnico, que se si bien se relaciona con Hacienda, lo hace únicamente para cuestiones de coordinación.
Así las cosas probablemente la sesión termine en un ejercicio público de crítica a un político de oposición por haber eventualmente incurrido en uso de información privilegiada. Pero ello no parece tener sentido, si finalmente quién por ley debe determinar si existió o no esa infracción, recién esta recabando los antecedentes.

Mucho más lógico es que los legisladores nos dediquemos a tratar, los efectos de la relación entre dinero y política, la posible incompatibilidad que existe para los miembros de la clase política de ser a la vez activos y entusiastas empresarios y, finalmente, de las medidas que se pueden adoptar para ir eliminando las deficiencias de nuestro sistema legal en la materia, como la regulación del lobby o la obligación para ciertos políticos de entregar la administración de sus negocios a un tercero, bajo de la forma de un fideicomiso ciego.