Mi Opinión

UN NUEVO REGIMEN POLÍTICO PARA CHILE

2012-01-18T16:57:00.001-03:00

A) Nuestra realidad y el desafío:

1.- A pesar de una transición valorada en el mundo entero, y de los avances sociales y económicos evidentes, es fácilmente constatable que existe una desafección y crítica ciudadana con el sistema, que puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y una conflictividad social que puede transformarse en crónica. Dado el nuevo sistema de voto voluntario, existe un riesgo de baja participación, si es que no hay modificaciones sustanciales que convoquen al electorado.

2.- La democracia siempre requiere de su perfeccionamiento y profundización. En la lógica de proceso, se necesita un cambio de nuestro régimen político. Ya ha transcurrido casi un cuarto de siglo del retorno del sistema democrático y la necesidad de una evaluación con un propósito definido es indispensable.

3.-La distancia respecto de la política tiene distintas causas. En este texto nos referiremos a las del sistema político y, dentro de estas, a las más centrales.

4.-El presidencialismo exacerbado se encuentra en proceso de agotamiento. El presidencialismo norteamericano que influyó en el nuestro, está dotado de contrapesos. En Chile no existen esos contrapesos. La centralidad de ese poder presidencial, cuando se debilita, repercute en todo el sistema. Por eso se requiere descentralizar y democratizar más el poder.

5.-El presidencialismo le otorga un fuerte rol al Ejecutivo, pero el Congreso carece de un rol que sea percibido como real e importante por la ciudadanía. A su vez, los partidos padecen del mismo problema; pueden nominar e inscribir candidatos, pero en el hecho y el derecho carecen de algún otro rol efectivo. Se requiere que la “sana y buena” política de Aristóteles tenga un rol. De tal modo que esta pueda responder a las inquietudes de la ciudadanía.

6.-Una de las características de la globalización y la postmodernidad, es el aumento de la diversidad y la fragmentación: las así llamadas “tribus”, las redes, las modas singularizadas, las comunidades y otras formas de asociación voluntaria, son parte de esta caracterización de la sociedad contemporánea.

Los partidos políticos constituyen cauces de opinión que, entre otras funciones, jerarquizan los problemas para que sean abordados, pero en el proceso fuerzan una homogeneización interna que, en el pasado, fue facilitada por una fuerte carga ideológica. Trabajar dentro de un partido resulta, en los tiempos que corren, un gravamen excesivo para una mentalidad difusa en todos los ámbitos, que busca gratificación instantánea en la vida personal y realización pronta de enfoques muchas veces estrechos. El deterioro de ciertos niveles de la educación general y la parcelación del conocimiento son factores que van en la misma dirección. También incide para mal la distorsión que provoca la llamada “política de las cosas” que ha sido ejercida por mucho tiempo y por gobiernos de distintos signos. Esta noción socava gradualmente la idea de pertenencia a un grupo social con el cual todo ciudadano está obligado.

Hay que asegurar la gobernabilidad del país y eso significa participación.

7.-El régimen político chileno, además de ser excesivamente presidencial, se muestra como muy cerrado y es percibido como favorable a las dirigencias políticas. Un sistema así visto, favorece que las falencias y debilidades se desarrollen aun cuando en las elecciones se produce un alto porcentaje de renovación periódica de los elegidos, al menos en la Cámara de Diputados.
Es necesario favorecer decididamente una política de calidad, que valore la ética de la responsabilidad, en que toda autoridad tenga un contrapoder contralor y en que se eliminen decididamente todas aquellas situaciones que distancian a la ciudadanía de la política y las instituciones.

8.-La historia es parte de la cultura de nuestros pueblos. Pero la vida de las sociedades actuales está mucho más marcada por el presente y el futuro. Los hechos de nuestra historia política reciente no han sido vividos por parte importante de nuestra sociedad.
La historia no es suficiente para sustentar un sistema. Ni siquiera la buena historia.
El sistema político debe ser capaz de responder al presente y los desafíos de futuro.

9.-El avance de Chile ha tenido como uno de sus fundamentos la fortaleza de sus instituciones, junto a una política reconocida como de calidad. Ha sido tradicional la valoración de nuestro sistema de partidos. Sin embargo, esta fortaleza, que al final de cuentas es el sustento de nuestra democracia, está en proceso de deterioro.

Abrirse a la realidad es una cualidad central del trabajo político a menos que, al modo totalitario, se pretenda forzarla, con efectos fácilmente predecibles. Por eso quienes suscribimos esta declaración afirmamos que es necesario un sistema electoral que, recogiendo la diversidad, sea capaz de responder a las necesidades de la gobernabilidad. De lo contrario, existe un claro riesgo de frustrar expectativas de mayor y mejor participación.

10. Los demócratas deben asumir su responsabilidad.
Los demócratas tienen el deber de conducir el proceso político. Nadie puede quedarse en una condición de espectador. Los chilenos sabemos que los procesos no son irreversibles.
El desafío es el fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra democracia, sistema indispensable para lograr el desarrollo del país y de nuestra sociedad. La participación y representación de la voluntad ciudadana y la estabilidad democrática, son parte de una tarea de primera responsabilidad.
La tarea es esencialmente patriótica.

B) La magnitud de la tarea. La Reforma Política en Chile.

Dejamos expreso testimonio que el actual sistema electoral en materia parlamentaria ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana.

Sin perjuicio de las diferentes valoraciones de quienes suscriben este documento, es evidente que subsisten graves problemas de inequidad social y económica y de expectativas insatisfechas que inducen actitudes colectivas en grupos que se consideran extraños al sistema. Por ello, quienes suscribimos este documento, estamos convencidos que es necesario abrir cauces de participación que cristalicen el sistema político en una forma comprometida con la necesidad de sustentar un gobierno, del signo que sea, que así nutrido dirija el Estado en una sintonía virtuosa del Parlamento con quienes ejerzan el Poder Ejecutivo.

Chile necesita de más y mejor democracia y eso se traduce en un nuevo régimen político de carácter semipresidencial. Diversos estudios de especialistas y comisiones especiales de la Cámara de Diputados han arribado a ese consenso.
Un régimen semipresidencial que separe la institución de la Presidencia (Jefe de Estado) de la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro).

Ello implica un Presidente electo por voto universal, con atribuciones exclusivas en las relaciones internacionales, la defensa nacional, y la tuición de una administración pública moderna y profesional, con funciones de moderación y arbitraje político, con facultad de disolver el Congreso una vez en su mandato, y un Jefe de Gobierno propuesto por el Presidente de la República quien deberá contar con la aprobación mayoritaria del Congreso Nacional. Este Primer Ministro se constituirá en el Jefe de Gobierno.

El cambio de régimen político aquí propuesto, además de las reformas que establezcan lo anteriormente descrito, implica las siguientes reformas:

1.- Potenciar y Democratizar el Gobierno Regional y Municipal.
El desarrollo de Chile, la democratización del poder, la participación ciudadana y los cauces para la diversidad, requieren descentralizar.
Esto implica las siguientes medidas concretas:
a) Elección directa del Presidente del Gobierno Regional.
b) Elección directa de los consejeros regionales.
c) Fortalecer las facultades de los Gobiernos Regionales, e incrementar sus recursos.
d) La creación de los Gobiernos Metropolitanos, donde las ciudades ya han adquirido ese carácter.
d) Fortalecer el rol fiscalizador de los concejales en los Municipios.
e) Implementar una norma de responsabilidad fiscal.
Todo esto en el marco de un estado nacional y unitario.

2.- Cambio del actual sistema electoral.
El nuevo régimen político y la nueva realidad requieren de un nuevo sistema, que responda a la crisis de representación, que incluya la diversidad, posibilite la generación de acuerdos para sustentar Gobiernos mayoritarios, que evite la fragmentación excesiva y establezca la existencia de una Oposición con derechos y obligaciones.
Esto conduce a un sistema electoral proporcional corregido, que permita ampliar sustancialmente la representatividad. Alentaremos, junto a otras fuerzas políticas, el estudio de la fórmula que resulte más adecuada para dichos fines.

3.- Potenciar la calidad de la política.
Aquí las tareas son varias, entre otras: transparencia y rol de los partidos; financiamiento público de estos; prohibición de las reelecciones indefinidas en todos los cargos de elección popular; primarias simultáneas y vinculantes; y la obligación de que los partidos sean plenamente democráticos en su práctica interna.

Todo este cambio puede ser el resultado de un proceso y de un conjunto de reformas. Lo importante es no detenerse, sino que avanzar en la construcción de los consensos y las amplias mayorías que cada una de estas reformas requieren. Todo esto marcado por la exigencia de oportunidad y rapidez.

El país requiere de estos cambios, el Presidente de la República, el Parlamento y los partidos políticos deben asumir su responsabilidad. Ahora es el momento adecuado para ello, pues la demora sólo acentuará el diagnóstico y sus peligros.
Hemos dialogado y consensuado estos contenidos, lo hemos hecho teniendo en vista el Bien Común de Chile y su pueblo.

Carlos Larraín
Presidente de Renovación Nacional
Ignacio Walker
Presidente del Partido Demócrata Cristiano

Santiago, 17 de enero de 2012.

Carta del Abogado Mario Palma, a los habitantes de la comuna de La Reina.

2012-01-09T18:38:00.001-03:00

Ver carta

Hacia el Parlamentarismo

2012-01-05T19:20:00.002-03:00

Ponencia presentada en el seminario de Expansiva año 2003, autores: Jorge Burgos e Ignacio Walker.

Ver archivo

Labbé no respeta a los Tribunales

2012-01-05T17:14:00.000-03:00

En el recurso de protección que a comienzos de octubre interpusimos en contra del Alcalde Labbé, por su amenaza de negar matriculas a estudiantes de otras comunas, con orden de no innovar concedida y vigente, la Corte de Apelaciones le ordeno al Alcalde informar al tenor del recurso con fecha 19 de octubre. Dicha orden se ha reiterado en tres oportunidades, la última el 30 de diciembre.

Hasta la fecha el Alcalde no se digna a contestar a la Corte. Es decir de manera contumaz se niega a cumplir una resolución judicial.

Que puede esperarse de una autoridad que actúa en la creencia que esta por sobre la ley.

Esperamos que la Corte de Apelaciones de Santiago, adopte las medidas coercitivas para obligar a responder al porfiado Alcalde.

DEFENSA DEL VOTO OBLIGATORIO

2011-12-05T08:58:00.002-03:00

El derecho a participar y ciertamente el derecho a sufragio ha debido conquistarse por muchos grupos excluidos con sangre, sudor y lágrimas, desde que los burgueses revolucionarios de la Europa del XVIII impusieran la idea de que todos hemos nacido libres e iguales. Sólo que “todos” para ellos aludía sólo a los hombres propietarios y letrados. En Chile, el voto fue también una cosa sólo de hombres alfabetos y acomodados (voto censitario) hasta bien entrado el siglo 19.

Hacia 1874 se expandió el voto a todos los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. De mujeres ni hablar hasta 1948, en que conquistaron el entonces llamado sufragio femenino luego de heroicas luchas. Recién para la elección de Eduardo Frei Montalva votaron los analfabetos y los jóvenes consideraron una gran conquista haber reducido la edad para sufragar de 21 a 18 en 1967.

El camino de la inclusión de todos a la democracia puede relatarse como una heroica historia de éxitos democráticos a lo largo de los siglos XIX y XX. Un camino de luchas, con héroes y heroínas, con difíciles y costosas conquistas, en las cuales las mujeres, los pobres y los jóvenes de otrora pusieron energías admirables. Ese ferviente anhelo y pasión por participar, por ser parte del cuerpo electoral del que somos herederos y ha construido nuestra historia.

Pocas veces he estado más convencido de un error político de proporciones. Pero también, y aunque esté en solitario, pocas veces parece razonable levantar una vez más la voz y decir: la democracia es más fuerte y más sólida con todos. Las opiniones reflejadas en la dimensión obligatoria del voto nos retrotraen al fundamento mismo de la democracia, de nuestra plaza pública, en donde se encuentra el rico con el pobre, el ignorante y el culto, el joven y el viejo, Machuca o Infante, la etnia o el huinca y votar con el mismo valor y con la misma fuerza.

¿Hay otras maneras de construir un país que no sea eliminando la segregación, las diferencias y la inequidad ? Si hay un bello ejercicio de la libertad es para adoptar las decisiones que a todos nos vinculen.

Apurar la causa

2011-11-02T07:11:00.002-03:00

En los últimos días hemos conocido de la investigación de un nuevo caso de corrupción en el área de la defensa. En efecto, el Ministerio Público luego de una larga investigación, que surgiera de otro caso que se ventila ante la justicia del crimen (caso Leopard) formalizó a tres personas por delitos de cohecho en compras de sistemas de armas para equipar las fragatas de nuestra escuadra.

La ciudadanía está atenta al progreso de estas investigaciones judiciales, en la esperanza de confirmarse en definitiva la acción dolosa, se dicten severas sanciones, por haber perjudicado gravemente la fe pública, y el erario nacional.

Sin embargo, más allá del autónomo trabajo del ente persecutor y los Tribunales de la República, parece prudente crear las condiciones reglamentarias y legales, para disminuir el riesgo de repetición de estas conductas, pues seamos francos, ya no son pocos los casos que dan cuenta que en el área de la compra de sistemas de armas las cosas andan mal a la hora de la probidad.

De qué condiciones hablamos: la primera y urgente es que los Ministerios de Defensa y Hacienda dicten de una vez, el decreto supremo, a que están obligados conforme a la ley 20.424 (estatuto orgánico del Ministerio de Defensa).

En concreto el artículo 34 de la mencionada ley señala:

“Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones en su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas”.

“Más claro échenle agua”, no hay ninguna explicación razonable que, a casi 18 meses de vigencia de la ley no se dicte un decreto supremo, sin cuya publicación, la normativa legal aprobada es letra muerta. Se ha escuchado que a comienzos de año, la Contraloría General de la República puso reparos jurídicos al decreto supremo ingresado al trámite de toma de razón, aquello no justifica tan larga demora en dictar el decreto a que están obligados por ley. Como se comprenderá el legislador tuvo plena razón en exigir publicidad al registro de proveedores e intermediarios, pues allí hasta ahora hay un área opaca, altamente riesgosa en sus efectos.

Una segunda condición a cumplir a la brevedad, es poner suma urgencia al trámite en el Congreso el proyecto de ley que sustituye la vigente ley secreta del cobre. Debe reconocerse el importante impulso que ha dado el gobierno, en especial el Ministro Allamand a este proyecto, pero dicho impulso inicial debe ahora acompañar con la necesaria urgencia.

Así las cosas, está en nosotros – Ejecutivo y Legislativo - apurar la causa, si ello no ocurre es probable que futuras compras se terminen analizando en sede judicial, situación que por cierto no es buena para el prestigio de nuestras FFAA.

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS

2011-08-05T13:24:00.000-04:00

(LAS PROPUESTAS DE LA DC SOBRE REFORMA POLITICO-INSTITUCIONAL)

La DC ha sido siempre una fuerza democrática y democratizadora. Sus parlamentarios se opusieron a la ley maldita (1948). Un diputado suyo –Jorge Rogers- es el padre de la cedula única (1958). Frei Montalva promovió una profudización de la participación durante su gobierno (promoción popular, sindicalización campesina, reformas constitucionales de 1970, incluyendo un verdadero sufragio universal, entre otras).

Durante la dictadura militar, los liderazgos más significativos del partido asumieron una posición de defensa de los derechos humanos y de lucha por la recuperación democrática. La DC, además, jugó un papel decisivo en la creación de espacios para pensar y discutir la redemocratización (Grupo de los 24, CED, CIEPLAN, Acuerdo Nacional, entre otros).

Fue en el gobierno de Patricio Aylwin que transitamos a la democracia en un clima de paz y concordia, y fue en los 20 años de gobiernos de la Concertación que este país se hizo más democrático e inclusivo.

Estamos conscientes, sin embargo, que nuestra democracia puede y debe ser perfeccionada para que más personas se sientan identificadas con ella, para que el debate político tenga mayor calidad y las políticas públicas beneficien a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. Llamamos a no conformarnos con la democracia que tenemos, y a abrir más espacios de participación y libertad.

Manifestamos nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación, para proponerla al país en breve plazo. Esta no es una bandera para tiempos electorales, sino que responde a un imperativo de responsabilidad y de coherencia ética.

También parece necesario incorporar en el proceso de discusión a otros sectores de la oposición, así como a actores de la sociedad civil (trabajadores organizados, estudiantes universitarios, ONG, etc.).

Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy varias crisis evidentes. En primer lugar, una crisis de legitimidad de los partidos y los dirigentes y representantes políticos; en segundo lugar, una crisis que podríamos denominar de legalidad, en

cuanto la ley debe ser la expresión de la mayoría, lo que la Constitución no asegura; en tercer lugar, una crisis de representación, tanto por el sistema electoral como por los mecanismos de reemplazo en caso de vacancia y, en cuarto lugar, una crisis de igualdad, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.

Estamos convencidos de que la reforma política es una necesidad urgente, que debemos enfrentar con decisión antes de que se convierta en crónica y destruya nuestro régimen democrático, y que debe fundarse en los siguientes principios fundamentales:

1. El fortalecimiento de la base democrática

2. La revalorización del principio democrático en el origen del poder

3. La eliminación de los obstáculos para el correcto funcionamiento para la regla de mayoría.

4. El respeto de las minorías

5. Democracia transparente

6. Descentralización efectiva y eficiente.

Nuestra propuesta de hoy comienza por reafirmar nuestra voluntad de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a todos aquellos compatriotas a quienes nuestra Constitución reconoce como ciudadanos. Por lo mismo, nos interesa asegurar tanto una pronta puesta en marcha del sistema de inscripción automática como la aprobación de un mecanismo expedito y no excluyente para el voto de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Aunque en nuestro último Congreso partidario adoptamos una clara posición a favor del voto obligatorio, entendemos que existe un acuerdo político en favor del voto voluntario. Como siempre, vamos a honrar ese acuerdo.

Advertimos, en algunos sectores de la Coalición gobernante, una disposición a introducir perfeccionamientos a nuestra democracia. Varias de las ideas que ha planteado a este respecto públicamente el Ministro Secretario General de la Presidencia nos parecen dignas de consideración y, por lo mismo, nuestros parlamentarios llevan adelante un diálogo serio para buscar acuerdos sobre ellas. No obstante, ellas nos parecen de un alcance muy limitado. La aprobación de ese conjunto acotado de enmiendas no resuelve las debilidades más estructurales de nuestra institucionalidad democrática.

Abiertos al diálogo, proponemos al país las siguientes reformas político-institucionales en una perspectiva de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia:

1.- Reforma electoral de verdad que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país. No nos prestaremos a un acuerdo electoral hecho a la medida de las necesidades de un par de senadores de derecha que quieren ahorrarse el costo de competir con rivales fuertes de su propio pacto en las próximas elecciones. No nos parece suficiente, por lo mismo, que una reforma electoral consista, pura y simplemente, en agregar 2, 4 o 6 nuevas circunscripciones senatoriales binominales adicionales.

Queremos un sistema electoral que, sin propender a la proliferación y atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Queremos que haya ganadores y perdedores. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones para una política elitista e inmovilista, lo cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de liderazgos carismáticos populistas y desprestigia el sistema democrático que no aparece como realmente competitivo.

La Democracia Cristiana propone sustituir el actual sistema electoral binominal por uno de representación proporcional, teniendo como base la propuesta de la Comisión Boeninger (que adjuntamos en Anexo a esta propuesta).

En materia de Diputados, dicha propuesta supone la elección de 150 diputados, agrupados en 29 distritos. De estos últimos, solo en 4 distritos se elegiría a 2 diputados cada uno, correspondiendo a las regiones extremas del país. En 6 distritos se elegiría a 8 diputados, en 8 distritos se elegiría a 6 diputados, en 3 distritos a 5 diputados, en 7 distritos a 4 diputados, y en 1 distrito a 3 diputados.

En el caso de los Senadores, se elegiría a 50 senadores, distribuidos en 15 Circunscripciones, con 8 circunscripciones que elegirían a 2 senadores cada una, 2 que elegirían a 3 senadores, 2 que elegirían a 4 senadores, y 4 que elegirían a 5 senadores.

2.- Revisión profunda del sistema de quórum –o “super-mayorías”- para reformas legales. No nos parece que para regular cualquier asunto de mediana importancia sea necesario reunir los 4/7 de los votos en ejercicio de diputados y senadores. Tras el aparente objetivo de promover consensos, se ha terminado consagrando el veto de las minorías. En esas condiciones, los ganadores de las elecciones no pueden llevar a cabo los cambios queridos por el electorado. Proponemos, por tanto, modificar el artículo 66 de la Carta Fundamental para

sustituir la expresión cuatro séptimos por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Resulta indispensable, además, revisar las potestades del Tribunal Constitucional, especialmente respecto del control preventivo, que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contramayoritario, así como respecto de los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.

3.- Reforma de la representación Política.

Queremos profundizar la democracia. Eso significa, muy principalmente, mayor participación ciudadana. Por lo mismo, reiteramos nuestro apoyo a una ley de primarias públicas, abiertas y vinculantes.

Al mismo tiempo, necesitamos fortalecer los partidos políticos. Ello significa, entre otras cosas, lo siguiente:

Promover su democracia interna, garantizando a todos los militantes el derecho de incidir de manera regular y efectiva en la definición de las autoridades y de la línea política.

Robustecer mecanismos de supervigilancia que, respetando la autonomía de estas corporaciones, aseguren la limpieza de los procedimientos electorales internos y la corrección en el uso de los recursos. Proponemos dotar de una efectiva autonomía al Servicio Electoral, y crear una Superintendencia de Partidos Políticos.

Proveer fuentes de financiamiento directo o indirecto, público y privado, para que estas colectividades puedan cubrir adecuadamente su funcionamiento regular, especialmente en relación a su despliegue territorial (sedes regionales), su apoyo técnico (asesoría y centros de estudios) y su política de formación (juventud y extensión). Además, queremos que el Servicio Electoral y la ciudadanía cuente con herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral, que constituye fuente de desigualdad y una fuerte de barrera de entrada para nuevos actores políticos.

4.- Estamos, en cuarto lugar, por la profundización de la descentralización política y administrativa del país. En este terreno, la ley de reforma constitucional N° 20.390, impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, y aprobada hace un año, constituye un avance innegable (incluye aspectos importantes como la elección de Consejeros Regionales por voluntad popular). Nos parece indispensable, sin embargo, que las posibilidades democratizadoras de esa reforma se materialicen pronto en cambios legales, traspaso de competencias y transferencia de recursos.

Impulsaremos en el Congreso Nacional las modificaciones legales que aseguren que los próximos consejeros regionales sean elegidos efectivamente en forma directa por los ciudadanos de las distintas regiones.

Junto con ello, impulsaremos una profunda reforma política y administrativa que contemple los siguientes aspectos:

4.1. Elección de un Gobernador Regional en reemplazo de las actuales Intendencias. Cabe recordar que estas últimas tienen su origen en las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, que establecieron una estructura político-administrativa fuertemente centralista, cuyas características fundamentales perduran hasta nuestros días.

Manteniendo las características de un estado unitario, sin que aparezcan –al menos hasta ahora- razones que justifiquen avanzar hacia la creación de un estado federal, somos partidarios que tanto los Gobernadores Regionales como los Consejeros Regionales sean elegidos por voluntad popular.

En cuanto al argumento comúnmente –y legítimamente- esgrimido, en cuanto al estatus que ello implicaría en relación a las fuerzas de orden y seguridad, y los temas relacionados de orden público y seguridad ciudadana, somos partidarios de crear una figura de delegado regional a cargo de las mismas, dependiente del recientemente creado Ministerio del Interior y Sguridad Pública.

4.2. Transformar a los Municipios en auténticos gobiernos comunales autónomos. A pesar de que estos han experimentado numerosos cambios en una perspectiva de modernización, y que ya no son los Municipios del “aseo y ornato” que conocimos hasta los años 70, es necesaria una verdadera modernización que implique plantearse derechamente la autonomía de los gobiernos municipales. Ello implica una verdadera autonomía administrativa y financiera, dotando de facultades a dicho Municipio para fijar la planta administrativa, las remuneraciones de su personal, y el presupuesto comunal. Todo ello, en el contexo de una sana política fiscal, que vele adecuadamente por los equilibrios macro económicos básicos, que logre la compatibildad y armonía entre la autoridad nacional y comunal respectivas.

La Ley de la Comuna Autónoma (1891) fue un gran paso en la dirección de la descentralización del país. Sin embargo, nuestra estructura política y administrativa sigue siendo fuertemente centralizada. Es hora de avanzar hacia un gobierno municipal verdaderamente autónomo.

4.3. Al mismo tiempo que los fortalecemos, necesitamos establecer eficaces mecanismos de control y fiscalización de las Municipalidades, para evitar la

aparición de actos reñidos con la probidad y hacer más eficiente y más cercana su relación con los ciudadanos. Ello permitirá avanzar, además, en el mejoramiento de sus mecanismos y estructuras de financiamiento, de manera que sea posible dejar atrás su dependencia del Estado central, lo que obviamente reduce sus márgenes de autonomía.

4.3. Creación de nuevos Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de gobiernos regionales y comunales. Tal es el caso el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano. Una Ley de Quorum Calificado, según la nueva definición que hemos establecido anteriormente, regulará la creación y funcionamiento de los nuevos Gobiernos Metropolitanos.

5. En el caso de los Gobiernos Regionales, se considerará, de manera especial, los siguientes aspectos:

5.1. La regulación del presupuesto de la Región, considerando su forma de aprobación por el Consejo, la participación que cabe en dicho proceso a la comunidad y la manera en que se pueden generar recursos propios.

5.2. La forma en que las regiones pueden pactar, y luego ejecutar, convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública.

5.3. El procedimiento, las condiciones y el cronograma con arreglo al cual el Presidente de la República deberá transferir a uno o más gobiernos regionales aquellas competencias de Ministerios y servicios públicos que han de pasar a la gestión directa de las regiones. Este traspaso gradual y selectivo se construirá sobre la base de estatutos constitucionales progresivos, que aseguren un aumento de las potestades regionales frente al cumplimiento de estándares concretos de cumplimiento en materia de políticas públicas, como empleo, crecimiento o salud, entre otros,

6. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. De alguna manera, dicha institución de una manfestación de la ideología que inspiró a la Constitución de 1980. Adicionalmente, un estado democrático de derecho cuenta con instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos.

7. Creación de un Consejo Económico Social con rango constitucional, que permita una vinculación permanente del gobierno y el parlamento con la sociedad organizada, de manera que se enriquezca el debate democrático y se mejore la

representación de la sociedad en el proceso de toma de las grandes decisiones políticas, sociales y económicas del país.

8. Creemos indispensable el establecimiento de una acción de protección de todos los derechos garantizados por la Constitución, de carácter contencioso administrativo, ante un órgano dotado de suficiente autonomía e imperio, y con un procedimiento que haga posible amplios procesos de mediación entre la Administración y los ciudadanos.

Asimismo, es necesario fortalecer algunos derechos sociales actualmente recogidos en la Constitución, como el de la Seguridad Social, la Educación y la sindicalización y el derecho a huelga, e incorporar algunos nuevos, como la protección de los consumidores y de los usuarios.

Aumento de penas para los delitos de “cuello blanco”

2011-07-15T12:51:00.002-04:00

El pasado 8 de junio, antes que se conociera públicamente el escándalo de La Polar, presenté una moción parlamentaria destinada a aumentar las penas de las conductas tipificadas en el artículo 60 de la Ley 18045, sobre mercado de valores, aumentando en un grado la penalidad para varios de sus supuestos delictuales; revelación de información privilegiada; uso de información privilegiada. Aumento de pena que concurrirá si se dan algunos de los siguientes supuestos: habitualidad, cuantía del beneficio ilegal obtenido, daño a los intereses generales.

Para fundamentar esta propuesta entre otros argumentos citaba al profesor Juan Bustos (Q.E.P.D.)

"Los delitos socioeconómicos son delitos contra el funcionamiento del sistema, atendida la relevancia del problema económico en el funcionamiento del sistema que se puso de relieve a fines del siglo XIX, cuando se comprobó que la libertad económica provocaba graves disfunciones y crisis agudas en el sistema. De ahí la necesidad de que el Estado intervenga en materia económica para resolver estas disfunciones y asegurar en beneficio de todos un determinado equilibrio económico. El nuevo papel que asume el Estado da origen posteriormente a la concepción de una economía social de mercado, en la que manteniéndose la concepción de libertad económica, se produce una intervención en el mercado para mantener ese determinado equilibrio que impida un perjuicio socioeconómico a todos los miembros de la colectividad. Como contrapartida, en este ámbito de la criminalidad el derecho penal ha tardado en reaccionar frente a esta realidad, y sin duda "Los primeros análisis y el mayor desarrollo de esta materia, hasta ahora, provienen del campo criminológico".

La situación del derecho penal económico en nuestro sistema, no es ajena a este planteamiento, históricamente es deficitaria, al punto que no resulta exagerado, afirmar que se encuentra con varios vacíos legales, asimismo tratándose de hechos relevantes y graves atentados al bien jurídico (orden socioeconómico), no se ha efectuado reforma legislativo alguno en las tradicionales formas de represión del patrimonio, ejemplo de lo anterior es que transcurridos más de dos décadas desde la crisis bancaria a comienzos de los años 80, no se adoptaron medidas legislativas profundas respecto estos graves hechos delictivos. Pese al fuerte componente simbólico de las pocas leyes penales en el orden socioeconómico, no ha existido un perfeccionamiento de la normativa y por el contrario un completo desinterés en la materia. De ahí que, no sin razón se plantea que el ámbito de la criminalidad económica se caracteriza por la "frecuente impunidad de las formas más gravosas de criminalidad económica, sobre el particular al menos dos factores asoman como la explicación, por una parte el conocido ámbito de selectividad a nivel de criminalización secundaria y por otro ciertas dificultades técnicas en las normas incriminatorias que se traducen en insatisfactorios resultados prácticos e importantes problemas interpretativos.

Un aspecto fundamental son los delitos de uso indebido y aprovechamiento de información privilegiada, previstos en los artículos 59 y 60 de la ley 18.045 sobre mercado de valores, si bien en estas figuras se puede sostener al menos en términos teóricos que el objeto de tutela supone la confianza en el correcto funcionamiento del mercado de valores, desde el punto de la necesidad de la pena y la convicción del merecimiento de pena de estas importantes infracciones económicas, resulta necesario efectuar una adecuación de las figuras especialmente en relación con las escalas penales observadas en los modelos comparados, pues resulta plausible establecer una revisión de las penas comprendidas para tan graves y complejas figuras delictivas.

En concreto nuestro sistema no resiste más que la regla general, por no decir absoluta, sea que en el ámbito penal el uso de información privilegiada termine en sobreseimientos definitivos o en salidas alternativas con escaso costo para los autores de la conducta.

La fé pública esta en juego, lo dijimos antes de La Polar, lo reiteramos con más fuerza hoy.

Presentación realizada por el Diputado Jorge Burgos a la Contraloría

2011-05-16T07:49:00.001-04:00

LA PRESCINDENCIA POLÍTICA DE LOS EMBAJADORES

1. El embajador es, en primer lugar, un funcionario público. Está sujeto a un estatuto funcionarial. Este es el D.F.L. N° 33/1979, RREE. En forma supletoria a dicho Estatuto, se le aplican las normas comunes a la administración pública. Es decir, el Estatuto Administrativo, la LOCBGAE. En nada obsta a lo anterior, el que sea de la exclusiva confianza del Presidente de la República (artículo 32 N° 8, Constitución, artículo 10, D.F.L. N° 33/1979, RREE).

2. En segundo lugar, es un funcionario sujeto a instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, está sujeto a jerarquía (artículo 8° D.F.L. N° 161/1978, RREE).

3. En tercer lugar, como funcionario tiene la delicada labor de representar al país ante otros Estados u organizaciones internacionales. Por ello, cumple su labor no en el país, como el resto de los funcionarios, sino en el extranjero.

4. Dicha representación tiene ciertas características. De un lado, dicha representación ante el país en que estuvieren acreditados, es permanente, pues las ausencias de su lugar de trabajo están regladas. Por de pronto, están los casos de permiso, licencia o feriado. Pero aún así, requieren autorización del Ministerio (artículo 61, D.F.L. N° 33/1979, RREE). Enseguida, se pueden ausentar del país en que laboran, cuando sean llamados a informar sobre asuntos del servicio. En ese caso, tienen derecho a los pasajes y continúan recibiendo sus remuneraciones normales (artículo 49, D.F.L. N° 33/1979, RREE). Del otro, dicha representación no tiene horarios. Es full time.

5. Como funcionario público, el embajador está sujeto a las reglas de probidad administrativa. Así lo señala el artículo 13 de la LOCBGAE (“los funcionarios de la administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”). Por lo demás, el artículo 52 de la LOCBGAE, señala que todas “las autoridades de la administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes” “deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa”. No hay, por tanto, personas o individuos, que laboren para la administración y ejercen una función pública, cualquiera sea su naturaleza o jerarquía, que queden al margen de este principio (dictamen 73040/09).

6. Uno de los deberes que implica dicho principio es que a quienes se les aplica están impedidos realizar actividades de carácter político. Por lo mismo, no pueden intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, a candidaturas, tendencias o partidos políticos. (dictamen 73040/09).

7. Así las cosas, si un embajador participa en actividades políticas en el país, el asunto es particularmente grave. En primer lugar, porque no tiene suspendida su calidad de embajador. Es decir, de representantes del país ante otro Estado u organismo internacional. Tanto es así, que ha sido autorizado para estar en el país o ha sido llamado a informar. Mientras está en el país, sigue disfrutando de todos los beneficios de su condición. De ahí que cualquier declaración que haga, lo hace como representante, no como particular o privado; por lo mismo, puede comprometer al país con sus dichos. En segundo lugar, porque como embajador, representa al Estado de Chile; por lo mismo, está al margen de la refriega política. En tercer lugar, porque si la prescindencia política fue aplicada a los Ministros, no obstante que no eran técnicamente funcionarios, con mayor razón se debe aplicar a los embajadores, cuya única particularidad es que son funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente.

TV DIGITAL: UNA TELESERIE LEGISLATIVA

2011-05-16T07:18:00.000-04:00

Se ha multiplicado la polémica por la aprobación del primer trámite constitucional del proyecto de ley sobre televisión digital. Hay razones para esta teleserie por entregas. Lo primero fue el “Proyecto Cortázar” seducido por el “tsunami técnico” de la innovación digital que impactaría en la futura televisión. Por tanto, la esencia estaba en el cambio de formato y en su impacto institucional para la Subtel y el Consejo Nacional de Televisión. La segunda entrega, forzada por un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, es el “Proyecto Atton”. Este demoró en nacer por la tentación de recurrir a mecanismos reglamentarios para instalar la nueva TV como una derivación del factor técnico. Pero hacia el final de su tramitación en la Cámara asomó con fuerza la dimensión de los intereses de la actual industria de la televisión abierta. La expresión de negocios de la TV obligó a poner cláusulas de protección frente a la concentración de mercado y al fomento de la libre competencia.

La tercera entrega viene en el Senado y en ella se ha anunciado un tipo de debate que nos recuerde el sentido cultural y social de la televisión como bien público. Ya que tenemos la oportunidad de reformular el marco normativo de la TV, el fin es que esto valga la pena para los chilenos construyendo alternativas que permitan pluralismo informativo, cultural, regional y social. Algo de eso quedó en la cláusula sobre correcto funcionamiento de la Televisión.

Sin embargo, ese debate fundamental no puede soslayar que el medio sobre el cual se construye la televisión abierta es un bien nacional de uso público –el espectro radioeléctrico- que se concede gratuitamente a los canales. Por lo mismo, las normas que autorizan un negocio adicional con el segmento de banda restante para arrendarlo a otros es un despropósito. Y la pretensión de ANATEL de cobrarle a la televisión de cable por el subsidio de tener en su parrilla programática los canales de libre recepción televisiva constituye un definitivo tránsito hacia una televisión enteramente pagada. Por lo mismo, hay que desatar la “Fórmula Atton – Anatel” porque la codicia rompió el saco. Es la hora de encontrar un Estado regulador fuerte sobre un medio de comunicación social clave para la democracia y la libertad de expresión. Una regulación que garantice a todos que la administración de un bien público escaso, como es el espectro, puede ser concesionada pero a cambio del pago de un cánon como se hace con todos los demás bienes nacionales de uso público que se entregan bajo esa condición. Un modesto puesto de dulces en una playa lo hace y no lo podrán hacer canales que luchan por repartirse un mercado de algo más de U$ 400 millones de dólares anuales.

Preocupación causan, ciertas opiniones parlamentarias, que pretender darle a la TV pública el mismo trato que la privada. Aquello sería no entender el insustituible rol que la TV pública jugó en la recuperación democrática y que por cierto debe seguir jugando.

Lo esencial del trámite que viene será ir al fondo del debate y al fondo del negocio. Cultura e industria a la vez. No es deseable una cláusula retórica que nos deje tranquilos sobre la elevación del nivel cultural de los chilenos sin mecanismos que incentiven una buena televisión pública todo el año. Hay que ver cómo seguimos en este capítulo. La teleserie está lejos de su clímax.

Discurso Jorge Burgos Varela, Proyecto de ley de Televisión Digital

2011-04-26T15:30:00.001-03:00

El proyecto de ley que analizamos es de alta significación social. La libertad de expresión, el comercio, el deporte, la economía, la política, la cultura y la vida de las regiones se manifiestan en el medio de comunicación social más masivo y consumido por los chilenos: la televisión.

Por lo mismo, el paso de la televisión analógica a la digital no es una simple mejora tecnológica como el tránsito de la TV en blanco y negro a la de color. Es la construcción y multiplicación de una industria nueva.

El Congreso Nacional, como representante de esa ciudadanía plural, tiene derecho a imponerle los costos a una industria que se apoya en un bien nacional de uso público como es el espectro radioeléctrico. Sin ese bien la TV no existiría y sin su disponibilidad adecuada sólo tendríamos una TV con derechos y sin deberes. Por lo mismo, es el Congreso donde se definen esas cargas.

Pero este proyecto de ley es como un buque que en medio de un temporal botó la carga al mar para aligerar el proyecto y darle velocidad de salida. Sin embargo, no por madrugar se va más rápido. Muchas materias avanzaron pero en muchas otras apenas aparecieron los títulos y hay pocas normas o materias débilmente reguladas. Me pronunciaré sobre lo pendiente y no sobre la carga que quedó en el buque.

Tuvimos que ir al Tribunal Constitucional para acelerar un proyecto que se quería soslayar mediante decretos. El mismo TC redujo los tiempos y deberíamos tener de aquí a Octubre la ley para no volver a pasar bochornos sobre una industria sobre la que asoman cada vez “conejos de un sombrero de mago”.

Tuvimos que mirar la tragedia del tsunami japonés para verificar la manera en que las comunicaciones se interrumpían automáticamente en la TV y había anuncios de emergencia. Pues bien, para eso hay que resguardar con reserva de espectro el canal de emergencia, el llamado One Seg que dará alertas sobre emergencias a nuestros TV portátiles. ¿ Está protegido este Canal de Emergencia por este proyecto de ley ? Si tengo una respuesta positiva, clara y definida con precisión en el texto de este proyecto, bien por Chile, si hay omisiones es necesario legislar.

Tuvimos que mirar una transición televisiva en donde se cruzan intereses comerciales para ver cómo aparecen nuevas temáticas como la necesidad de prohibir la asignación de canales adyacentes en la televisión de libre recepción analógica hasta su extinción.

Pero hay temas que se abordaron y donde las soluciones parecen perfectibles, mejorables y deben ser resueltas antes que vuelvan a la Cámara para su revisión posterior. Me refiero a tres asuntos.

Primero, la transparencia en el CNTV. No es posible segmentar qué aspectos de la Ley de Transparencia aplican o no al Consejo Nacional de TV. El Artículo 51 del proyecto de ley establece limitaciones a la acción del Consejo para la Transparencia. El CNTV es un órgano público y no tiene una autonomía constitucional que le exima de cumplir con algunos de los contenidos del Artículo 8° de la CPR y de la Ley 20.285. Por lo tanto, es rechazable escoger como si fuera un menú que obligación le autoimponemos en materia de transparencia al órgano que debe velar por la asignación de uno de los bienes más preciosos que tiene el Estado: concesiones televisivas. Ni sobre la ley, ni menos que la ley: sólo aplicarla en su totalidad al CNTV.

Segundo, el plazo de las concesiones. Se ha impuesto, en línea con el derecho comparado en la materia, limitaciones de plazo a las concesiones hasta 20 años. Sabemos que este asunto se prolongará como cuestión constitucional por parte de los propios actores. Resulta razonable entender que no es lo mismo la garantía de los plazos concesionales en el marco de la televisión analógica a la TV Digital. Sin embargo, tampoco es indiferente la asignación previa, responsable y con algunas diferencias en el uso que han tenido los canales de sus concesiones. ¿ Por qué debemos otorgarle por 20 años a TVN las concesiones digitales ? ¿ Se va a acabar el Estado en ese plazo, se va a cuestionar su derecho a tenerlas ? Eso sabemos que no va a pasar y ello ya indica que la norma no está bien pensada. La propia Constitución permite hacer diferencias entre concesionarios cuya titularidad es histórica y la reconoció la Constitución, siempre que hayan mantenido y mantengan en plenitud su concesión originariamente otorgada, tanto en dominio como en usufructo. Estos canales que son dos sí tienen derecho a las reglas originales. Los demás tendrán el derecho preferente en las licitaciones en la medida que realicen una oferta tecnológica similar.

Tercero, ¿ cuánta televisión digital y cuánto usufructo ? Como sabemos la TV Digital multiplica y potencia las capacidades de contar con más canales de TV. Por supuesto, que ello depende de la cantidad de megahertz utilizados en la emisión de calidad. La alta tecnología digital ocupa a lo menos 3 megahertz para desarrollar esta capacidad. Se incorporó en el último trámite una referencia a que se reservaba un 50 % para emisiones gratuitas y en similar % podía ofrecerse a un tercero en arriendo. Lo anterior, abre las perspectivas de una modalidad triple de televisión en Chile: la televisión de pago por cable; la televisión de libre recepción digital gratuita y la televisión digital de pago. Esta segmentación no estaba en los planes de ningún legislador. Si la oferta era contar con más canales, de mayor calidad, para ofertar mejores perspectivas ciudadanas, comunitarias, regionales y temáticas, no puede este porcentaje transformarse en el Talón de Aquiles de la televisión por cable como competencia y en Talón de Aquiles de la televisión digital abierta por calidad. No podemos permitir que con cargo a este segmento que “sobraba” o “el resto de la frecuencia” terminemos afectando la calidad de la televisión que los chilenos merecen y encareciendo el mercado de la televisión de cable. Esas indicaciones de última hora son la carga que se recogió en este buque en donde ya había capeado el temporal del Tribunal Constitucional y podía asomar de nuevo. Es necesario dar claridad sobre los efectos económicos de esas reglas y por ahora lo prudente es no apoyarlas.

Requerimos del Gobierno y de la Subtel transparencia en esta legislación, reconocimiento histórico a operadores de televisión necesarios y reglas del juego justas para todos con el objeto de mejorar la televisión en calidad de imagen, calidad en los contenidos y oferta en la diversidad plural de Chile.

La Regulación del Lobby una tarea injustificadamente postergada

2011-04-19T14:30:00.002-03:00

Hace casi diez años en una reunión de parlamentarios, en aquella época de gobierno, plantee la necesidad de promover una iniciativa legal que regulara el lobby, a la sazón, ya bastante más que indiciario en el desarrollo de nuestra economía.

No olvidaré que un Senador (ya no lo es) comentó mi inquietud, con bastante desdén, y terminantemente me indicó, “el lobby no hay que regularlo, hay que prohibirlo y sancionarlo como una actividad de carácter ilegal.” Le contesté con una frase, que recuerdo haber oído en un seminario internacional sobre la materia, “mire Senador el lobby es como la prostitución, no saca nada con prohibirla, es necesario regularla”, obviamente mi respuesta no le pareció pertinente, yo en cambio a diez años del diálogo aludido sigo convencido que resulta indispensable dictar un estatuto regulatorio. Reconozco que la comparación que efectué es dura, pero que duda cabe que es útil para consignar una necesidad urgente y por cierto aún pendiente. Si hace una década el lobby era una actividad más que incipiente, hoy se ha convertido una actividad común y plena, cada día hay más personas naturales y jurídicas que ejecutan profesional y habitualmente el lobby, y por cierto existe también, digámoslo así, una cifra negra que ejecutando a todas luces lobby profesional y habitual, optan por denominarse, eufemísticamente como asesores de imagen, asesores en asuntos corporativos, analistas de mercado, y otras muchas expresiones destinadas a disimular una actividad, que suele ser considerada pecaminosa.

Pero que ha pasado desde la perspectiva legislativa en esta última década? adelanto mi conclusión: Poco o más bien nada.

En efecto, nuestra sociedad, en particular su elites políticas, empresariales, sindicales, y también el mundo de los medios de comunicación, han optado por presenciar el desarrollo cada vez mayor del lobby profesional habitual y también del esporádico, aceptando su más completa desregulación.

En términos sencillos, la tácita conclusión ha sido: hagámonos los lesos, no constituye prioridad en la agenda, al final siempre ha ocurrido y no hay nada tan significativo.

Todas conclusiones que en mi modesta opinión personal constituyen un grave error. Pues el lobby desregulado termina casi siempre siendo trafico de influencia, figura muy limítrofe con conductas ilícitas y termina también contribuyendo a tener una sociedad poco transparente y como consecuencia de aquello donde los intereses de los mas poderosos tiene un mucho mejor caldo de cultivo para su consumación y ejecución.

En mayo del 2003, Carolina Tohá, el autor de este articulo, y los Diputados Patricio Walker, Carlos Montes, Antonio Leal, Eduardo Saffirio y Patricio Hales, presentamos tanto en al Congreso, como a las autoridades de gubernamentales de la época, una iniciativa de regulación de lobby. En octubre el gobierno del Presidente R. Lagos introdujo al trámite legislativo un P. de Ley de regulación de Lobby recogiendo en buena parte nuestra moción.

El Proyecto se tramitó entre noviembre del 2003 y noviembre del 2008, fecha desde la cual se encuentra paralizado en el Senado de la República, sin ningún tipo de urgencia, y lo que es más llamativo sin que figure con prioridad alguna para la actual administración.

Durante ese período, se llegó a aprobar el proyecto y quedo listo para su promulgación, sin embargo, la administración de Michelle Bachelet, con algunos buenos fundamentos estimó necesario enviar al trámite legislativo un veto aditivo, pues durante la tramitación de la iniciativa, particularmente en el Senado, se habían eliminado elementos centrales de la buscada regulación.

El veto en cuestión fue despachado en la Cámara de Diputados, pero volvió a encontrar escollos insalvables en el senado, el ejecutivo anterior optó por quitarle urgencia y desde esa fecha duerme en la Cámara revisora

Como toda regulación en su primera versión, puede provocar debate y discusión, pero el peor es arrancar a ese debate no haciendo nada

A lo menos debieran rescatarse las cuestiones no controversiales, y transformarlas en una ley, ¿qué costaría obligar a las autoridades públicas – todas – a hacer públicas sus agendas?, allí quedaría a la luz clara, a quién se recibe, para que, y como consecuencia los lobbistas no podrían ampararse en el secreto.

Mientras no se tome una decisión, esto seguirá oliendo mal, oliendo a tráfico de influencia.

La agenda Pro – Transparencia del actual gobierno ha sido pobre y escasa, el lobby es un reflejo emblemático de tal actitud pasiva.

Para ser honesto, en una reciente reunión con el Ministro Larroulet frente a una pregunta del suscrito sobre la materia, me indico que estamos estudiando una alternativa al veto hoy paralizado.

Escúchanos Señor te rogamos.

Gasto en Defensa

2011-04-12T11:32:00.001-03:00

El diario El País, en su edición para Latino América, sobre la base de un estudio de una ONG dedicada a temas de defensa, trae una mala noticia. En efecto mientras el mundo, en general, durante el 2010, gastó menos dinero en armas, la excepción Sudamérica hizo lo contrario, aquí el gasto en defensa subió, llegando para nada despreciable cantidad de U$ 63.000 millones. Luego de Brasil y Colombia, ocupamos el 3º lugar como quienes destinan mayor porcentaje del gasto público en defensa. Sin duda es una mala noticia, ser la región que muestra un índice de aumento, particularmente si constituye una navegación contra corriente. Es cierto que no resulta una tarea fácil revertir los índices de gasto, ello requiere no solo de decisiones unilaterales, sino principalmente de acuerdos multilaterales. Pero no hay duda que nuestro continente debe poner el punto en debate, más allá de las dificultades. Sería altamente positivo que nuestro país asumiera un rol protagónico al respecto. A lo menos en política domestica, debiéramos acelerar, de una vez por toda, la discusión sobre nuestra formula de financimiento del gasto militar. Nuestra actual situación (ley secreta del cobre) no da para más, dicha fórmula no pasa prueba alguna de estándares de transparencia y de democracia. Bajo la administración de Michelle Bachelet, se ingresó una interesante propuesta, recogiendo iniciativas parlamentarias en la que me ha correspondido participar, entre otros, desde hace una década. El actual gobierno decidió no insistir en esta propuesta – reconozco que hubo de parte de personeros de la Concertación poca claridad y entusiasmo , y en su lugar, primero anunció una propuesta para el 2010, sin que cumpliera, hoy señala que antes del 21 de mayo ingresará al Congreso la iniciativa, ojala así sea. El Ministro Allamand, tiene una gran oportunidad de dar un paso definitivo en esta materia, estamos abiertos a discutir la propuesta y de una vez para siempre, contribuir a un sistema de financiamiento, por cierto indispensable, pero transparente, democrático, donde el Congreso tenga opinión, y no sea un mero buzón de parciales informaciones.

Entre San Miguel y los Cajeros Automáticos

2011-03-22T15:59:00.001-03:00

Hace algún tiempo leí un libro patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial español, sobre las penas y las alternativas a la prisión, de allí recuerdo una frase dura, pero real que decía “quién haya visitado los patios de, al menos, cuatro prisiones, sabe perfectamente de lo que hablamos. La cárcel es el espacio institucional, que recibe el fracaso social; la pobreza, la marginación, la ausencia de educación no violenta e igualitario, la enfermedad mental, las toxicomanías y las consecuencias de esta sociedad consumista, de gratificación inmediata”

Mutatis mutandi, sin duda la aseveración es perfectamente aplicable a nuestra propia realidad.

La pregunta esencial e ineludible es que hacemos como sociedad para revertir la situación descrita.

La respuesta honesta es, que poco o nada.

El Gobierno por medio de su Ministro de Justicia ha planteado algunas medidas, para lo que denomina “El uso racional de la cárcel”, de ello surge tácitamente que hasta la fecha ha existido un uso irracional de la misma. Comparto esa lectura.

Llama poderosamente la atención que sea este gobierno el que ponga este tema en la agenda pública. El mismo gobierno, que cuando fue oposición y cuando hizo campaña, estableció como elemento central de su programa, la cárcel, como eje fundamental de sus políticas de seguridad pública, recuérdese simplemente, el slogan “se acabo el recreo a los delincuentes”, o aquello de poner “candado a la puerta”.

Qué ocurrió para justificar este giro?

A mi juicio un hecho, el más dramático y doloroso que recuerda la triste historia carcelaria de Chile; El incendio de la cárcel de San Miguel y los 81 chilenos que allí murieron, como consecuencia del hacinamiento, de la imprevisión y según parece de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de la negligencia de quienes debían cuidarlos.

Allí esta la causa basal del debate actual. Recuérdese que pocos meses antes del dramático 8 de diciembre, la Iglesia Católica había propuesto un indulto general, la respuesta, casi unánime fue un portazo sonoro.

Con posterioridad al incendio de San Miguel el Director de Gendarmería, señalaba que los recursos fiscales no eran suficientes para dar alimentación digna a los presos, de esa manera justificaba el uso de balones de gas para que los reos se prepararan su propia comida. Tal déficit no fue objeto de discusión alguna durante la tramitación del presupuesto 2011, ni de parte del ejecutivo, ni de los parlamentarios, incluido el suscrito.

Creo que el cambio de política propuesta por el Ministerio de Justicia, es positiva y valorable, y ello más allá de la que sostenía el gobierno no hace tanto.

La oposición debe concurrir en un gran acuerdo nacional sobre esta materia, y dejar atrás cualquier tentación de sacar partido político al trecho gigantesco que hay entre el discurso propagandístico de ayer y la dura realidad de hoy.

Este gobierno a contrario de los anteriores encontrará una oposición dispuesta a construir un sistema distinto, tengo la convicción que ello ocurrirá así

Perfeccionamiento de Gendarmería, construcción de nuevas cárceles, fortalecimiento de las penas alternativas a la prisión, fortalecimiento de las medidas de reinserción y rehabilitación, y modificación de la legislación para lograr un uso racional de los recintos carcelarios, son las medidas asumidas, que más allá de la discusión del detalle jurídico debieran ser una base sólida de acuerdo, de largo alcance.

Desgraciadamente, la semana pasada el gobierno, ahora a través del Ministro del Interior, da una señal en la dirección opuesta, del uso “racional de la cárcel”. En efecto anuncia, con una simpleza ramplona, que el crecimiento del robo a cajeros automáticos, lo combatirá con un aumento sustancial de penas. Repetimos la historia, ayer fue el robo hormiga en los supermercados, la modificación del código procesal penal en materia de medidas cautelares.

La tarea de bajar el delito de robo de dispensadores de dinero, tiene que ver con menor impunidad sobre la base de exigir a nuestras policías prevención, exigir a los bancos – utilidades tienen - medidas de seguridad, ubicación racional de los cajeros automáticos, etc., así por lo demás años atrás se logro bajar este tipo de delitos.

No se puede al mismo tiempo implementar políticas de uso racional de las cárceles y paralelamente crear condiciones para llenarlas.

A ponerse de acuerdo.

UNA EXTRAÑA SUBROGANCIA

2011-01-28T12:42:00.002-03:00

1. De acuerdo a la Constitución, si el Presidente de la República no puede ejercer el cargo por impedimento temporal, por enfermedad, por ausencia del territorio u otro grave motivo, le subroga, con el título de Vicepresidente de la República, “el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal” (artículo 29 de la Constitución). La Constitución del 25 se refería a la materia en el artículo 66, indicando que la subrogancia le correspondía al “Ministro a quien favorezca el orden de precedencia que señale la ley”.

2. Por su parte, el artículo 33, inciso segundo, señala que corresponde a la ley determinar no sólo el número y organización de los Ministerios, sino “también el orden de precedencia de los Ministros titulares”. La Constitución de 1925 no establecía en la norma equivalente (el artículo 73) una regla en esta materia. Señalaba sólo que la ley debía determinar el número de los Ministros y sus respectivos departamentos.

3. De este modo, en dos de sus disposiciones (artículo 29 y 33), la Constitución establece que el orden de precedencia legal de los Ministros es materia de ley.

4. Dicho orden de precedencia está establecido en la actualidad en el antiguo D.F.L. 7912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado. Expresamente su artículo 1°, inciso segundo, señala que “el orden de precedencia de los Ministerios será el asignado en el presente decreto”.

Sin embargo, los Ministerios que lista y ordena son los que existían en esa época. Algunos de ellos ya no existen; otros se refundieron; y hay otros nuevos que no figuran en ese listado.

El orden que fija dicho D.F.L. en su artículo 1°, es el siguiente: “1° Interior, 2° Relaciones Exteriores, 3° Hacienda, 4° Educación Pública, 5° Justicia, 6° Guerra, 7° Marina, 8° Fomento y 9° Bienestar Social”.

Como se observa, este listado está algo obsoleto. Sin embargo, es la única disposición legal que fija el orden de subrogancia.

5. Consciente de ese desfase, de casi 100 años, recientemente el Congreso Nacional, en el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra para control preventivo ante el Tribunal Constitucional, actualiza este listado y fija la precedencia legal.

El orden que fija es el siguiente ( 1° Interior y Seguridad Pública; 2° Relaciones Exteriores; 3° Defensa Nacional; 4° Hacienda; 5° Secretaría General de la Presidencia de la República; 6° Secretaría General de Gobierno; 7° Economía, Fomento y Turismo; 8° Planificación; 9° Educación; 10° Justicia; 11° Trabajo y Previsión Social; 12° Obras Públicas; 13° Salud; 14° Vivienda y Urbanismo; 15° Agricultura; 16° Minería; 17° Transportes y Telecomunicaciones; 18° Bienes Nacionales; 19º Energía, y 20º Medio Ambiente).

Como se observa, en este nuevo listado no sólo se fija un orden sino también se actualiza a 2011 los ministerios que existen hoy. Además, se equipara el orden protocolar –fijado en el Reglamento de Ceremonial y Protocolo- con el orden de precedencia legal de los ministerios.

6. En los servicios, se puede alterar el orden de subrogancia por norma administrativa (art. 81. E.A.); y el Presidente, también por decreto, puede disponer que a un Ministro no lo subrogue el subsecretario respectivo sino que otro Ministro (art. 25. LOCBGAE).

No sucede lo mismo con el Presidente de la República. Las razones para que sea la ley la que fije esa subrogancia, es que ello da estabilidad a un asunto tan importante como asumir el cargo de Vicepresidente de la República. Es decir, el reemplazo temporal del Jefe de Estado.

Tan importante es el asunto, que la propia Constitución señala, de una parte, que subrogan sólo los Ministros titulares; y, de la otra, que si faltan todos los ministros, subroga “sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema”. Este orden fue alterado por reforma constitucional, el 2005, incorporando al Presidente de la Cámara de Diputados.

La Constitución, por tanto, no quiere sorpresas ni preferencias personales ni casuismo, estableciendo un orden de modo permanente, no sujeto a coyunturas. Es la ley, no el decreto el que determina el orden de los Ministros; y si ese orden legal falla, entra un orden que ella misma define.

7. No obstante lo anterior, mediante D.S. N° 1075, de Interior, publicado en el Diario Oficial el 04.01.2011, se complementó el decreto que nombró el primer gabinete del Presidente Piñera, estableciendo, por cinco días (01.01.2011 al 05.01.2011), en primer lugar del orden de precedencia, al Ministro Secretario General de la Presidencia. Se trata, en consecuencia, de una alteración temporal, por los ya señalados cinco días, del orden de subrogancia.

8. Pero ello no terminó ahí, pues mediante D.S. N° 1, de Interior, de 2011, publicado en el Diario Oficial el 14.01.2011, asumió como Vicepresidente el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristián Larroulet, por el día 1 de enero de 2011, como consecuencia del viaje a Brasil del Presidente Piñera. O sea, la modificación del D.S. N° 1075 tenía este propósito.

9. El decreto 1075 se fundó, normativamente, en el D.F.L. 3612, de 06.08.1930. Mediante esta disposición se autoriza al Presidente de la República para “designar en el decreto de nombramiento a cualquiera de sus Ministros para que ocupe el primer lugar en el orden de precedencia a que se refiere el artículo 66 de la Constitución Política, sin que esta designación altere el orden establecido en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley número 7912, de 30 de noviembre de 1927, para los demás Ministros. En este caso, el Ministro del Interior ocupará el segundo lugar entre los Ministros”.

El D.F.L. 3612 se dictó en ejercicio de la facultad delegada al Ejecutivo entregada por la ley delegatoria N° 4.795, publicada en el Diario Oficial el 22.02.1930.

10. Como se observa, el D.F.L. N° 3612, en los hechos, permite que por decreto se modifique el orden de precedencia.

Sin embargo, esta posibilidad incompatible con la norma constitucional de la época (artículo 66, Constitución de 1925) cayó en desuso. En efecto, la naturaleza de rango legal que requiere el orden de precedencia, fue reconocido durante la Constitución de 1925, por la Contraloría General de la República, quien en 1961 no cursó un decreto del Ministerio del Interior en la parte que establecía un nuevo orden de precedencia de los Ministros (dictamen 44963/1961).

En la actualidad, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, el orden de precedencia de los Ministros no admite dudas: lo fija sólo la ley (artículos 28 y 33)

11. Pero con sorpresa, hemos visto que esta práctica de hace 80 años atrás ha resucitado.

En los gobiernos de la Concertación, cuando el Presidente de la República salía al extranjero, conjuntamente con el Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, siempre subrogó el Ministro de Hacienda. Así ocurrió la primera vez en que esto tuvo lugar, en diciembre del año 2004, en que el titular de la Cartera de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre subrogó al entonces Presidente Lagos (D.S. N° 1202, D.O. 30.12.2004).

Ello fue así, porque ese era el orden legal de precedencia vigente, establecido por el D.F.L. N° 7912, de 1927. En ese orden, Hacienda estaba antes que Educación, que Justicia, que Guerra.

12. Lo grave del decreto 1075, es que, en primer lugar, se altera el orden de precedencia legal; en segundo lugar, se pone en el primer lugar del orden de la precedencia al titular de una Cartera (la Secretaría General de la Presidencia), creada recién en 1990, por la ley N° 18.993; por lo mismo, ni siquiera reconocida por el D.F.L. de 1927; y, finalmente, dicha alteración del orden legal es por sólo cinco días.

13. Los gobiernos deben cuidar las instituciones. Más si afecta la subrogación del mismísimo Presidente de la República. Sería un bochorno, nacional e internacional, si alguien impugnara este decreto, pues habríamos tenido un Vicepresidente que no fue y sus actos adolecerían de nulidad.

En el pasado, cuando los gobiernos usaron normas antiguas, de otra época, para llevar a cabo sus medidas, se les reprochó que usaban “resquicios legales”. Se justificó muchas cosas en eso.

Resulta curioso que el segundo gobierno de derecha después de la crisis de 1973 –el primero, que duda cabe, fue el de Pinochet-, se entronque con ese pasado, recurriendo a esas prácticas que antaño rechazó vehemente.

Es cierto que esta vez los resquicios no afectan la propiedad. Pero la institución del Presidente de la República merece ser cuidada por todos. También por el mismo Presidente de la República y por el Ministro encargado de asesorarlo legalmente.

Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

2011-01-27T11:56:00.000-03:00

La discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha instalado en múltiples legislaciones. Países de Europa han ido estableciendo en sus legislaciones de manera progresiva este tipo de responsabilidades derivadas de actos antijurídicos realizados por las empresas, por las personas jurídicas, por las personas morales. Pese a lo anterior, este proceso de modificación jurídica no ha tenido la misma fuerza ni rapidez en los países latinoamericanos, incluido el nuestro.

Por su lado, tanto los organismos como los instrumentos internacionales han planteado la necesidad de que tanto sus miembros como aquellos que aspiran a serlo, deban satisfacer ciertos estándares en diversos ámbitos relacionados con la delincuencia o con la seguridad en las relaciones comerciales. En este último punto, organismos como la OCDE han instado a sus socios a que contemplen en sus legislaciones normas destinadas a sancionar a las empresas. Por estas razones, se ha planteado la necesidad de justificar a nivel politicocriminal la sanción penal de actos realizados al interior de organizaciones que, en muchos casos, no sólo dañan las relaciones económicas internas, sino que también afectan la imagen internacional de los países.

En efecto, incluso, en países en desarrollo, como el nuestro, ya se ha empezado a notar fuertemente el influjo de la globalización y, consecuencialmente, la mayor complejidad que presenta la adopción de decisiones al interior de las corporaciones con alto grado de complejidad, siendo innumerables los casos en que resulta extremadamente difícil establecer responsabilidades individuales, ya sea porque los procesos de decisión difuminan las diversas voluntades que han intervenido en ello o porque son adoptadas en forma autónoma y desligada de los niveles centrales de la empresa. En estos casos, no resulta posible establecer las responsabilidades individuales, incluso, porque no hubo necesariamente una decisión individual que generara la típica acción delictuosa.

Existen casos en que sí es posible establecer la responsabilidad personal al interior de una organización, pudiéndose, por tanto, aplicar sanciones individuales de índole penal. Incluso, cuando se puede probar determinado hecho, también se aplican, como ocurre en el caso chileno, sanciones de naturaleza administrativa. Pero sigue siendo discutible lo relacionado con la eficacia de la pena. En tales casos, siempre queda abierta la interrogante acerca de la capacidad de las sanciones para reprimir ciertos actos, cuando éstos forman parte de una conducta sistemática de la organización.

El asunto consiste, entonces, en determinar si en ordenamientos jurídicos como el chileno, la sanción administrativa independiente es suficiente para evitar que sigan ocurriendo conductas como las descritas. Lo anterior ha sido dejado de lado en forma sostenida en los países con mayor desarrollo jurídico. Por lo tanto, la irrupción del derecho penal en el ámbito de las empresas, de las personas jurídicas sin fines de lucro, como determinadas corporaciones y fundaciones, ha encontrado su justificación en los obstáculos reales que ha debido enfrentar el sistema penal para establecer responsabilidades individuales y determinar la necesidad de reconocer que existen ciertos atentados que justifican la protección penal de la sociedad, manteniéndose, por tanto, su carácter de extrema ratio, de última razón.

Allí está el mérito esencial de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El camino elegido fue el gradualismo, como suele ocurrir con las grandes reformas jurídicas (delitos bases; art 27 Ley 19.913, art. 8 de la Ley 18319 y artículos 250 y 250 bis A del C. Penal). Ya se ha iniciado la discusión sobre la incorporación de nuevos delitos bases. Con un grupo de diputados, hemos presentado una moción, para incorporar entre otros las de las leyes 18045, 18046.

Resolución de Contraloría en caso Chiledeportes

2010-12-13T17:16:00.003-03:00

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Algunas ideas para enfrentar la crisis carcelaria

2010-12-10T11:03:00.001-03:00

Reorganizar Gendarmería, todo indica que es necesario terminar con la actual orgánica de Gendarmería y pasar a la creación de dos servicios distintos y complementarios, con metas y presupuestos propios, uno encargado del sistema penitenciario (que es lo que hace preferentemente la actual gendarmería) y otro encargado del sistema extrapenitenciario.

El nuevo servicio debiera estar a cargo del cumplimento de penas y medidas en libertad, como de los ámbitos propios de la rehabilitación y reinserción de los condenados.

Deben aumentarse sustancialmente los recursos fiscales para los programas de rehabilitación de infractores. Por cada preso que se invierte en cárceles, debiera invertirse igual suma en rehabilitación. En esa tarea debiera darse un rol preponderante a instituciones (Universidades, ONG, centros de formación técnica) que hayan demostrado vocación y competencia en el tema.

Instaurar un mecanismo de Fast – track para la construcción de recintos penitenciarios, bajo el sistema de concesiones.

Jueces especializados en el control y ejecución de penas.

Poner suma urgencia a la ley que modifica el sistema de cumplimiento alternativo de penas restrictivas de libertad.

Retiro o reestudio de proyecto de ley sobre prisión preventiva y suspensión condicional del procedimiento. El que con su actual texto importara una nueva y potente presión de sobrepoblamiento carcelario.

Estudiar una ley de indulto, bajo los parámetros de la llamada “jubileo 2000”

establecer incentivos monetarios, más allá de las actuales normas, para la contratación de personas con antecedentes penales.

Carta al Pro Secretario de la Cámara de Diputados

2010-11-19T10:16:00.002-03:00

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TRANSPARENCIA

2010-11-04T13:47:00.002-03:00

El pasado martes 26 de octubre “Transparencia Internacional” por medio de su capítulo chileno hizo público el “Índice de percepción de la Corrupción” (IdePC).

Dicha publicación constituye una buena noticia para Chile, ello porque aumentó su puntaje positivo respecto de la anterior medición (de 6,7 a 7,2) y avanzó cuatro lugares en el ranking mundial de países. (del lugar 25 al 21), la muestra incluye a 178 países. El avance permitió recuperar el liderazgo a nivel latinoamericano.

Las mediciones son realizadas durante el año 2009 y lo que ha corrido del 2010, por ende en nuestro caso incluye gestiones de 2 gobiernos, ellos permite que nadie saque conclusiones de política pequeña.

El Capítulo Chileno señala que los resultados favorables surgen principalmente de los progresos en materia de transparencia, específicamente en la implementación de la ley de acceso a la Información (2008), y las modificaciones legales que hubo de dictarse como requisito previo para ingresar a la OCDE, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, gobiernos corporativos de empresas privadas, gobierno corporativo de Codelco, modificaciones al secreto tributario, cooperación internacional en este ámbito.

Sin embargo, más allá de esta buena noticia sería un error creer que todo está hecho, y que basta con el status quo.

Por el contrario, hay un gran espacio para mejorar nuestros estándares de transparencia, entendiendo que los mismos constituyen uno de los principales antídotos en contra de la corrupción.

A mi juicio, hay un hecho preocupante, la agenda legislativa de transparencia está virtualmente paralizada (recuérdese lo importante que fueron las leyes para la actual calificación positiva.)

En efecto, en lo que va del año legislativo ningún proyecto de la agenda ha progresado en su trámite, ni mucho menos se ha convertido en ley de la República.

Algunos ejemplos de lo anterior:

- El proyecto que levanta el secreto por lavado de activos y otorga más facultades a la Unidad de Análisis Financiero, duerme en el Senado desde julio de 2009, luego de que su aprobación prácticamente unánime en la Cámara de Diputados.

- La regulación del lobby, duerme también en el Senado hace más de un año.

- Fideicomiso y reforma de la Declaración de Patrimonio no prosperan en su trámite, aunque en este caso se abre una puerta de celeridad sobre la base de un trabajo pre - legislativo en ejecución.

- El proyecto sobre normas para evitar la “Puerta Giratoria” no registra ningún movimiento en los últimos dos años y los casos de traspaso de lo público a lo privado, en áreas idénticas siguen siendo de común ocurrencia.

En la misma situación se encuentran las iniciativas sobre protección de datos personales, transparencia del gasto electoral y publicidad de leyes secretas.

Punto aparte merecen las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que por cierto deben ser en la línea de poner término a todo secretismo discrecional. Actualmente la Cámara de Diputados tramita una iniciativa en este sentido, que puede constituir una buena oportunidad, más allá de ciertos intentos por mantener secretos impropios.

Capítulo aparte merece el tema de la transparencia y probidad en el sector privado, donde el espacio es aún más amplio para el progreso.

Así las cosas, la buena noticia debe constituir un aliento para retomar la agenda, y en ningún caso motivo de autocomplacencia.

Agradecimiento de Gary Stahl, representante UNICEF-Chile

2010-10-01T11:31:00.001-04:00

Estimado Diputado,

Quisiera agradecerle muy especialmente su apoyo y compromiso con las modificaciones a la Ley Antiterrorista, que se están discutiendo actualmente en el Congreso, en cuanto a excluir de su ámbito de aplicación a los menores de 18 años de edad. Le agradecemos que haya impulsado y defendido dicha indicación que privilegia la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a los adolescentes que cometan delitos y que deje fuera de este ámbito a la Ley Antiterrorista. Sabemos que la discusión de esta iniciativa en el Congreso no ha estado exenta de dificultades y ha tenido sortear muchos obstáculos. Estamos conscientes que las modificaciones introducidas a la Ley Antiterrorista no son suficiente para terminar con la huelga de hambre que sostienen los comuneros Mapuche, ni para cumplir con los estándares internacionales en esta materia. Sin embargo, sabemos que éstas constituyen un avance respecto de la actual situación.
Le agradezco su genuino compromiso con los adolescentes de este país. Desde ya, me pongo a su disposición por si requiere de la colaboración de UNICEF para esta u otras iniciativas que se discutan en el Parlamento.

Gary Stahl

Representante UNICEF, Chile

REPATRIACION DE CAPITALES

2010-08-26T14:06:00.000-04:00

Desde hace algún tiempo se habla del envío al Congreso de una iniciativa legal de repatriación de capitales o de blanqueo, como menos eufemísticamente se le suele llamar. En un comienzo, debo reconocer, me pareció una alternativa interesante, particularmente en la perspectiva de allegar recursos a la caja fiscal, para acometer gastos o inversiones de carácter social.

Sin embargo, del debate público del tema, de un análisis más de fondo, surgen razones para estimar en definitiva que es una mala idea.

Desde luego cualquier eventual iniciativa debiera dejar meridianamente claro que el objetivo buscado son inversiones de origen lícito, que sujetos tributarios domésticos mantienen en el exterior y que no han sido reportadas a las autoridades nacionales, manteniéndolas en sigilo, evitando con esa conducta el pago de los impuestos pertinentes.

Lo más probable es que dichas inversiones figuren a nombre de sociedades constituidas en el extranjero que son de propiedad de sujetos tributarios chilenos.

La forma en que se ejecutó el ocultamiento a la autoridad tributaria chilena, puede revertir las más variadas formas, pero cualquiera de ellas, a lo menos, puede configurar ilícitos a las disposiciones cambiarias, que traen aparejadas multas con casi 3 veces el capital, además atendido el carácter del ocultamiento existen variados supuestos que pueden configurar fraudes tributarios, sin perjuicio de las acciones, vigentes, de cobro por los impuestos adeudados.

Pero sin duda, las iniciativas de blanqueo poseen el riesgo no despreciable, como lo leyera en un artículo especializado que junto a los fondos de origen lícito no declarados, existen otros de origen ilícito, obtenidos del narcotráfico, el contrabando de armas, el financiamiento del terrorismo o la corrupción, entre otras actividades. De un punto de vista práctico, es muy difícil distinguir unos de otros, ya que ante el riesgo de ser descubiertos, los evasores no suelen conservar detallados registros del origen de sus fondos no declarados. Por el contrario, los delincuentes pueden obtener con facilidad toda clase de certificados y carta las falsas para justificar un supuesto origen lícito de sus flujos. No parece sencillo, por tanto, impedir que un narcotraficante aproveche la oportunidad de confesar una simple evasión de impuestos, si con ello logra blanquear sus fondos ilícitos

Probablemente desde el punto de vista tributario, hoy menos que nunca es necesaria una ley de esta naturaleza ello es esencialmente, porque la capacidad del SII para detectar fondos ocultos es mucho más poderosa, a partir de las reformas, vigentes desde el 1º de Enero recién pasado, que permite a la autoridad tener acceso a los movimientos de las cuentas corrientes locales de las personas. Hasta ahora, éstas constituían una forma relativamente segura para repatriar, con completo disimulo, flujos provenientes de los fondos extranjeros no declarados. En la medida en que no se gastaran o invirtieran de una forma que llamara la atención del SIl, como cuando los pagos se hacen en efectivo y por montos pequeños; eran virtualmente indetectables. Con la reforma surge un riesgo mucho mayor de detección.

El camino entonces parece ser detectar a los evasores, mucho más que premiar la conducta torcida.

Los Derechos del Niño

2010-08-24T10:59:00.000-04:00

A propósito del reciente aniversario de la promulgación (20 años, Gobierno de Don Patricio Aylwin) en Chile de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño como Ley de la República, me parece importante reseñar:

1. El rol que ha jugado y debe seguir jugando el legislador, en materia de adecuación de la legislación chilena a las obligaciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas Sobre Derechos del Niño. Con orgullo puedo indicar que, entre muchos, he participado en estos desafios.

a) La ley 19.585, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, eliminando la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos;

b) La ley 19.620 (modificada por ley 20.203), sobre nuevas normas de adopción de menores;

c) La ley 19.968 (modificada por ley 20.286) que crea los tribunales de familia;

d) La ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar;

e) La ley 20.086, (modificada por ley 20.191) que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil;

f) La reforma constitucional que amplió la gratuidad del derecho a la educación a la enseñanza media, la creación de la jornada escolar completa y la dictación de la ley 20.370 (Ley General de Educación), que refuerza los principios de gratuidad y calidad de la educación y;

g) La Ley 20.379, que crea el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, el que busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas (desde su gestación a los 4 años de edad) y sus familias.

2. Algunos desafíos pendientes, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo:

a) Emprender reformas legales destinadas a consagrar un sistema penal juvenil realmente especializado, emprender mejoras sustanciales a los programas y centros dedicados a responsabilizar y reinsertar a adolescentes infractores de ley y mejorar los índices de educación y salud física y mental actuales. Junto con el Diputado Marcelo Díaz hemos presentado una Moción en esta dirección.

b) Avanzar hacia la derogación de una Ley de Menores (Ley 16.618 de 1967) promulgada e interpretada a la luz de los principios del sistema tutelar de menores y reemplazarla por una auténtica Ley de Protección de Derechos de la Infancia que sirva de marco interpretativo de la jurisdicción de familia. Esa ley debiera ir acompañada también de una figura nacional de protección de derechos de la infancia, como el Defensor del Niño, en las jurisdicciones comparadas.

c) Una profunda reforma a la institucionalidad de infancia y adolescencia, de modo tal que sea posible superar los límites que actualmente exhibe la estructura del Servicio Nacional de Menores (SENAME). En esta materia, se requerirá de una reforma que nos sea sólo funcional, sino que implique un profundo diagnóstico de los límites actuales del sistema, la creación de indicadores específicos en materia de estándares de salud, educación, prevención, reinserción, fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, que permiten medir en el tiempo, la pertinencia de las modificaciones institucionales emprendidas.

d) Retomar seriamente la preocupación por el trabajo infantil. Según cifras del Ministerio del Trabajo, más de 196 mil niños y adolescentes trabajan en Chile. De ellos, 107 mil lo hace en condiciones inaceptables, no cumplen la edad mínima de admisión legal al empleo de 15 años, no asisten a la escuela y trabajan en la calle, de noche o por más tiempo que la jornada legalmente establecida para todos los trabajadores. A su vez, al año 2006, eran más de 3.700 los niños y niñas involucrados en las peores formas de explotación sexual. Las edades de esos niños prostituidos van desde los 5 hasta los 18 años, concentrados mayoritariamente entre los 11 y 16 años de edad.

e) Emprender políticas destinadas a hacerse cargo de la protección de los derechos de niños particularmente vulnerables. No deja de ser preocupante el que el Estado de Chile carezca de información precisa y relevante sobre el estado de satisfacción de los derechos de los niños migrantes y refugiados que residen en Chile, de los índices de discriminación en contra de niños y adolescentes pertenecientes a minorías sexuales y de los niveles de afectación de los derechos de aquellos niños de origen indígena, particularmente de aquellos pertenecientes al pueblo Mapuche y que enfrentan la violencia del conflicto día tras día.

Hay tareas y muchas.

Nuevos Recursos para Transantiago

2010-08-24T10:55:00.001-04:00

Frente a la posibilidad, por cierto bienvenida, que los actores políticos llegasen a un acuerdo que permita asegurar los votos aprobatorios para el o los proyectos de leyes que mejoren sustancialmente nuestro sistema publico de transporte “Transantiago” parece indispensable fijar ciertas condiciones esenciales correctoras de fondo;

1.- El Transantiago tiene problemas estructurales que de no corregirse, requerirán permanentemente enormes sumas de dinero para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.

2.- Hay que establecer, contractualmente, que se pagará por pasajero transportado y no por bus kilómetro. Esto significa que el Estado no asume el riesgo por la evasión, que según “Informe Especial” de TVN llega en la periferia a superar al 50%. El sistema de buses amarillos anterior al Transantiago funcionaba 100% por pasajero transportado, con lo cual el riesgo se radica en el operador. El otorgar más recursos sino se controla la evasión significa premiar al que no paga en desmedro de todos los ciudadanos.

3.- Es indispensable contar con un sistema de control de flota (GPS) que permita administrar las frecuencias y la ubicación espacial de cada bus. Desde que se inició Transantiago el sistema no ha contado con esta herramienta, esto significa operar el sistema a ciegas, derrochando recursos a manos llenas, ya que para evitar reclamos de los usuarios se opta por aumentar indiscriminadamente la cantidad de buses en la calle.

4.- El tipo de bus oruga tiene varias falencias, desde el punto de vista de la evasión, al tener tres puertas y no contar con zonas pagas el conductor no tiene posibilidad alguna de efectuar control de evasión, esto unido a que los incentivos están mal colocados ya que tanto el conductor como el operador no dependen de que la gente pague su pasaje para cobrar por el servicio que prestan, el pago queda radicado en la honradez o voluntad del usuario el hacerlo. Los buses, dada la topografía de la ciudad no cuentan con las condiciones mínimas que les permitan operar y mantener en el tiempo la vida útil de diseño, no hay pistas de rodado aceptables, la configuración de las calles desgasta en exceso las articulaciones, por lo que la vida útil se reducirá en varios años, hoy la tasa de falla es muy superior a la de diseño. Interiormente cuenta con una configuración inconfortable para los usuarios.

5.- El sistema requiere de múltiples transbordos hasta hoy, salvo la Cisterna, no cuenta con estaciones Intermodales o estaciones de transferencia bus a bus, lo que implica que la gente debe cambiar de un bus a otro caminando de un paradero a otro con la consiguiente incomodidad.

6.- La velocidad comercial depende en medida importante de que el sistema cuente con las vías exclusivas y vías segregadas, zonas pagas para acortar el tiempo de detención del bus y otras facilidades para los usuarios hasta hoy todo o no existe o es de una precariedad enorme.

7.- Los reclamos por las mallas de recorrido han bajado, esto no se produce por haber llegado a una red capilar adecuada, sino por aburrimiento de la gente al constatar que sus reclamos no conducen a nada.

En otras palabras hay que evitar la resignación ante la inoperancia. No podemos permitir que los proyectos que aprobemos no resuelvan los temas de fondo, y dejemos una vez más cuestiones pendientes.

Dictamen Contraloría sobre Chilevisión

2010-08-23T08:22:00.002-04:00

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Modificaciones a Ley de Isapres

2010-07-26T05:47:00.000-04:00

Es probable que dentro de este mes, el Tribunal Constitucional dé a conocer su sentencia sobre la ley que regula la Tabla de Factores de Riesgo de las Isapres. Con anterioridad, el Tribunal ha dictado no menos de cinco fallos declarando que esa ley es inaplicable para las personas que han solicitado su intervención. La diferencia es que ahora, si declara la inconstitucionalidad, su sentencia tendrá el efecto de derogarla y, por ende, será expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

En estos días, hemos leído un sinnúmero de editoriales y escuchado a numerosas personas refiriéndose a este tema; algunos sostienen que la eventual derogación pondría en riesgo la existencia misma de las Isapres; otros han dicho que cerca de quinientas mil personas se verían obligadas a irse a FONASA; en fin, algunos han llamado a revisar las potestades que posee el Tribunal Constitucional de derogar normas.

A raíz de lo anterior, con un conjunto de Diputados de la Concertación, presentamos un proyecto de ley cuya finalidad era establecer las bases para que, de una vez por todas, se incorporen al sistema de salud elementos de suficiencia en la cobertura de salud y solidaridad en el financiamiento de las prestaciones.

En efecto, por un lado se establece un Plan de Salud común al que tendrían derecho todas las personas de Isapres, independientemente de su estado de salud, con lo que se pone fin a las preexistencias para las prestaciones y patologías que se incluirían en él, Plan que tendría como base el AUGE.

Por otro lado, se propone la creación de un Fondo de Compensación Común para el plan de salud universal que se estableciera, lo que permitiría solidarizar el gasto en salud.

Esta iniciativa se la hicimos llegar al señor Ministro de Salud, quien se mostró de acuerdo a las ideas planteadas y se comprometió a formar una mesa técnica entre el Gobierno y el Parlamento que analizara la propuesta.

Lamentablemente, nuestra iniciativa legal fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados, concretamente por los diputados de Gobierno quienes, con una miopía inexplicable, estimaron que la Moción regulaba materias propias de la seguridad social y, en consecuencia, debía ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Desde el retorno a la democracia, se han dictado decenas de leyes en materia de salud que han tenido su origen en iniciativas parlamentarias.

Con su decisión, la Cámara ha sentado un precedente peligroso para el ámbito de atribuciones que los parlamentarios tenemos en materia de iniciativas legislativas.

Lo anterior, por cuanto si se estima que todo lo que diga relación con la salud es una materia propia de la seguridad social, nunca más los diputados o senadores podremos presentar mociones en esta materia. Además, implicará que las leyes sobre salud deberán ser votadas con un quórum mayor al que, hasta hoy, se había aceptado.

Ojalá que el criterio sostenido por los mencionados legisladores haya sido un mal paso y se rectifique.

Volviendo al tema de la tabla de factores, recientemente el Ministro de Salud ha dicho que constituirá la “Comisión Nacional para Revisar el Financiamiento de la Salud” la que se abocará a la generación de un plan de salud básico y universal que incorpore las patologías AUGE, al que adherirán cotizantes con enfermedades preexistentes y, si un afiliado no está conforme, podrá cambiarse a otra, terminando con el problema de la “cautividad”.

Más allá del traspié, por cierto infundado que recibió nuestra moción, como se aprecia, se han recogido las principales ideas que nuestro proyecto contenía por lo que, sin duda, constituirá un importante insumo para que dicha Comisión arribe a buen puerto. Les deseamos éxito y estaremos atentos a la iniciativa legal que se envíe al Parlamento.

Jorge Burgos Varela

Recomendamos la lectura del artículo de Alejandro Micco una buena forma de entender el Royalty

2010-07-20T17:34:00.000-04:00

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Un mundial que se tiñe de sur

2010-07-01T09:43:00.002-04:00

Ver artículo

La DC y los sectores medios

2010-06-14T10:31:00.002-04:00

Ver artículo

Corrupción al modo cubano, Diario El País

2010-05-26T12:52:00.000-04:00

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Corrupcion/modo/cubano/elpepusocdmg/20100516elpdmgrep_4/Tes?print=1

Enric González, Historias de Roma, editorial R.B.A.

2010-05-25T13:24:00.002-04:00

González, nacido en Barcelona en 1959, es periodista y ha sido corresponsal del El País en Londres, Paris, Nueva York, Washington, Roma y en estos días en Jerusalén.

Tanto su paso por Londres, Nueva York, y Roma han significado publicaciones de entretenidos y bien escritos relatos de sus experiencias como habitante de esas urbes.

De Roma ya había escrito una notable historia sobre el “Calcio”, hoy nos entrega otro interesante relato de la Roma eterna, caótica, donde el bello se confunde con lo bueno, lo feo con lo malo.

Para quienes hemos tenido la suerte de estar allí, es una buena oportunidad de aprender, recordar, reír y esencialmente querer regresar. Para quienes aún no han podido es un acicate para concretarlo.

Jorge Burgos V.

FRAGILIDAD DE LA LEY

2010-05-03T17:10:00.002-04:00

Los chilenos en general tenemos mala memoria. En efecto hace algunos años, no tantos, la Minera Escondida pretendió vender en el exterior, sin pagar impuestos, uno de sus activos ubicado en nuestro territorio, operación que ese momento tenía pleno amparo legal, pero no pudo hacerlo pues el gobierno de la época (Ricardo Lagos) le hizo ver lo altamente inconveniente que resultaría y lo gravemente perjudicada que quedaría la imagen del consorcio minero, pues de persistir en la enajenación exenta de tributos se enviaría al trámite legislativo un proyecto que sellaría la fragilidad legal que quería ocuparse. Cuestión esta última que se hizo, por el gobierno y con pleno éxito pues a poco andar la iniciativa se transformó en ley de la República. En el caso de moda (venta de Axxion- Bethia) resulta ser lo mismo ya que una vez que se comprenda la operación en su totalidad sin duda surgirán legitimas voces que exigirán hacer coincidente el espíritu de la ley con su letra, lo que resultará por decir lo menos incómodo para el Presidente toda vez que a raíz de una operación realizada por él debiera cambiarse la legislación para impedir que se vuelva a repetir una situación como esa. En efecto la ley 19768 de noviembre de 2001 tuvo por objeto perfeccionar y profundizar el Mercado de Capitales Chileno modificando entre otros cuerpos legales La ley de Renta agregando el famoso artículo 18 ter. Dicho artículo estableció que las ventas de acciones con “Presencia Bursátil” quedaban exentas de pagar cualquier impuesto en caso de producirse una ganancia de capital, es decir una diferencia positiva entre el precio de compra y el de venta. Entonces se perseguía incentivar el financiamiento de las empresas a través de la Bolsa y que Chile no quedará en desventaja frente a otros países emergentes para que así los inversionistas locales e internacionales no prefirieran otros destinos para invertir.

Donde está la fragilidad de la ley? Es decir la debilidad para permitir que una norma sea sobrepasada en su espíritu. Los legisladores al definir "Presencia Bursátil" solo exigieron que las acciones tuvieran transacciones en una Bolsa de valores y luego la SVS a través de la Norma General N°103 exige solo una presencia ajustada igual o superior al 25%. Lo que podemos suponer que pasó es que los legisladores dejaron en manos del regulador el establecer los mecanismos para el buen funcionamiento de la Ley. Lo que a este punto resulta imperdonable es la inacción del Regulador al no impedir a través de mecanismos a su alcance como era la simple modificación de la Norma General N° 1 03 que una sociedad cuyas acciones estaban en un 99,96% en una sola mano y que entre los años 2002 y 2008 realizó 15 transacciones en Bolsa por un monto aproximado de $ 2.264580.- pudiese ser considerada de "Presencia Bursátil" y así poder vender indirectamente acciones que no eran beneficiarias de esta franquicia y que llegaron a ella a través de fusiones. En el año 2001 a través de un aumento capital la sociedad Holding del Presidente se hizo dueño de la casi totalidad del capital de una sociedad anónima abierta muy antigua que originalmente se llamaba Industrias Coia SA y que tuvo problemas en la crisis de los años 80. El año 2002 se le cambia el nombre por Axxion SA y se produce la fusión por medio de la cual esta absorbe FSC SA, otra sociedad del Presidente donde se encontraban las acciones LAN. Durante el año 2008 Axxion SA vende todas sus posiciones accionarias diferentes a LAN. El año 2009 la sociedad empieza a tener un mínimo movimiento bursátil y logra ser catalogada como de "Presencia Bursátil" y de esa forma estar preparada para una eventual venta indirecta de las acciones LAN. Las explicaciones dadas por los encargados de la venta de las acciones de LAN para vender acciones de Axxion y no de LAN como era el encargo original carecen de toda lógica, la razón es una sola, el evitar pagar impuestos sobre la ganancia de capital. La venta fue por aproximadamente U$ 450 millones de dólares por lo que estamos hablando de impuestos potenciales, suponiendo una utilidad cercana a los U$ 400 millones, de U$ 180 millones y esto dado que no solo no se paga el Impuesto de Primera Categoría sino que ningún impuesto por lo tanto al llegar estos dineros a las personas naturales no pagarán Impuesto Global Complementario. Ni por un momento se piense que estoy poniendo en duda la legalidad de esta operación, para eso el Presidente cuenta con destacados asesores que deben haber cubierto hasta la última duda. Lo que me preocupa es el ejemplo y por ende la igualdad ante la ley ya que si el Presidente pudo hacer esto porque no lo harían todos los otros dueños de acciones aprovechándose de esta debilidad de la ley.

Me parece que tal como lo hicimos con la Minera Escondida, años atrás, se hace indispensable tapar este hoyo. Hay una buena oportunidad para ello, puede hacerse en el proyecto MK3, hoy en el Senado, o en el proyecto de ley que el ejecutivo enviara sobre modificaciones tributarias.

Jorge Burgos Varela

ALGUNAS REFLEXIONES

2010-03-04T11:22:00.001-03:00

Los fenómenos de la naturaleza suelen ser devastadores, como ocurrió la madrugada del sábado en buena parte de nuestro territorio. Los efectos también suelen resaltar las virtudes y las bajezas humanas.

Quedémonos con los miles de jóvenes que convocados o espontáneamente se movilizan en recaudar ayuda, en coordinar acciones para ir en socorro de los más duramente afectados. Miremos con horror a los otros (chilenos también), que salen a robar, que acaparan sin necesidad, que difunden rumores, ellos son lo peor de nuestra sociedad, con ellos convivimos siempre, sucede que se notan más en estas circunstancias.

También suele suceder que surgen personas que aprovechan estos momentos solo para criticar, para recuperar posiciones públicas perdidas. Allí en estos días el ex Director de ONEMI Alberto Maturana, quizás nunca recuperado de no haber seguido en el cargo, a elegido este momento para irse encima de Onemi; estoy cierto que el trabajo de Onemi, dista mucho de haber sido perfecto, ya habrá tiempo y obligación de determinar los errores, las negligencias (también de otros servicios públicos y privados) El tema es si es hoy el momento de deslegitimar la acción de Onemi, creo que no.

Déjeme dar un sencillo testimonio de Maturana y su gestión en Onemi. Fui Subsecretario del Interior por casi 2 años, el Director de Onemi era Maturana, me tocaron varias situaciones de emergencia (ninguna como la actual) mi contraparte real y permanente siempre fue Carmen Fernández, que a la sazón era la segunda de abordo. Maturana, era más bien un director de emergencias para la TV, con indudables capacidades de comunicación, y con muchos, sin duda excesivos compromisos internacionales que requerían de su presencia.

Carmen, fuerza, Maturana perdiste una buena oportunidad de seguir en silencio.

Cine Tobalaba

2010-02-01T11:47:00.000-03:00

En Av. Providencia 2563, entre Thayer Ojeda y Holanda esta el Cine Tobalaba. Allí siempre encontraran un par de buenas películas en cartelera, de hecho en estos días se exhibe la muy buena cinta italiana “El papá de Giovanna”.

Pero el Tobalaba es mucho más que un lugar donde dan buenas películas, es un cine de barrio tranquilo, sin el desagradable olor a fritanga, sin tumultos de entrada y salida.

Allí se va al cine, no al consumo de accesorios, la gente que va, poca desgraciadamente, respeta el silencio, no tiene que estar moviendo bolsas bulliciosas llenas de contenido calórico y dañino.

En concreto el Tobalaba es un regreso a lo mejor de la vida de barrio.

Jorge Burgos V.

Haití

2010-01-16T13:20:00.000-03:00

La muerte, el dolor, la destrucción de Haití y su gente, nos entra por la vista y se nos queda alojada en el alma. Quién dijo que los hombres y mujeres de Haití ya lo habían vivido todo (miseria, abusos, autoridades corruptas, esclavitud, mortalidad materna e infantil, humillaciones) faltaba el horror de la naturaleza, cuyos efectos se consolidan en los dolores históricos haciendo más dramático, lo dramático.

El mundo se conmueve y moviliza tratando de mitigar el dolor.

Una forma de ayudar desde Chile, es depositar en la cuenta corriente Nº 1172811-1 del Banco BICE, America Solidaria, yo ya lo hice y espero seguir haciéndolo.

Fuerza y esperanza para los hermanos que sufren.

Jorge Burgos V.

Agradecimientos

2009-12-14T12:35:00.001-03:00

Vecinas y Vecinos de Ñuñoa Y Providencia:

Sinceramente, muchas gracias por renovar el apoyo.

Mi compromiso es seguir trabajando con y para ustedes.

Feliz Navidad y próspero 2010.

Con agradecimiento y afecto,

Jorge Burgos V.

DECLARACIÓN SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL

2009-12-11T10:17:00.001-03:00

Señoras y Señores Concejales de las comunas de Ñuñoa y Providencia.

Presidentes Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia y Ñuñoa

Presidentes Juntas de Vecinos de Providencia y Ñuñoa

Presidentes Organizaciones Sociales Ñuñoa y Providencia

Vecinos y Vecinas

A contar de la madrugada de hoy los mismos equipos que pusieron mis vallas (jamás colgadas) procedieron a retirar todo el material, conforme a lo dispuesto en la ley de votaciones populares y escrutinios.

Si por error queda una instalada les ruego me avisen para mandar a retirarla.

Los monumentales que contraté a empresas publicitarias (jamás monumentales ilegales como lo hicieron los candidatos de la alianza) se les avisó desde mi oficina que procedieran a retirar la propaganda, espero que lo hagan, pues físicamente es imposible que la retiremos nosotros.

Espero haber contribuido a una campaña limpia.

Vivir en el distrito da una ventaja a la hora de respetar lo nuestro.

Cordialmente,

Jorge Burgos V.

Declaración

2009-12-02T21:49:00.000-03:00

Señoras y Señores Concejales de las comunas de Ñuñoa y Providencia.

Presidentes Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia y Ñuñoa

Presidentes Juntas de Vecinos de Providencia y Ñuñoa

Vecinos y Vecinas

Como habrán podido apreciar en los últimos días los candidatos a diputados de la alianza por Chile, infringiendo la ley de propaganda electoral, han plagado nuestras comunas de carteles en la postación eléctrica.

Ello no había ocurrido en elecciones anteriores.

Desgraciadamente esta propaganda ilegal parece contar con la tácita aceptación de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley de nuestro distrito.

En lo personal tenga la seguridad que no incurriré en esa conducta ilegal, que de paso rompe la armonía y belleza de nuestras comunas, la que cuidamos especialmente quienes vivimos aquí.

Muy cordialmente,

Jorge Burgos V.

Claus Roxin, referente mundial del Derecho Penal, de visita en Chile.

2009-10-19T16:18:00.003-03:00

Fuente: El Mercurio, 27 de septiembre de 2009

El renombrado penalista alemán rechaza endurecer las penas para combatir la reincidencia y recomienda adoptar medidas de terapia social. Además, descarta la existencia de una legislación penal específica para pueblos originarios, ya que la considera "discriminatoria".
Matías Bakit R.

La Universidad Andrés Bello estaba repleta de gente pidiendo autógrafos. Pero no eran fans de algún artista o figura de la farándula. Eran abogados, todos especialistas en derecho penal, que el martes por la mañana esperaban pacientemente que una leyenda del derecho les firmara uno de sus libros.

¿Quién es la persona capaz de causar tal expectación entre los abogados? Nada menos que uno de los penalistas vivos más influyentes del mundo -y, según algunos especialistas, uno de los tres más trascendentes de la historia-, el alemán Claus Roxin.

Este abogado de 78 años -que posee 18 doctorados Honoris Causa- es autor de muchas de las teorías más importantes del área y sus enseñanzas son citadas en fallos de tribunales de todo el mundo, incluida la Corte Suprema de Chile, país con el que tiene una estrecha relación e incluso amigos, como Alfredo Etcheberry y Carlos Kunsemüller.

Estuvo esta semana en Chile invitado por la Universidad Andrés Bello para dictar dos conferencias. En medio de su agenda, habló con "El Mercurio" sobre la política criminal y la delincuencia, antes de seguir viaje hacia Torres del Paine.

-Chile tiene uno de los códigos penales más antiguos del mundo... ¿Qué es lo fundamental que debiera tener un Código Penal del siglo XXI?

-Los principios básicos debieran ser cumplir con el Estado de Derecho y profundizar en un Estado social. Esto último significa que hay que enfocar las penas hacia la resocialización. En este contexto, una de las premisas básicas que se está siguiendo en Alemania y el mundo es evitar las penas privativas de libertad en delitos menores, porque el preso sufre una serie de desventajas: se transforma en antisocial, se aleja de su familia y conoce a otros presidiarios. Hoy, el 80% de las penas en Alemania son penas de multa.

-Pero, ¿qué sucede en los casos de delitos más graves, como el crimen organizado, el terrorismo o los crímenes sexuales?

-Es que debe haber dos derechos penales. Uno menos invasivo y otro para ese tipo de crímenes. La tendencia es que, para delitos muy graves, se deben imponer penas graves de cárcel.

-¿Qué sugiere usted para lograr cambios efectivos en quienes cometen delitos y evitar la reincidencia?

-Hay muchas opciones, pero lo que no hay que hacer, aunque suele ser común en todos los países, es endurecer la pena en casos de reincidencia. La razón de esto es que el reincidente tiene una postura hostil hacia el derecho y mientras peor se le trate y más penas se le impongan, esa hostilidad va a aumentar más. Así no se puede lograr la resocialización.

-Una buena opción es lo que se hace en Alemania: adoptar medidas de terapia social. Hay establecimientos donde intervienen pedagogos y psiquiatras y se busca la resocialización a través de medidas educadoras que entrenan al delincuente para que tenga una futura vida social pacífica. Los resultados son muy buenos, pues en Alemania ha habido una reducción en las cotas de criminalidad.

-En Chile ha existido un gran debate respecto de la responsabilidad penal adolescente. ¿A qué edad un joven debiera ser imputable?

-Por ejemplo, en el caso de mi país, hay un derecho penal juvenil aplicable a personas de entre 14 y 18 años. Sin embargo, el problema tiene que ver con aspectos familiares. Muchos niños son descuidados por sus padres y, por eso, en los últimos años, la criminalidad de menores ha aumentado considerablemente.

-¿Cómo cree usted que se puede resolver este debate?

-La solución no está en el derecho penal, la solución está en combatir el problema. Los gobiernos y los sistemas de ayuda social deben intervenir antes de que ocurran los delitos. Se debería ayudar consistentemente a los padres que no pueden velar por sus hijos.

-¿Cómo compatibilizar las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía con un discurso penal que se percibe muy centrado en el garantismo?

-Siempre la gente y los políticos exigen que los delincuentes sean tratados con toda la rudeza de la ley. Y es normal. Sin embargo, todos los especialistas recomiendan exactamente lo contrario. Hay que lograr un término medio. Más daño se hace imponiendo penas y estigmatizando a alguien de por vida. Para mí la clave es evitar los hechos antes de que pasen.

-¿Debe haber una legislación penal específica en el caso de pueblos originarios?

-No es recomendable. Todas las personas son iguales ante la ley. Un derecho así sería discriminatorio. No debe haber dos formas de ver el derecho penal. Se trata de integrar a la gente. Y una cultura separada, tratada de manera diferenciada por la justicia, no puede florecer.

-Chile está en plena campaña presidencial, ¿qué les recomendaría a los candidatos en materia de políticas de seguridad?

-En mi experiencia, los políticos siempre prometen mayores sanciones y piden un derecho penal más grave. Mi recomendación sería que no hagan eso, que no trabajen para excluir al delincuente sino para integrarlo. Una justicia así no sólo sería más humana, sino que mucho más efectiva.

Donde nada florece de Ingrid Noll

2009-10-07T16:25:00.003-04:00

“Puedes cerrar los ojos a la realidad, más no al recuerdo”, es una de las varias citas literarias que el lector descubre o redescubre tras la lectura de “Donde nada florece”. El título en parte su narrativa puede hacer concluir que se trata de una novela de dolor y penas. En parte es así, pero no esencialmente. Es de amor, más bien de búsqueda de amor, entendiendo dicha acción humana como lo más esencial en la construcción de relaciones. Ingrid Noll cerca de los 80 años es capaz de entregarnos una novela de amores y desamores, entretenida y posible, donde la pequeñez y las grandezas se construyen con realismo cotidiano, la historia, más allá de sus particularidades, puede pasar aquí o allá.

IDEAS PARA UNA PRESENTACIÓN

2009-09-29T06:35:00.002-04:00

Edgardo Boeninger hace algo más de un mes estuvo en el Congreso, aceptando una invitación para exponer en la comisión mixta que discutía la Reforma Constitucional, denominada “Calidad de la Política”, así se llama uno de los capítulos del libro “Chile rumbo al futuro”.

En esa ocasión Edgardo Boeninger, con sus dolores a cuesta, pero con la sonrisa y lucidez de siempre, expuso sobre la reforma en discusión. Creía con argumentos sólidos, que era necesario mejorar el texto del proyecto incorporando una norma que de manera clara y definitiva establezca el carácter de dedicación exclusiva de la función parlamentaria, materia que hoy y desgraciadamente lo seguirá siendo, es un punto opaco de nuestro ordenamiento constitucional. En esa misma ocasión me pidió, como un favor que lo acompañara en esta presentación. El favor me lo hizo a mi, no se imaginan el orgullo que significa presentar su libro, estoy cierto, y lo digo sinceramente, que la lista de personas que merecen mucho más esta notable posibilidad es larguísima, pero Edgardo así lo quiso y aquí estoy con alegría, con mucha emoción.

Si pudiera en una frase simbolizar el sentido profundo de las ideas que Edgardo nos dejó en el libro, diría que busca “proponer sin imponer, cuestionar sin condenar”, así por lo demás fue su vida política, jamás eludió los temas complejos, pero siempre construyó y contribuyó, es esa dirección.

Edgardo nos deja, para decirlo clara y concretamente un verdadero programa de gobierno, allí esta a disposición de quien en uno meses más gobierne a nuestra Patria – y tal como lo dice el autor confiamos en que sea Eduardo Freí.

De la lectura de “Chile rumbo al futuro”, surgen propuestas, ideas, análisis para una buena parte de las áreas que posibilitan a nuestro país seguir transitando por una senda de crecimiento económico, desarrollo social y mejor equidad.

Pero como lo indica el autor en el capitulo “visiones del país y sus dilemas", el libro no se refiere a la campaña electoral, sus reflexiones no deben entenderse directa ni indirectamente vinculadas a los decires y propuestas que se hacen en el curso de una contienda electoral, su mirada va del 2010 en adelante, con un horizonte de mediano y largo plazo, y con el ánimo de dibujar un mapa de Chile futuro.

Para quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con Edgardo, más claramente de aprender de él, en mi caso desde comienzos de la década de los 80, en Santa Lucia del grupo de los 24, en Nueva de Lyon, del CED, en su casa de calle Las Malvas, en la DC, de Carmen 8, y más tarde Alameda 1460, no nos sorprende aquello de “dibujar un mapa”, otras veces era fijar la carta de navegación. Su profundo amor a Chile siempre estuvo vinculado a construir desde la coyuntura, a veces dura y triste, acciones de futuro, miradas de largo plazo. Pertenezco a una generación de políticos, tributarios de esa forma de ver Chile que Edgardo siempre se preocupo de transmitir a los más jóvenes. Nos recordaba con sus palabras y testimonios, que quien quiere ser reconocido como un líder, debe ser percibido como alguien con coraje, honestidad y capacidad de jugársela, aún en condiciones adversas, de enfrentarse con las encuestas, con las posiciones intransigentes de determinados actores y la amenaza de quienes le echan en cara alejarse de lo políticamente correcto o de la tradición histórica de su propio grupo de referencia.

Ese mismo llamado lo inserta hoy, en “Chile Rumbo al futuro”, al momento de reflexionar en torno a la sociedad, la política y la conducta de los actores, y lo hace sin tapujo, sin atajos lingüísticos, “los que debieran ser lideres en nuestra democracia se han ido convirtiendo en esclavos de las encuestas y suelen dejarse guiar por las exigencias de la propaganda más que por las opciones de fondo”, claro y al hueso, no es fácil no declararnos reos de esa aseveración. Luego agrega “la democracia chilena necesita exhibir nuevamente liderazgos auténticos que contribuyan a mantener el rumbo y a infundir adhesión y esperanza”. Hay allí un desafío concreto y profundo, asumible pero por cierto no exento de dificultades individuales y colectivas.

El mapa que dibuja Edgardo

Antes de intentar una breve y sintética reseña de la carta de navegación que nos entregó el autor, permítanme detenerme en un punto central de la obra, que los lectores del libro que hoy se presenta lo encontrarán en el apartado: “Disyuntivas y desafíos”

Su punto esencial es, la estrategia del desarrollo que se aplicará a partir del 2010. Se pregunta el autor ¿Seguiremos la ruta del crecimiento con equidad que se trazó en 1990, con una economía de mercado de corte liberal regulada (no neoliberalismo, mote con que la pretende descalificar sus detractores), con predominio privado en el crecimiento económico, fuerte presencia del Estado en el desarrollo social y la regulación pública necesaria para evitar riesgos sistémicos y proteger al consumidor o usuario?, yo agregaría al ciudadano ¿O estamos a las puertas de un cambio de rumbo más a la izquierda (o progresista como esta de moda decir) o más a la derecha en el persistente dilema Estado – mercado, con opiniones más radicales y presumiblemente más conflictivas que las observadas en estos últimos 19 años?. El autor como sugirió, muchas veces de los diversos capítulos del libro, se declara ferviente partidario de continuar por el camino trazado, pero administrando los cambios, énfasis distintos y nuevos temas propios de la época. No agrega mucho, pero permítanme aprovechar esta tribuna, para decir con convicción que comparto a cabalidad la opción de Edgardo.

Sobre este desafío no ve las cosas fáciles, se explaya sobre la gobernabilidad del país a partir del 2010, concluye con fundamento que esta no esta asegurada, requiere de búsqueda de acuerdos, de entender a Chile como una comunidad de personas que para construir un edificio sólido, requiere de consenso y acuerdos que pueden no importar los óptimos que cada grupo agregaría legítimamente.

Entrega ideas y claves para la mantención de la gobernabilidad, me detengo en una, por llegarme más de cerca, por tener que ver con una casa política de la que Edgardo recibió y entregó mucho, la Democracia Cristiana.

“La Concertación es una coalición de centro – izquierda. Sin embargo, por la insatisfacción de buena parte de la clase política con lo obrado en sus 18 años de gobierno, especialmente en la superación de las desigualdades, por el despertar nostálgico o ideológico de algunos sectores, por la propensión mediática de ciertos dirigentes y por otras razones, ha ido adquiriendo un perfil ubicado claramente más a la izquierda y, en consecuencia, más confrontacional que el del equilibrado conglomerado original. Si se añade el desequilibrio electoral entre la DC y el “polo progresista” se concluye que la Concertación está desestibada y que le cuesta alcanzar acuerdos tanto internos como transversales. La solución a este problema es conceptualmente simple, pero en la práctica resulta difícil. Bastaría con restablecer su carácter auténtico de coalición de centro – izquierda: que en ella la “C” tenga igual peso que la “I”. Hacerlo significaría restituir a la DC su carácter de partido de centro, favorable a los acuerdos, sostenedor del equilibrio interno en el apoyo al Presidente y bisagra con los sectores de oposición en la tarea indispensable y prioritaria de llegar a acuerdos transversales en materias de importancia vital. No está claro, sin embargo, que la DC actual quiera volver a desempeñar ese rol, pese a que el electorado no la considerará nunca un partido de izquierda y que grandes sectores de clase media se han ido convirtiendo en electores indecisos y disponibles”.

Los demócratas cristianos, -los que conducen hoy-, los que les corresponderá conducir mañana tienen un desafío que Boeninger delinea. La DC, en mi perspectiva, que me parece indudablemente era la de Edgardo Boeneniger, debe retomar el centro político de manera clara y sin complejos. Es en esa posición, donde hemos contribuido esencialmente en distintos momentos centrales de nuestra historia, dos ejemplos, desde allí fue el partido eje en la derrota de la dictadura de derecha-, desde allí contribuímos muy privilegiadamente a la más exitosa transición Latino Americana.

- Algunos puntos esenciales del mapa, de Chile rumbo al futuro.

Educación

Todos los chilenos deben recibir una buena educación y eso no esta pasando.
El autor se hace cargo de aquello y como ocurre en toda la geografía del libro no se limita a la descripción de la problemática, sino entrega ideas y propuestas.

Es sin duda el tema especifico que más tiempo le destina, en el capitulo de conclusiones finales pone a la educación como la primera prioridad nacional en los próximos años, para agregar que la puesta en práctica de la reforma educacional será una tarea de largo plazo, tomará un par de décadas de acción constante y perseverante.

Propone ideas sobre educación básica, secundaria, pública, educación terciaria, educación técnico profesional, planes de estudio, acceso estudiantil, equidad.

No sólo se la juega (los líderes se la juegan), señalando que es necesario abandonar dogmas rígidos y mundialmente superados por los hechos, como la oposición al lucro en la educación y el concepto de estado docente como única formula de solución para los problemas, sino también entrega cifras sobre los compromisos que se debieran asumir a la hora de multiplicar la subvención escolar.

Pero el autor como era su costumbre baja de lo general a lo particular y a la hora de hablar sobre educación pública propone 7 ideas para enriquecer el proyecto que crea las corporaciones locales de educación pública.

Este gran desafío, en el que se ha avanzado, pero cuyos pendientes son acuciantes, hace obligatorio, dice el autor, conciliar posiciones políticas entre la Concertación y la alianza y cada uno de sus respectivos partidos para construir en torno a la educación un gran acuerdo nacional de largo plazo que otorgue apoyo político suficiente a un plan maestro (necesariamente flexible en el tiempo) y aseguré su aplicación continua a través de sucesivos periodos presidenciales, con independencia de quienes detenten el poder.

- Las desigualdades y la sociedad de garantías.

Razón tiene el autor cuando sostiene que nadie seriamente puede discutir los espectaculares progresos que ha hecho Chile en la reducción de la indigencia y la pobreza, sin embargo aún no está superada la vulnerabilidad de sectores que dejaron de ser pobres pero que están en riesgo de volver a serlos, la única manera de impedir aquello es ante todo, mantener superada la crisis, una alta tasa de crecimiento.

No cree que la receta pase, dicho en términos gruesos, por más estado, menor mercado y menos sector privado.

“En Chile existe una economía de mercado regulada, que nada tiene de neoliberal y que es similar a las opciones que están surgiendo en el mundo desarrollado tras la crisis. Debemos asegurar la continuidad de nuestra actual política económica conservando el poder y estatus de los ministros de hacienda, sin perjuicio de que se efectúen los cambios que aconseje el contexto internacional.

Alcanzar las tasas de crecimiento más altas posibles en un imperativo del futuro que no debe relativizarse por supuestas contradicciones con la justicia social, porque es un requisito necesario para seguir elevando los niveles de protección social mediante el aumento del ingreso fiscal y la creación de más empleo. Solo el crecimiento nos ayudará a seguir construyendo, en la medida de nuestras fuerzas, un estado de bienestar similar al europeo.

- Relaciones laborales

El autor destina un capítulo, a este hito de la carta de navegación de Chile rumbo al futuro, tal preocupación no constituye sorpresa alguna, pues una parte no menor de los tiempos de Edgardo en su función ministerial, y más tarde senatorial estuvo marcada por ideas, propuestas en esta área del desarrollo político e institucional del país.

Permítanme extractar un párrafo inicial del capitulo en comentario, a mi juicio muy marcador de la tesis y propuestas que nos entrega.

“En los países donde las relaciones laborales son un juego de suma positiva beneficioso para ambas partes – los que así lo entienden, por lo que mantienen sus inevitables disputas en un marco de colaboración que no cuestiona las bases del sistema -, tales relaciones son buenas y contribuyen a un desarrollo más armónico del país. En cambio, si las relaciones laborales son percibidas como un juego se suma cero, con una ineludible confrontación de intereses, el clima laboral es malo y tiende a obstaculizar el desarrollo nacional.

En nuestro país las relaciones laborales a nivel de organizaciones de trabajadores y empresariales de cúpula son malas, y como sostiene el autor se requiere con urgencia un cambio en la forma en que se están dando.

Para lo anterior se hacen propuestas concretas, no se elude tema conflictivo alguno. Centra el debate en los aspectos esenciales, más allá de la discusión hoy ubicada en el momento político en que deben discutirse legislativamente estos asuntos pendientes.

Edgardo, como decíamos no elude los temas por mas espinudos que sean (los líderes no eluden los temas) definición de empresa, subcontratación, despido por necesidades de la empresa, reemplazo de trabajadores en huelga, titularidad exclusiva del sindicato, negociación colectiva, adaptabilidad y flexibilidad laboral, nuevos tipos de contrato de trabajo, dirección del trabajo, buenas practicas laborales, capacitación, AFP estatal, funcionarios públicos.

En todo ellos expone con claridad sus propuestas, y si este intérprete tuviera que elegir un capítulo del libro que traerá aparejados debate, criticas, será este. Pero el gran aporte, es que no elude, ni busca atajos, propone a sabiendas de los efectos. Estoy cierto que si Edgardo hubiera podido presenciar y participar en este debate lo haría con su impronta “proponer sin imponer, cuestionar sin condicionar”.

Más o menos lo mismo ocurrirá con el capítulo que sigue “Política tributaria”.

Al terminar esta sección de la obra, se pregunta ¿un nuevo contrato social?, su respuesta es afirmativa y sostiene:

“Los temas examinados en los capítulos anteriores solo podrán orientarse a soluciones concordadas con un apoyo de amplio espectro. Las negociaciones sobre relaciones laborales, política tributaria, modelo futuro de la educación y otras materias deberían integrarse para hacer posible una visión nacional que mejore la orientación futura del país. Señalé en capítulos anteriores que, en mi opinión, puede haber margen de maniobra respecto a la política tributaria y las relaciones laborales, por ejemplo.

Es preciso aprovechar esos pequeños espacios para generar un nuevo contrato social que sustituya los desgastados (o ya cumplidos) consensos de comienzos de decenio de 1990. Los actores deberán hacer sacrificios importantes, condicionando sus propios compromisos a otros de similar envergadura de los demás. Corresponderá al Estado esforzarse en los próximos años por lograr un acercamiento entre los actores sociales y políticos y plantear opciones de acuerdos como los que se proponen en este texto y otros”

Quizás, esta aquí el nudo esencial de estos grandes temas del Chile del Futuro, por eso me atrevo a sostener que tal vez la pregunta de un nuevo contrato social, pudo haber sido el inicio de este capítulo, pues de este imperativo ético surgen los necesarios cambios a las políticas públicas en materia laboral y tributaria.

- Reformas al Sistema Político

El autor destinó una parte importante de su obra para tratar con rigor analítico, una vez más con mucha honestidad, más allá de los efectos, un tema puesto en debate en el Chile de hoy.
Es natural que el mapa o la carta de navegación rumbo al futuro, debe tener claridades sobre esta materia.

Es cierto también que todos los candidatos y en especial el candidato que Edgardo apoyaba, se han pronunciado sobre el tema y en particular sobre la necesidad de una nueva carta fundamental para el bicentenario.

Eduardo Freí al hacer público su programa de gobierno en el acto del Castillo Hidalgo, se comprometió en los primeros días de su mandato a crear una comisión de alto nivel, que se aboque a estudiar este tema. Sin duda que “rumbo al futuro”, debiera constituir un insumo prioritario de ese grupo de trabajo.

Edgardo Boeninger de forma muy clara, fija su posición sobre esta discusión.

“En primer lugar, recordemos que el año 2005, se aprobaron casi por unanimidad las reformas constitucionales pendientes desde 1989 e impulsadas con ardor y perseverancia por la Concertación. Su promulgación fue el desenlace consensuado a favor de los planteamientos que la coalición gobernante había venido haciendo desde antes de asumir el poder en 1990. La Constitución es la ley fundamental, el marco en el cual funciona la institucionalidad del país. Su estabilidad consolida y a la vez refleja la estabilidad política que ha tenido el país desde el retorno a la democracia. Por eso, salvo en el caso de cambios específicos que no alteren su esencia para plantear reformas de mayor magnitud se requiere una percepción amplia de su necesidad y urgencia. De ahí que, a mi juicio, el peso de la prueba recae con rigurosidad en quienes plantean tales reformas.
Es contrario a sustituir la actual Constitución por una nueva que, según sus inspiradores, no sería “auténticamente democrática”, en referencia a la indudable ilegitimidad de origen de la de 1980. A mi entender, dice las reformas de 1989 y del 2005 borraron esa ilegitimidad de origen. La otra razón de fondo para abogar por el reemplazo indicado es el deseo de introducir normas que conduzcan al estado social de derecho. En esa materia, como sostenía antes, está de acuerdo con introducir disposiciones de un estatuto de garantías sociales que constituyan orientaciones programáticas.

Edgardo Boeninger, no cree que todo este perfecto, y no haya que emprender con urgencia reformas institucionales a nuestro ordenamiento constitucional.

Son múltiples, permítanme detenerme brevemente en algunas:

Edgardo Boeninger más allá de la tradición cultural presidencialista de nuestro país, se muestra partidario de abordar en momentos que singularizo como no muy lejanos, la adopción de un régimen político parlamentario, es un convencido de las ventajas del parlamentarismo, y se explaya sobre ellas. Comparto su análisis, de futuro mediato. Con Ignacio Walker hicimos un trabajo sobre este punto en el año 2002 “Hacia el Parlamentarismo”, para su redacción nuestras conversaciones con Edgardo fueron inspiradoras.

Se pronuncia sobre la extensión del período presidencial, la simultaneidad de las elecciones.

El capitulo “Sistema electoral" propone ideas concretas para salir del ya largo y tedioso empantanamiento en que nos encontramos, sin duda culpable en parte de la muy persistente y creciente falta de participación ciudadana en los procesos electorales.

Sería muy prudente que los actores políticos leyéramos con atención estas propuestas de salida, y así intentar construir acuerdos para eliminar las facetas más inconvenientes del binominal. Hace un llamado concreto, a todos, para salir de la escasa pro actividad, en la búsqueda de un cambio real dejando atrás posiciones de todo o nada.

Las propuestas de reformas no se agotan allí, las hay para avanzar en la necesidad que el dinero no prevalezca sobre la política, ideas sobre gasto y financiamiento electoral.

Aquí con respeto, permítanme señalar una disidencia con el Rector, él se inclina por mantener el derecho de las personas jurídicas a efectuar donaciones, como única forma de evitar platas negras “creo que justamente para que el dinero no prevalezca sobre la política, es mejor reestudiar esta materia. En principio parece mucho más lógico que sean las personas naturales las que manifiesten opción política a la hora de las donaciones. El riesgo razonable que Edgardo Boeninger detecta, se puede atenuar sobre la base de una fiscalización de envergadura, como lo que realiza el SII, en materia impositiva.

Sobre los Partidos Políticos destina un acabado análisis sobre su importancia, ayer, hoy y mañana, y con genuina preocupación ve su deterioro interno, su menor influencia en el quehacer político y la baja estima entre los ciudadanos.

Para intentar recomponer el estado del arte, hace concretas propuestas, que creo debieran ser oídos e implementados.

La calidad de la política, como no, es un punto de preocupación real, reconoce los avances pero mira con atención los pendientes y hace concretas propuestas; ley de Lobby, cambios al Consejo de Alta Dirección pública, Instituciones autónomas del estado, Servicio Civil, Reformas a la Justicia Civil y participación, dan cuenta de una serie de reformas que el autor las juzga como necesarias y con importantes grados de urgencia.

En consecuencia el no a la nueva carta constitucional, no puede confundirse con pasividad reformatoria, por el contrario el menú de propuestas es largo y por cierto justificado.

Para finalizar, simplemente contarles que la lectura concentrada del libro, permite concluir que Edgardo en su mensaje de futuro, no olvidó probablemente ninguno de los temas centrales, a la hora de analizar y proponer; a los recordados se puede agregar (modernización del Estado; transparencia y probidad área en que sus últimos años hizo notables aportes; Política exterior, donde en sus últimos años colaboró directamente con Alejandro Foxley, su amigo de toda la vida; tiene ideas concretas sobre el urgente tema de la integración del pueblo mapuche; sobre drogas y narcotráfico, particularmente a no negarse a discutir, aún con serias dudas, la legalización de las drogas blandas, a partir del reconocimiento que esta lucha el mundo la viene perdiendo y Chile no escapa aquello, particularmente desde la casi perfecta ecuación delito, drogas – delito.

Amigas y amigos, la lectura del libro de Edgardo entusiasma, hay una idea de país clara, que creo muchos compartiremos, otros discutirán pero no podrán dejar de reconocer que hay sustancia y propuestas.

En estos días que han pasado desde su muerte, muchos hemos recordado su vida y su obra, creo que también lo echaremos mucho de menos. Chile rumbo al futuro constituye un testimonio notable, que nos permitirá seguir en la maravillosa lucha cotidiana, por construir un mejor país, “Chile”, al que Edgardo Boeninger tanto contribuyó y a través de sus pensamientos, de su acción, de su testimonio.

Chile rumbo al futuro, es el generoso regalo que nos dejó.

Muchas gracias

Seminario Universidad Diego Portales

2009-08-26T11:11:00.001-04:00

Publico minuta de lo que sería mi intervención en el seminario de la U. Diego Portales, en el seminario sobre “viabilidad de una reforma política”. Seminario al que, por un error de mi absoluta responsabilidad, no asistí.

Ver Minuta

Seminario "Un Techo Para Chile"

2009-08-26T11:06:00.002-04:00

Publico minuta de mi intervención en el seminario organizado por “Un techo para Chile”, el pasado 25 de agosto.

Ver Intervención

Buena Noticia para los Ciclistas

2009-07-03T15:42:00.001-04:00

En el día de ayer la Presidenta de la República envió al parlamento un proyecto de ley que incentiva el uso, fomento e integración de la bicicleta.

Con esto recoge una iniciativa legislativa que hace casi un año Carolina Tohá y Jorge Burgos.

Buen día para quienes entendemos la bicicleta como una gran alternativa de transporte y vida sana.

Ver proyecto de ley

INDIGNACIÓN

2009-04-20T18:10:00.001-04:00

Philip Roth, no nos da mucho respiro entre libro y libro, en lo personal aquello me parece que es una buena cosa, porque mi modesta calificación, para sus obras, siempre se debate entre buenos o muy buenos.

Con ocasión de un reciente viaje a Madrid accedí a su entretenida, última novela “Indignación” (Mondadari). Si aún no ha llegado a Chile lo más probable es que ocurra en los próximos días, ojala que sea a un precio parecido al europeo ($13.600.-)

La verdad es que, “muy bueno” parece una egoísta calificación, es mucho más que eso.

Dice la editorial en la contratapa “Corre 1951, el segundo año de la guerra de Corea. Marcus Messner, de Newark, Nueva Jersey, comienza su segundo curso en la bucólica y conservadora Universidad de Winesburg, en Ohio. ¿Por qué está ahí?
Porque su padre, un esforzado carnicero de barrio, parece haber perdido el juicio, loco de temor y aprensión ante los peligros de la vida adulta, los peligros del mundo, los peligros que en cada esquina acechan a su amado hijo.
Indignación, relato de la formación de un joven en los tremendos riesgos y los extraños obstáculos de la vida, se suma a las agudas exploraciones de Roth sobre el impacto de la historia norteamericana en la vida del vulnerable individuo aislado.”

Ya llegarán las críticas de los expertos, pero déjeme decir, que se trata de una novela que refleja de manera notable el tantas veces mencionado “sueño americano” sus grandezas, sus pequeñeces. La legítima aspiración, la brutal intolerancia, la soledad entre miles que pasan por el lado, la rebeldía frente a un conservadurismo cincuentero, por cierto atosigante.

Roth descubre ese mundo, en los ojos de un joven, en los sueños de un joven, que en definitiva no puede ser joven.
Gran libro, para siempre.

Comentario frente a la posibilidad que don José Yuraszeck asuma la Presidencia de Azul Azul

2009-03-27T13:41:00.000-04:00

Me encuentro entre los miles de hinchas de la U, y entre los muchos pequeños accionistas de Azul – Azul.

Somos también muchos los que miramos con entusiasmo la conducción que esta efectuando Azul – Azul, que permiten visualizar logros institucionales y deportivas.

Sin embargo, frente a la pronta renovación del directorio de la sociedad administradora del Club, parece indispensable solicitar a los principales accionistas tengan especial tino y prudencia a la hora de elegir al presidente del directorio, quien más allá de sus meritos personales y del número de acciones que posea, no debiera ser una persona con indesmentible participación e identificación política.

La U, es una institución grande y transversal, dar señales contrarias a esa transversalidad constituiría un error de graves consecuencias.

Quienes contribuimos, en su momento, a que la U pudiera ser una S.A., conforme a la ley vigente, siempre tuvimos presente evitar cualquier signo de confusión política, así se explica la presencia en el directorio de dos representantes de la universidad. A esos directores les cabe la obligación de resguardar el genuino espíritu de nuestro Club.

UN PRESIDENTE A TIEMPO PARCIAL

2009-02-04T11:49:00.002-03:00

La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que una serie de autoridades deben hacer cada cuatro años una declaración de intereses y de patrimonio. Entre estas autoridades, está el Presidente de la República.

La declaración de intereses debe contener “la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario”.

La misma ley establece que contraviene el principio de probidad, intervenir en razón de sus funciones, en asuntos en que se tenga interés personal y participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. De acuerdo a la Constitución, al Presidente de la República le corresponde “gobernar y administrar” (artículo 24). Con él se relacionan o dependen todos los órganos de la administración del Estado, entre los cuales se encuentran los Ministerios, los servicios públicos, las empresas públicas creadas por ley.

El Presidente debe proponer a los once miembros del Consejo Nacional de Televisión. Uno lo designa libremente y los otros diez, con acuerdo del Senado. También propone a los miembros del Directorio de Televisión Nacional de Chile al Senado.

Todo el transporte aéreo en el país está bajo la tutela del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La pregunta es cómo se puede ser Presidente de un país y tomar decisiones si hay intereses en todas las áreas en que tiene que intervenir. A menos que se esté pensando en un Presidente de tiempo parcial. Es decir, con posibilidad de involucrarse en unas decisiones e inhabilitarse en otras. ¿Es eso posible? Cuando un Presidente con intereses económicos en el sector del transporte aéreo, designe al Ministro de Transportes, en qué estará pensando. O cuándo proponga a los miembros del Consejo Nacional de Televisión o de Televisión Nacional. O cuando designe al Superintendente de Valores, encargado de fiscalizar a todas las empresas en que tiene intereses económicos.

Los Presidentes de Chile no han sido nunca Presidentes a tiempo parcial. Hasta el propio Pinochet creó el cargo de Vicecomandante en Jefe para sustraerse de la tarea ordinaria del Ejército, cuando él era el Comandante en Jefe. Los otros presidentes no han tenido esos conflictos económicos. Jorge Alessandri fue antes de ocupar el cargo de Presidente de la República y después que lo dejó, Presidente de la Papelera. Pero era una sola área de conflicto. Por lo demás jamás tuvo antecedentes de conflictos de intereses.

Es la dificultad de elegir a un Presidente con demasiados intereses económicos. La prensa nos informa que Sebastián Piñera no se estaba deshaciendo de la propiedad de Lan con la venta de acciones de la Axxion, si no aumentar la base de accionistas para dar mayor liquidez a la acción. Así las cosas, cada minuto que pase sin solucionarse de manera pública y transparente esta situación de conflicto, se nos pone a los chilenos en una disyuntiva muy compleja.

Que una persona en base a su empeño, inteligencia, haya construido un importante patrimonio, causa respeto, pero si esa misma persona aspira y legítimamente a la Presidencia de la República, debe resolver toda área de eventual conflicto. Aquello esta pendiente y es urgente resolverlo ahora ya. No es una cuestión que pueda postergarse a una futura ley, cuyo trámite ha resultado farragoso y para nada consensual.

Artículo

2009-01-12T16:12:00.000-03:00

Pongo a su disposición interesante artículo publicado en el Clarín.com

http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2009/01/10/_-01836591.htm

After Dark de Haruki Murakami

2009-01-12T15:35:00.002-03:00

Murakami, o más bien sus editores para esta parte del mundo, nos entregan, no digo nos regalan porque el libro no es para nada barato, al iniciarse el verano donde se presume aumenta el muy decaído hábito de leer, una nueva novela.

After Dark, no abandona la temática preferida del autor, lo urbano, la música y particularmente la profunda soledad de sus personajes, no resulta difícil encontrar algún retrato miserias, encuentros, relatados de manera preocupantemente creíbles.

Entre el abandono dramático de una joven prostituta china, entre la soledad, aparentemente voluntaria de instruidos jóvenes japoneses, es posible encontrar elementos comunes que hacen especialmente honesto el relato.

Si es cierto aquello que el verano permite leer, After Dark agrega un plus, leer una buena novela.

Declaración de Patrimonio

2008-12-26T12:47:00.002-03:00

Como era previsible resurge el tema de la transparencia en la agenda pública.

En esta ocasión el detonante es una declaración de un allegado principal del candidato de la alianza, quien pretende señalar que los pendientes en esta materia están en la otra vereda y su candidato nada tiene que aclarar en materia de transparencia.

Centra su declaración en el hecho de encontrar insuficiente la declaración de patrimonio que el Senador Frei realiza conforme a la ley.

Un poco de historia al respecto no hace nada de mal, si es que de una vez y por todas queremos discutir el tema en serio, y no como una cuestión que surge y desaparece. Fue durante el gobierno del Presidente E. Freí R. T, cuando se tramita y dicta la ley 19.653, sobre probidad, que incorporó como norma obligatoria la declaración de intereses. El proyecto original contemplaba también una declaración de patrimonio, respecto de ella no hubo acuerdo, y la ley en definitiva no la creó. Solo mediante la ley 20.088 dictada recién el 2006, se convirtió en obligatoria la declaración de patrimonio. Me correspondió participar en la discusión de esta última norma y soy testigo directo de su largo y farragoso trámite (la envió el Presidente Lagos en el 2004). Los parlamentarios de la alianza en general se oponían a este tipo de declaración. Aún recuerdo que uno en particular llegó a sostener que esta declaración ayudaría a instalar en Chile la industria del secuestro. Luego de muchas concesiones y negociaciones la declaración de patrimonio se incorporó de manera deslavada y pobre. A no dudarlo es indispensable mejorar el tipo de declaración de patrimonio que hacen las autoridades públicas, mi experiencia personal me permite señalar que es perfectamente posible hacerla mucha más completa y rigurosa.

Pero las cosas en su lugar, son los parlamentarios de derecha los que deben estar dispuestos a mejorar una norma, que históricamente no les ha gustado. Fue el Senador Freí, quien tuvo el mérito de poner en debate este tema, en 1999.

Particularmente hoy, si la pretensión de los allegados a Piñera, es que el mejor antídoto para las incompatibilidades es una muy buena declaración pública de patrimonio – lo que por cierto no es suficiente -, es el momento de pasar de la retórica a la acción. Así por ejemplo despachen de una vez y por todo del Senado la reforma constitucional que hace definitivamente pública la declaración de patrimonio, la reforma duerme hace más de 6 meses en el Senado.

Aprovechemos la tramitación de la ley de mandato especial (conocido como fideicomiso ciego) para mejorar las normas sobre patrimonio, y pongámonos de acuerdo allí sobre la obligación de mandato de administración, desde luego bajando el excesivo monto patrimonial que la hace obligatoria (20 millones de dólares) busquemos fórmulas para solucionar situaciones en que ni la declaración, ni el mandato, son suficientes para evitar el conflicto de interés. Que con esta esencial materia para hacer menos opaca la relación política y dinero, no pase lo que ha ocurrido con el lobby, hace casi 8 años con la Diputada Tohá presentamos una moción, por angas o por mangas, aún no hay ley, y los lobbistas siguen haciendo lo que se les da la gana.

Discurso ENADE 2008

2008-11-28T15:05:00.000-03:00

· Mi nombre es Jorge Burgos.
· Soy abogado y Diputado de la República.
· Tengo el honor de haber sido uno de los cuatro parlamentarios que votó a favor el proyecto de reajuste del gobierno.
· Los saldos de mi cuenta corriente, además de otra información importante de mi quehacer como legislador, son públicos y figuran en Internet.
· A diferencia de otros que presentan recursos judiciales para impedir que se conozcan sus movimientos y saldos bancarios, yo he preferido conveniente que la ciudadanía conozca esa información.

LA POLÍTICA

¿Por qué empezar así?
· Porque estoy preocupado por la actividad política.
· Durante toda nuestra historia como humanidad, no hemos encontrado otra forma de organizarnos y administrar nuestras diferencias, que no sea a través de la política.
· Cuando la política comienza a avergonzarnos, nuestra primera reacción es que tendemos a negarla, esconderla bajo la alfombra o a llamarla de otras maneras.
· Pero si la política nos acompañará por siempre, es imperativo relevar su importancia, por la vía de contribuir a su nobleza y a su prestigio.
· ¿Acaso algunos atisbos de mayor violencia que percibimos en nuestra sociedad –en el movimiento estudiantil, en el tema mapuche o en la manera que se verifican los conflictos laborales- no son acaso una muestra del déficit de nuestra política?.

La política como contexto ineludible
· La forma de nuestra política raya la cancha y establece las reglas del partido que queremos y podremos jugar.
· Cuando la política anda mal, todo anda mal. Buena parte de las tragedias que han sufridos varios países de la región tienen el origen común en una política deficitaria.
· Las más cruentas dictaduras, las más dolorosas tragedias sociales, los peores experimentos en Latinoamérica fueron siempre precedidos de una profunda crisis de la política.
· Quizás este sea un buen espacio para recordarlo también: si la política termina por sucumbir, también lo hará la economía y la confianza social de las personas en sus instituciones.
· No quiero parecer catastrofista. De hecho no soy muy amigo de los números, pero en Chile los quiebres institucionales han tenidos una periodicidad matemática, con intervalos de 40 años: 1811, 1851, 1891, 1931, 1973 (erró por dos años). De seguir esta secuencia, el próximo correspondería el 2011 (o 2013, según la última corrección). Más allá de las coincidencias, lo que muestra esta secuencia es que Chile no posee memoria histórica y cada nueva generación afronta esta disyuntiva como si fuera la primera vez.

¿Por qué la política está tan mal?
· De cara a interrogarse por lo complejo del momento que estamos viviendo, uno podría traer a colación varias explicaciones.
· Primero, echarle la culpa a la oposición y enumerar las innumerables ocasiones en que –embriagados por el vértigo del desalojo- han implementado una estrategia no vista en nuestra democracia post 1990, que ha hecho gala de la obstrucción y la intransigencia.
· Segundo, uno podría también responsabilizar al gobierno, haciendo notar como una gestión política amateur, contradictoria y a ratos incomprensibles, ha sido incapaz de tender sólidos puentes entre la administración central, el parlamento, los empresarios, los trabajadores o la sociedad civil.
· Tercero, uno podría simplemente constatar el deterioro de la coalición gobernante –me refiero a la Concertación- y como después de casi dos décadas en el poder, a ratos parece cansada, agotada, dividida y sin ideas.
· Pero ninguna de esas respuestas, me parece a mí, acierta completamente en el diagnóstico. Lo nuestro es más profundo y de largo aliento, y tiene que ver con la forma de nuestra arquitectura institucional.

Llora a gritos más competencia en la política
· Aunque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, estoy convencido de que la única forma de contribuir a mejorar la calidad de la actividad política es promoviendo al máximo la competencia.
· De esta forma, más competencia es… ampliar todo lo que se pueda el universo electoral, promoviendo la inscripción automática y el derecho a sufragio de nuestros compatriotas en el exterior.
· Máxima competencia es… terminar con la exclusión de importantes sectores que no están representados en el parlamento reformando el sistema binominal. Incluso, si me permiten, facilitando se puedan presentar más candidatos que los cupos que efectivamente se promueven.
· Más competencia es… transferir a los ciudadanos parte de la decisión de entre cuales candidatos quieren elegir, promoviendo las elecciones primarias vinculantes para los partidos y las coaliciones.
· Más competencia es… terminar con la incidencia del dinero en la política, promoviendo una real igualdad de oportunidades a través del financiamiento de las elecciones y los partidos.

El poder del dinero, los conflictos de intereses y la mayor transparencia
· El igualitario acceso a los cargos públicos también debe considerar la mayor de las limitaciones o barreras de entrada: la desigualdad económica.
· En ese entendido, debe perfeccionarse la actual ley de gasto electoral, permitiendo una real identificación del origen y destino de los recursos, haciendo más severas las sanciones por su incumplimiento.
· Pero tratándose de un ámbito eminentemente público, el financiamiento debe alcanzar a la actividad política en su conjunto. Al igual como sucede en la mayoría de las democracias de los países desarrollados, el profesionalismo de esta actividad está íntimamente ligado a la posibilidad de desarrollarla en forma exclusiva, excluyente y transparente.
· De paso, y sin que esto constituya una justificación o disculpa, disminuiría la tentación de echar mano a recursos públicos destinados a otros propósitos y podría limitarse de mejor forma la intervención electoral.
· Todo lo cual, no puede sino ser acompañado de una regulación clara, y sin eufemismos, el lobby, el tráfico de influencias y el conflicto de interés (ejemplo: el ejercicio de la abogacía como parlamentario).

EL ESTADO Y EL MERCADO

La importancia de distinguir entre medios y fines.
· Durante muchos años hemos sido presa de una vieja confusión. El debate político y valórico debiera concentrarse en los fines de las políticas públicas. En ello, incluso es más fácil llegar a acuerdos transversales: equidad, igualdad de oportunidades, garantías mínimas, niveles de competitividad deseados, políticas de innovación, protección de los derechos laborales.
· El debate acerca de los medios ha sido demasiado esencial e ideológico, durante mucho tiempo y de modo equivocado. En rigor, debiera ser más instrumental y sometido a un juicio más bien técnico de eficacia y eficiencia (costo-efectividad). Lo que debiera importar, más bien, es de qué manera cumplo de mejor forma el objetivo.
· Uno de los problemas del debate Estado Mercado es la exagerada primacía del debate sobre los medios y un cierto olvido acerca de los fines. Estado y Mercado son, finalmente “medios”, como también son “medios”, las diversas interacciones y relaciones entre ellos.
· La correcta distinción entre medios y fines ayuda, también a una mejor distribución y complementariedad de funciones entre políticos y tecnócratas. Los políticos deben conducir el debate público hacia la definición de los fines y prioridades. Tienen la legitimidad y responsabilidad democrática para cumplir esa tarea fundamental. A los técnicos les corresponde ayudar a concretar esos fines de la mejor manera posible.
· La ejecución adecuada de las políticas es una forma especialmente elevada y exigente de ética pública: la eficiencia es un imperativo ético de la política. Cuando se administran recursos escasos, la mediocridad en la gestión atenta contra el bienestar de los pobres.

La urgente necesidad de modernizar el Estado
· Chile tiene un buen Estado, para los estándares regionales. Incluso en indicadores de competitividad internacional, el sector público le sube la nota a Chile. Pero ese Estado, razonable para el Siglo XX, no da cuenta de los desafíos del Siglo XXI.
· Uno de los temas más urgentes, a mi modo de ver, es la relación entre el centro y regiones. No se puede seguir postergando la verdadera descentralización bajo el argumento de la falta de capacidades o destrezas. Más parece la excusa para mantener un centralismo que aplasta la creatividad regional e impide hacer responsables a las autoridades regionales frente a la gente de la región.
· Tenemos, además, fuertes debilidades para abordar materias intersectoriales: innovación, seguridad ciudadana. El organigrama del aparato público, propio del siglo pasado, no corresponde necesariamente a las prioridades y complejidades intersectoriales de las políticas.
· Muchos de nuestros instrumentos están obsoletos. Por ejemplo, no tenemos mecanismos transparentes y efectivos para sostener alianzas público-privadas y fomentar el rol articular del Estado. De igual forma que carecemos de medios para efectivamente evaluar ex post del impacto de las políticas públicas.
· Con todo, nuestra primera prioridad sigue siendo mejorar la calidad del recurso humano. Así como necesitamos mejores condiciones para nuestros funcionarios públicos, también requerimos de mayores rendimientos.

Levantar la mirada
· Una de las cuestiones que más me preocupa, de cara a la función y objetivos de la política, es la necesidad de tener una mirada prospectiva y una visión de futuro.
· No es posible que sigamos confundiendo entre el rol del Estado y el del gobierno. El primero no sólo debe velar por el respeto a la institucionalidad y la correcta aplicación de las leyes, sino –más importante todavía- debe ser el espacio de las políticas públicas transversales, que incorporen el mayor acuerdo de la clase política. La función del gobierno, quizás de menor extensión aunque no menor importancia, debe consistir a dar respuestas a esos continuos cambios de orientación y prioridades políticas.
· Uno de los desafíos principales impuestos por el período de 4 años sin reelección radica en vencer la miopía estructural de políticas y programas a que pueda conducirnos un excesivo cortoplacismo presidencial.
· Mientras no modifiquemos el período presidencial, la clase política debe darse cuenta del tremendo riesgo de estancamiento a que nos puede conducir la combinación entre la beligerancia y falta de cooperación, por un lado, y la miopía estructural de períodos cortos.
· Por tanto, el desafío es sostener en el tiempo políticas que se hagan cargo de los desafíos fundamentales el país y compartidos en términos esenciales de diagnóstico y política pública aplicable por los sectores políticos relevantes (ejemplos, educación, innovación, seguridad ciudadana, reforma del Estado).

El Estado: regulación y tamaño
· Chile mantiene una deuda con la profesionalización de sus principales gerentes públicos. Actualmente no cumplimos los estándares internacionales en relación al modo de designar las autoridades regulatorias. Hay todavía, demasiada dependencia política de quienes regulan nuestra actividad económica y financiera.
· En lo estructural, es todavía prematuro anticipar cómo decantará el debate internacional respecto de la nueva arquitectura de regulación financiera. Con todo, es relativamente predecible que aflorará una mayor tendencia a una regulación global. Me refiero a la posibilidad de entidades supranacionales con capacidad de “ordenar” y “coordinar” a las entidades nacionales. Mayor integración de competencias reguladoras para evitar fragmentaciones, asimetrías y costos de coordinación.
· En ese escenario, es también probable que vuelva a instalarse la discusión en torno al tamaño del Estado. En esta materia, la tendencia internacional es que el tamaño del Estado crece conforme aumenta el desarrollo (PIB), ubicándose Chile en una posición equilibrada de gasto público, si es que se considera como gasto las cotizaciones previsionales.
· El gasto chileno incluso puede estar marginalmente por sobre lo que corresponde a su nivel de desarrollo, si se agregan otros pagos de uso de servicios que en otros países se financian con impuestos (concesiones de obra pública). En suma, el tamaño del Estado, debidamente calculado parece adecuado al nivel de desarrollo.
· Esta es una métrica estadística y no valórica, ni tampoco compara gasto con resultados (impacto o eficiencia). Para mejorar la evaluación de la necesidad y pertinencia del gasto –para pasar del debate acerca del tamaño, y entrar al debate de la calidad o del “mejor Estado”- es esencial contar con mecanismos adecuados de medición de la calidad de las políticas públicas.

El Mercado: Chile ya eligió
· Como país nosotros tomamos una decisión y debemos reafirmarlo sin ningún complejo. Mercados abiertos para vender y comprar al mundo.
· La opción por suscribir tratados es una apuesta por la competitividad de nuestros mercados y también un compromiso más o menos explícito de políticas económicas asociadas a la apertura: libre comercio, inversión extranjera, propiedad intelectual, estándares regulatorios globales y otros.
· Ingresar a la OECD es un reforzamiento del compromiso en torno a políticas de mercados libres, adecuadamente regulados y abiertos.
· Nuestros desafíos de la competitividad son múltiples. Y algunos inciden en la institucionalidad pública: innovación, educación, seguridad ciudadana, sistema judicial, estabilidad política, políticas laborales, infraestructura, políticas macro y otros.
· En definitiva, en materia de regulación económica se requiere una mirada equilibrada y desideologizada entre las fallas del mercado y las fallas del Estado. La buena regulación también tiene métrica: pertinencia, costo efectividad, equilibrio entre desarrollo del sector económico y satisfacción de los consumidores, etc.

EL CHILE MÁS ALLÁ DEL 2010

La urgencia de la crisis: proteger el empleo
· Uno de los desafíos mayores es, sin duda, proteger el empleo y minimizar el riesgo de que muchos de nuestros compatriotas, y en particular los más pobres y los que han tenido menos oportunidades en la vida, pierdan su trabajo o no puedan encontrar uno.
· Ese es el norte y no debemos perderlo de vista en estas circunstancias, porque el gran riesgo es que terminemos protegiendo a algunos empleadores específicos o a sectores económicos particulares, que aprovechan estos tiempos de crisis para pedir privilegios y beneficios especiales que no tienen ninguna lógica económica y que terminan simplemente beneficiando a unos pocos a costa de todo el resto.
· En el plano macroeconómico, sin duda que hemos avanzado mucho, y la regla fiscal nos ha permitido hoy estar mucho mejor preparados que en toda nuestra historia pasada para enfrentar una crisis económica.
· Dado que uno de los desafíos mayores en una crisis que afecta la economía real es el empleo, esta es una oportunidad para diseñar seriamente un conjunto de políticas laborales que permitan una mayor protección de los trabajadores cuando efectivamente se encuentran sin trabajo, con mecanismos de flexibilidad que permitan ajustarse a una crisis de una forma que no implique como primera respuesta el despido de trabajadores.
· Probablemente el camino a seguir sea implementar esquemas de flexibilidad mayor en salarios y horarios junto a un subsidio de desempleo mucho más fuerte que el que tenemos hoy.

Nuestra prioridad fundamental: una sociedad más inclusiva y menos desigual
· Cuando le preguntamos a una persona por dónde vive en la ciudad de Santiago, éste, al responder, probablemente nos esté contestando 5 o 6 preguntas a la vez. Todavía hoy es posible, a partir de la información de dónde vive una persona en Santiago, hacer un cálculo aproximado del rango de su ingreso promedio; lo que a su turno se relaciona directamente con la posibilidad que tuvo, o no, de estudiar una carrera profesional o técnica; lo que se vincula a si estudio en un colegio particular, o uno público o subvencionado; lo que a todas luces, además, estuvo determinado por las posibilidades económicas de sus padres. Muchas veces, el lugar donde uno vive en Santiago, determina si se posee cuenta corriente e incluso en que banco.
· El desafío entonces, es cómo romper este círculo perverso; como no transformar en una irremediable tragedia familiar el que un jefe o jefa de hogar de hogar pierda temporalmente su trabajo; cómo hacer carne, y de verdad, la promesa de que el mérito y el esfuerzo les permitirá surgir más allá del infortunio de la lotería de la vida.
· La noción de igualdad excede con mucho a la clásica y formal noción jurídica. No se trata a las personas de forma igual, cuando se les pone a todos en el mismo lugar al inicio de una carrera, en condiciones de que algunos deben correr vendados, otros amarrados y muchos más observan con desazón como su pista está plagada de obstáculos.
· Cómo hacer, insisto, para soltar las vendas, las amarras y liberar el camino de tanta valla que a ratos reduce la igualitaria competencia sólo a una quimera. En definitiva, cómo hacer para transformar a los ciudadanos en dueños de su propio destino.
· Sueño con una sociedad que sea capaz de asegurar que todas las personas tengan acceso equitativo a las oportunidades del progreso y de la protección social. El desafío es cómo pensar con un mayor rigor político y técnico, una sociedad que establezca un límite de calidad de vida bajo el cual ninguna persona debería vivir.

El Chile del 2010 requiere de un nuevo trato entre nosotros
· Debemos ponernos de acuerdo en la definición política más sustantiva que un país puede hacerse colectivamente: ¿qué bienes, en que calidad y cantidad, estamos dispuestos a asegurarles a todos y cada uno de nuestros compatriotas?
· Esa respuesta, ese nuevo consenso social, es el que ordena y dibuja una nueva ecuación entre Estado, mercado y persona. Sólo la claridad en esa respuesta es lo que permite conjugar el necesario e indispensable crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de las libertades.
· Pero en ese esfuerzo no podemos permanecer como espectadores sino como protagonistas. Somos parte de una sociedad y, por lo mismo, así como ejercemos y exigimos derechos, también tenemos deberes y debemos cumplir obligaciones; muy especialmente de cara a evitar, o al menos atenuar, la desgracia de quienes han sido presa del infortunio.
· Pienso, por ejemplo, en lo que hizo Australia o Holanda, donde el consenso político fue precedido de una inédita alianza público privada, la que en un espacio de respeto y diferenciación por los roles y tareas propias, hizo posible fijar un rumbo común.
· Sólo de esta forma, me parece a mi, podremos contribuir a una mejor organización económica y productiva; elevar drásticamente la inversión estatal y privada en innovación; multiplicar la investigación para el desarrollo; que en educación se pudiera transitar desde la cobertura a la calidad; de la necesidad de una mayor inclusión social y de otros tantos temas que con urgencia debemos abordar.

Al terminar: una palabra respecto de seguridad ciudadana
· Esta es una de las tantas materias donde requerimos de un acuerdo transversal. Si alguien cree que sólo desde el gobierno, desde un municipio o una oficina parlamentaria, podrá contribuir a este problema, es que no ha entendido nada respecto de la urgencia y complejidad del tema.
· Requerimos de una mirada equilibrada entre la prevención que pueden otorgar las políticas sociales y acción punitiva que emana de la labor policial y los jueces. La enorme cantidad de niños que participan en hechos delictivos es un llamado a la conciencia de la sociedad en general.
· Mientras no resolvamos los orígenes de la delincuencia, podremos seguir gastando miles de millones de dólares sin ningún resultado relevante. Seguir aumentando el gasto para ampliar y profundizar la acción punitiva del Estado no es un indicador de que mejoramos sino todo lo contrario.
· Mientras todos lo años sigan egresando de las cárceles más de 20 mil personas, muchas de ellas sin oportunidades para rehabilitarse, estigmatizadas socialmente y excluidas de las oportunidades laborales, no hacemos sino volver a encaminarlos en la senda de delito.
· En este tema ha existido demasiada demagogia. Mientras queramos seguir rentando políticamente con el dolor de unos y la falta de oportunidades de otros, seguiremos acrecentando nuestro miedo, rabia y frustración; con el sólo beneficio para los sheriff de turno.

El 2014: un nuevo futuro y una nueva generación
· Nadie con un mínimo de honestidad política e intelectual, podría desconocer que estas últimas dos décadas han sido el mejor periodo en la historia de Chile. Cualquiera de los índices por los cuales se mide el progreso de una nación: crecimiento económico, el desarrollo de las libertades, la solidez de sus instituciones o el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de aquellos más pobres. En eso somos responsables todos: el gobierno, la oposición, los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos. Como decía el Cardenal Silva, nuestro país tiene una vocación de entendimiento.
· Tampoco deberían de extrañarnos los profundos cambios que ha experimentado nuestra sociedad en igual período. Somos testigos de una ciudadanía más diferenciada y autónoma, fragmentada en sus anhelos e intereses, más informada y conciente de sus derechos, que por lo mismo reclama de sus autoridades de soluciones precisas y eficientes, las que no siempre el Estado y su elite gobernante han podido satisfacer. En algún sentido, déjenme resumirlo de esta forma: somos víctimas de nuestro propio éxito, ya que no siempre hemos podido comprender la complejidad de una sociedad que nosotros mismos contribuimos a transformar.
· El futuro reclama de nuevas ideas, pero también de nuevos líderes. Quienes hemos sido protagonistas durante estos años, en la política, en la empresa o la sociedad civil, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho como país. Ustedes mismo, al salir de Chile, han varias veces confesado, con algo de pudor, como nos admiran en el mundo.
· Sobre esa base, con ese patrimonio, es que también creo requerimos de una nueva generación de dirigentes que se hagan cargo del país de los próximos veinte años. Los que estamos aquí, confesémoslo, ya no somos ninguna jóvenes promesas. Fui funcionario de gobierno y diputado; Sebastián fue Senador y candidato de la Presidencia, muchos de ustedes ya han perdido la cuenta de cuantas veces han participado en este encuentro.
· Llegó la hora de jugar y apostar con las fichas del futuro. Con el aporte de todos, de ustedes y del nuestro, aconsejando y acompañando, creo llegó la hora de dar el paso para que sean los más jóvenes quienes asuman el protagonismo del Chile de la próxima década.

Renuncia a candidatura de presidencia DC

2008-11-25T13:15:00.002-03:00

Estimados amigos y amigas:

Por medio del presente, antes que se enteren por la prensa, quiero contarles que he tomado la decisión de no persistir en mi intención de encabezar nuestro Partido, después de la Junta Nacional del próximo 13 de diciembre.

Debo confesar que en algún momento, de buena fé, pensé que mi nombre podía producir grados importantes de consenso y efectos concretos de unidad, para enfrentar los difíciles desafíos que esperan a nuestro Partido.

Los hechos, varias declaraciones de camaradas, algunas comedidas y fraternas, y otras, no pocas, descomedidas cuando no brutales, me hacen llegar a la conclusión que mi pretensión original, no solo no se da, sino más bien produce el efecto contrario.

Quien conduzca, ojala fruto del acuerdo, con dosis importantes de renovación, no debe despertar los grados de encono que mi nombre ha producido. La verdad es que no me lo esperaba, pero las cosas son como son, no como uno las sueña.

Desde luego si logramos un acuerdo real, me sumo con mi modesto apoyo.

Agradezco muy sinceramente la disposición por ustedes tantas veces demostrada, en gestos y palabras.

Quiera Dios, iluminarnos para la Junta Nacional del 13 de diciembre y salir fortalecidos para seguir trabajando por nuestra Patria.

Fraternalmente,

Jorge Burgos V.

Si deseas dejar tu comentario: contacto@jorgeburgos.cl